Los abogados espiados con Pegasus acusan de malversación al Gobierno

Los abogados Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, afectados por el espionaje con Pegasus y que también defienden a dirigentes independentistas espiados, y Benet Salellas han apuntado que el 'Catalangate' solo puede haber sido posible por una malversación de recursos públicos por parte del Gobierno. Así lo han asegurado en su comparecencia ante la comisión de investigación en el Parlament, que este viernes ha aprobado solicitar que el presidente Pedro Sánchez y cuatro ministros, así como el expresidente Mariano Rajoy y los responsables del CNI, sean citados para poder ser interrogados.

"No ha podido haber espionaje sin malversación y sin malgastar dinero público", ha asegurado Boye, abogado de Carles Puigdemont, una acusación suscrita por los otros letrados. Los tres han lamentado que se les haya espiado, a su juicio, por el simple hecho de defender a dirigentes independentistas y, por lo tanto, como una manera de perseguir la disidencia política. Han apuntado directamente al CNI como presunto responsable moviéndose en el terreno "pseudolegal" o, directamente, fuera de la legalidad, así como a estructuras estatales y "paraestatales".

Especialmente contundente ha sido Boye, que ha sentenciado que España "ha espiado por encima de sus posibilidades si quiere seguir siendo considerado un estado democrático de derecho". Van den Eynde, por su parte, que defiende a dirigentes como Oriol Junqueras, ha cargado contra el hecho que se espíe utilizando el argumento de la "seguridad nacional" y ha recordado que ninguna ley ampara que se espíe a abogados. "Pueden hacer cualquier cosa con nuestros móviles como si fuéramos nosotros mismos", ha apuntado.

Además, ha acusado a la fiscalía de "obstaculizar" la investigación por no dar el apoyo suficiente en los tribunales y "desproteger" a las víctima, así como de ofrecerse a investigar los teléfonos cuando Pegasus no deja rastro en el móvil. Salellas, que defiende a Jordi Cuixart y a otros dirigentes de la CUP, ha subrayado la vulneración de derechos fundamentales que se ha producido en este caso que afecta a unas 60 personas entre dirigentes, abogados y activistas vinculados al independentismo. Una herramienta tan "invasiva" como Pegasus, ha apuntado, solo podría tener una justificación en caso de ataque terrorista con carácter "inminente", una circunstancia que no encaja con la realidad en la que se produjo el espionaje. Salellas ha cargado también contra la Fiscalía por cuestionar la competencia de los tribunales españoles para investigar el caso. "Cuando aparezca el primer juez espiado, entonces habrá avances", ha ironizado Boye.

La comisión ha arrancado con polémica porque, más allá de la votación de más de 80 comparecientes, entre ellos Sánchez y miembros y exmiembros del actual Gobierno, los socialistas han anunciado que no pensaban quedarse a la comparecencia de Boye, Van den Eynde y Salellas. El diputado Jordi Terrades ha argumentado que es un "procedimiento inaudito" y "precipitado" arrancar las comparecencias justo el mismo día en que se aprueba el calendario de la comisión y sin haber recibido la documentación solicitada y ha dejado caer, a modo de crítica, que seguro que las conclusiones están "dictadas desde el primer momento".

ERC, Junts y la CUP, que han actuado coordinadamente para diseñar el plan de trabajo y acordar los nombres citados, han respondido que en muchas otras comisiones se han substanciado comparecencias el mismo día que se votaban y han afeado al PSC que tenga voluntad "obstruccionista". De hecho han recordado que en el Parlament se está haciendo esta investigación mientras que el Congreso no ha sido posible por el rechazo del PSOE. PP, Ciutadans y Vox no han participado en la comisión.

El caso que congeló el diálogo

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Precisamente el 'Catalangate' no solo supuso uno de los principales episodios de distanciamiento entre el Gobierno y el independentismo -se congeló el diálogo durante tres meses con la Generalitat- sino que ha sido uno de los casos que más reprimendas desde el exterior le ha supuesto a la Moncloa en los últimos meses. El pasado 3 de enero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó de las vulneraciones de derechos humanos que supuso un caso que afectó a alrededor de 60 personas vinculadas al independentismo -entre ellas, políticos como Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras, abogados y activistas- e instó al Gobierno a "investigar, procesar e imponer sanciones".

También el informe de la comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Europeo apunta que el Gobierno fue "probablemente" el primer cliente en la Unión Europea de Pegasus. En esa misma comisión, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, se escudó en su comparecencia a finales de noviembre en la ley de secretos oficiales para no responder a ninguna de las 28 preguntas que se le hizo en la Eurocámara.