Luz verde a una ley estatal que reduce barreras, dilaciones y refuerza los servicios sociales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera ley estatal de servicios sociales de la democracia. Una norma que marca una serie de mínimos comunes en todas las comunidades y minimiza barreras y dilaciones indebidas en el acceso a las prestaciones. Para ello, reduce los trámites y requisitos necesarios para ser beneficiario, que es una de las principales quejas de los usuarios y las entidades que trabajan con personas vulnerables. Asimismo, el proyecto legal posibilita la movilidad por España, de forma que los ciudadanos puedan trasladarse de una región a otra conservando servicios y ayudas, algo que no ocurre en la actualidad.

“Los servicios sociales son un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar que acompaña a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas, cuando un niño o una niña vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a tener dificultades para vivir sola y necesita la teleasistencia o cuando una familia pierde el único sueldo que entraba en casa y tiene que solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Los servicios sociales siempre están ahí cuando las cosas se ponen muy difíciles”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

El anteproyecto legal, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, reconoce en su exposición de motivos que los servicios sociales es el pilar "menos desarrollado" del Estado del Bienestar, como ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria, que ha incrementado la demanda de personas que requieren ayuda y "ha tensionado unas estructuras que ya se encontraban, en términos generales, infradotadas". Según el proyecto, los servicios sociales están "precarizados, debilitados, tensionados" y realizan intervenciones "excesivamente estandarizadas, poco personalizadas y menos eficaces". Además, la burocracia excesiva que se requiere para acceder a las ayudas provoca "respuestas demasiados lentas" y "desiguales" en todo el territorio nacional.

Ratios y burocracia

Para tratar de paliar estos problemas y dar un "balón de oxígeno" a unos profesionales que están "completamente asfixiados", en palabras de Belarra, la ley establece que las comunidades, que son quienes ostentan las competencias, establecerán en el Consejo Territorial un mínimo de servicios común ("un suelo de derechos") así como los estándares de calidad de las prestaciones, incluyendo un ratio mínimo de profesionales por área. Asimismo, la ley marca que los beneficiarios no perderán ayudas o servicios si se mueven de una región a otra.

El segundo objetivo de la ley es reforzar el sistema y orientarlo hacia una atención más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso detectadas y el "laberinto burocrático". Para ello, se establece un plazo para la creación de una regulación específica de la ley general de subvenciones, con el objetivo de reducir los tiempos de gestión en las ayudas de emergencia, que son las que reciben las familias más vulnerables para subsistir, y que no se solicite como requisito de acceso un tiempo de empadronamiento. "Se busca modernizar servicios y reducir cargas burocráticas, que son una continua queja de las personas usuarias y pueden generar violencia administrativa", sostiene el Ministerio de Derechos Sociales.

La aprobación de ley forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y es uno de los compromisos marcados en el acceso a los fondos europeos de recuperación. Pero llega tan tarde, en primera vuelta, al Consejo de Ministros que aunque se tramite de urgencia, se corre el riesgo de que no entre en vigor esta legislatura, dado que las elecciones generales previsiblemente se celebrarán a finales de año.