El Gobierno ve amenazado por el Supremo su plan de ayudar a ERC: "Nosotros hemos cumplido"

El Gobierno no esconde que el nuevo auto del juez Pablo Llarena sobre Carles Puigdemont queda lejos del efecto que buscaba su reforma penal. La idea del Ejecutivo, explican fuentes de la Moncloa, pasaba porque el ‘expresident’ fuese acusado de desórdenes públicos, el nuevo delito que sustituyó a la derogada sedición, y se le rebajase la imputación por malversación, aplicando la nueva regulación que esta misma semana ha entrado en vigor y que los socialistas impulsaron a instancias de ERC. En su lugar, el magistrado del Tribunal Supremo mantuvo la malversación en su vertiente agravada, con una sanción de hasta 12 años de cárcel, y eliminó la sedición sin sustituirla por otro delito, al considerar que lo ocurrido en 2017, cuando el Govern convocó el referéndum unilateral sobre la independencia, no encaja en los desórdenes públicos. 

Este movimiento amenaza el plan trazado por el Ejecutivo, que pretendía así cumplir con la demanda de ERC de 'desjudializar' el problema catalán y contribuir a que sus procesados o condenados por malversación vieran reducidas las penas. Los republicanos lo han reclamado abiertamente y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido que esta era la finalidad, al ligar los cambios en este delito con la mejora de la convivencia en Cataluña.

Por eso el Gobierno está un tanto descolocado. Los socialistas temen que el criterio sobre la malversación de Llarena, que instruye la causa sobre Puigdemont, también lo aplique la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dirigentes ya juzgados como Oriol Junqueras, comprometiendo así su vuelta a la política. Sin una rebaja seguiría pesando sobre el presidente de ERC la pena de inhabilitación que le fue impuesta en su día, lo que le impide presentarse a las elecciones.

Como publicó este diario, catedráticos de Derecho Penal y destacados miembros de la Fiscalía ya advirtieron que la reforma exprés de la malversación podría no afectar a los implicados en el procés. A ello se suma el peso que la decisión de Llarena, que aprecia igualmente ánimo de lucro porque se persigue un beneficio propio, tiene para el resto de jueces del Supremo.

Fuentes del Ejecutivo señalan que "como todo el mundo sabe, la aplicación de la ley corresponde a los tribunales". "Nosotros hemos cumplido con el acuerdo", afirman en referencia a ERC.

Durante estas semanas la mayor preocupación del Gobierno era que se produjesen rebajas de penas a otros condenados por malversación en casos de corrupción, la mayoría muy mediáticos. Pero siempre han dado por supuesto que los dirigentes catalanes se verían beneficiados. Pero el Supremo, que es quien debe interpretar la nueva regulación, no está dispuesto a ponerlo fácil. Al menos Llarena.

El juez, integrante del bloque conservador dentro del Poder Judicial, también ha empleado su auto para criticar con dureza la reforma penal. Básicamente, vino a señalar que el discurso del Gobierno en este asunto no tenía sentido.

Por un lado, señala, en contra de lo mantenido por el Ejecutivo en los últimos meses, que el derogado delito de sedición no contenía “imprecisiones” ni casaba mal con otras regulaciones de países europeos. Por otro, argumenta que el cambio legislativo, que sustituye este delito por uno de desórdenes públicos que Llarena no considera aplicable a Puigdemont, genera “un contexto cercano a la despenalización” para los dirigentes independentistas que aún no han sido juzgados por el referéndum.  

TOQUE DE ATENCIÓN A LLARENA

En la Moncloa también se revuelven contra las “licencias” de Llarena en su escrito. Los socialistas consideran que el magistrado se ha extralimitado en sus valoraciones sobre la controvertida reforma judicial. Sin salirse del respeto institucional, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, fue muy clara este viernes. 

“No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en pronunciamientos judiciales. De la misma forma, siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación. Siempre pensamos que la justicia debe administrar justicia y la política promover los marcos para conseguir los fines que se propone en cada caso. En este, el de la convivencia en nuestro país”, señaló Montero tras un encuentro en la sede del PSOE para preparar el nuevo curso político, marcado por la sucesión de citas electorales, al que asistieron Pedro Sánchez, los ministros socialistas y la Ejecutiva del partido.

Aun así, dentro de esta sensación de ir con el pie cambiado, el Gobierno se esfuerza ahora por sacar dos conclusiones positivas de lo ocurrido. El auto de Llarena prueba que el reproche penal al ‘procés’ no ha desaparecido, pese a que el propio magistrado sostiene que el escenario es “cercano a la despenalización”, y ahora, con la desaparición de la sedición, será “más fácil” lograr la extradición del ‘expresident’ de la Generalitat.

Noticias relacionadas

El Rey pide a los países latinoamericanos "marcos de estabilidad" para impulsar la inversión de empresas españolas

El juez archiva el caso 'Primarias' del PP de Salamanca

De hecho, este mismo viernes se conoció que la Fiscalía valora castigar el desafío independentista con el delito de desórdenes públicos agravados.

Pero para el Ejecutivo, en el arranque de este año electoral, todo este asunto es un contratiempo. Se habla de ello y no de los datos económicos y si al final no hay rebaja de la malversación en el tema catalán, la cúpula de ERC no estará ni tranquila ni satisfecha.