El Gobierno pasa página con la ley del sí es sí tras descartar volver a separar abuso y agresión

El Gobierno no cambiará la ley del 'sólo sí es sí' ni como gesto político ni para que en el futuro los nuevos delincuentes sexuales no se enfrenten a menos penas. La decisión hace semanas que está tomada. Ni hay consenso entre los dos partidos del Ejecutivo de coalición ni se ha encontrado una salida técnica. Se ha explorado en varias reuniones entre los Ministerios de Igualdad y de Justicia, según confirman fuentes gubernamentales, pero lo único que se ha puesto sobre la mesa es volver a la diferenciación anterior entre abuso y agresión. Y a este cambio Podemos se niega. "Eso significaría no haber entendido nada de lo que ha pasado en los últimos años en este país", aseguran.

La unificación en un único delito del abuso y la agresión fue una de las grandes novedades de la ley para que se consideraran agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Es un mandato derivado del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, que proclama que el sexo sin consentimiento debería considerarse violación. Pero sobre todo es fruto del clamor social tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que vio sólo un abuso en la violación grupal de 'la manada' a una chica de 18 años. Ese fallo, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia, fue corregido tres años más tarde por el Tribunal Supremo para proclamar que fue una agresión sexual y no "una juerga pactada con ella", que la víctima no consintió.

La ley del 'sólo sí es sí' acabó con la distinción entre abuso y agresión, se introdujeron nuevas circunstancias para agravar los castigos, pero también se redujeron las penas mínimas de algunos delitos. Esto último es lo que ha provocado la rebaja de penas a casi dos centenares de delincuentes sexuales, en cumplimiento del principio del Estado de Derecho que prevé que se aplique la legislación más favorable al reo en cada momento. Una circunstancia de la que el Gobierno, desde distintas instancias, fue advertido.

En las reuniones mantenidas entre Igualdad y Justicia, aseguran fuentes del Ejecutivo, la "única salida" que se ha planteado es volver al sistema anterior. Pero esta opción significaría echar por tierra unas de las novedades más sustanciales de la ley y para Podemos resulta inasumible.

La reducción de penas a violadores sigue provocando un enorme desgaste político al Gobierno pero, desestimada la posibilidad de modificar la ley, el bloque socialista ha ido modulando el discurso para asumir que los cambios en el Código Penal tienen consecuencias, tras semanas intentando sortear este asunto con una apelación a que el Supremo unificara doctrina.

Con el arranque el año electoral, el PSOE parece haber marcado distancia con Podemos como se evidenció la semana pasada con la petición de disculpas de varios ministros socialistas, dictada por Moncloa, a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por unos comentarios irónicos de las reducciones de condenas, sobre los que acabó pidiendo disculpas. Pero también dejando fuera a este partido del choque institucional con Castilla y León por su plan antiaborto.

TENSIÓN EN EL ESPACIO PROGRESISTA

La erosión prosigue incluso en el espacio a la izquierda del PSOE. Una entrevista este miércoles en El País de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en las que calificó de "soberbia infantil" que no se corrija la norma provocaron la reacción de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Según la también secretaria general del Podemos, "nunca hubiera esperado" que "una persona como Manuela Carmena estuviera en contra de esta ley".

Para Belarra se trata de una legislación "sólida" que "pone en el centro el consentimiento y evita que en un juicio a las víctimas les puedan preguntar otra vez, como hemos visto tantas veces, si cerró bien las piernas". La propia ministra descartó implícitamente que haya cambios al asegurar que el Gobierno en lo que está es que el texto "se aplique como pensó el legislador".

En la reforma del Código Penal sobre la sedición y la malversación, PSOE y Podemos introdujeron una enmienda en la exposición de motivos para que no haya reducciones de penas si la condena impuesta entra dentro de la horquilla de la nueva legislación. Se trata del único acuerdo sobre las consecuencias de la ley del sólo sí es sí' al que han sido capaces de llegar las dos partes del Ejecutivo. No ha dado ningún resultado.