Damnificados del síndrome de Bruselas

Parece una norma que cada vez que los políticos españoles triunfan en misiones exteriores se resiente la gestión interna. Síndrome de Bruselas lo podríamos llamar. Así, mientras la vicepresidenta Teresa Ribera preparaba su histórico triunfo en la capital de la UE sobre la fórmula ibérica del gas (la foto, llevando la voz cantante, rodeada de ministros y altos cargos europeos, ha sido muy repetida), en casa (o al menos, en una esquina de esta) estaba a punto de ebullición un conflicto hídrico que su departamento no ha sabido cerrar. Ni lo hizo de entrada ni lo ha conseguido mes y medio después del Consejo del Agua que tantos enredos está creando.

Ese es hoy el gran fracaso de la gestión de este caso que ha realizado el Ministerio de Transición Ecológica: ha permitido que crezca como una bola de nieve, con las dos partes en una pelea de formas sobre ese encuentro del Consejo del Agua que es difícil de entender, y sin avanzar en una solución. Lo llamativo (y lo más difícil de digerir) es que la otra parte es la Generalitat Valenciana, de modo que se trata de dos ejecutivos del mismo color y gobernados por socialistas, así que se presuponía una empatía que ha faltado.

El plan alternativo del Gobierno para paliar el recorte del Tajo-Segura carece de agua desalada suficiente

Al contrario, más allá de avanzar en soluciones, el Gobierno ha permitido que vencieran las subvenciones al agua desalada —el futuro— al acabar 2022 sin tener prevista una continuidad de estas. Una falta de tacto innecesaria. Lo menos que se puede decir es que el ministerio no está poniendo fácil ganarse a las comarcas del sur de Alicante, donde la extrema derecha ya iba bien situada, según las encuestas. Además, lo sucedido ha trascendido el ámbito comarcal, trasladando la imagen de una falta de sensibilidad con una Comunidad Valenciana que ya sufre las consecuencias de una infrafinanciación que tampoco hay manera de solucionar.

¿Victimismo? Creo que cualquiera entiende que el trasvase (el del Tajo-Segura y otros) no puede ser una fórmula a defender a perpetuidad en un contexto de crisis climática y estrés hídrico, pero es la que hay mientras no existan otras útiles y a precio competitivo. Y creo que cualquiera entiende que no valen soluciones que traten a unos territorios como de primera y a otros como residuales: cualquier salida ha de ser equilibrada. Sin embargo, creo que cualquiera entiende también que los compromisos adquiridos tienen un valor, lo que no significa que no se puedan modificar, pero con transparencia, sinceridad y, sobre todo, lealtad. Puede que la Comunidad Valenciana (su Gobierno) no tuviera razón en los planteamientos que llevó al Consejo del Agua (y que presuntamente compartía el ministerio), pero, a partir de ahí, la forma en que se gestionó el cambio y la propuesta final ha sido una sucesión de errores.

Y ahí, en ese repliegue altivo en sus posiciones, me parece que ha jugado mucho la figura poderosa de la vicepresidenta Ribera, fortalecida por su gestión de la crisis energética. A Pedro Sánchez se le pueden ir con muchas reclamaciones, pero los territorios saben que si afectan al área de Ribera, tocan hueso. La vicepresidenta es un muro de carga del proyecto de Sánchez. Y más cuando vamos hacia el semestre de presidencia española de la UE. Y ella lo sabe.

Así que, de momento, las conversaciones de Ximo Puig con la titular de Transición Ecológica no han llevado a nada, ni de cerca. Lo admitía el jefe del Consell en este diario el pasado domingo. Mientras, el ministerio sigue en su altar, empeñado en dictar doctrina a través de viejos adalides de la libertad de comunicación, hoy en papel más parecido a vigilantes de la Stasi.

Pero el diálogo es cosa de dos y (como tantas cosas en la vida) mejor si se practica que si se predica. No vale tampoco si falta la convicción, el compromiso de llegar a algún resultado. Sin esa premisa, más bien es ruido. Y bulla sobra en estos tiempos. Tanta como pedestales.