Rechazo frontal al plan antiabortista de Castilla y León, que podría ser ilegal

Gobierno, médicos, organizaciones feministas y las clínicas concertadas para realizar abortos rechazan frontalmente la pretensión de Vox en Castilla y León de "coartar" el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos, a través de un protocolo mediante el cual se obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que afrontan una decisión tan difícil la posibilidad de escuchar el latido fetal o ver una ecografía 4D del bebé.

De llevarse a cabo tal como ha anunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo (Vox), se "incumpliría" la ley del aborto, que permite la libre decisión de la mujer hasta la semana 14 de gestación sin ningún tipo de "coacción", según Francisca García, la presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Aborto (ACAI) que realiza la mayoría de las intervenciones en España. "Su objetivo no es reducir el aborto, sino estigmatizar a las mujeres y la prestación", concluye.

Castilla y León obligará a sus sanitarios a ofrecer a las mujeres ayuda psicológica, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D antes de abortar

El Gobierno no ha ido tan lejos de anunciar que la medida es ilegal porque aún no se conocen los detalles del protocolo y la Consejería de Sanidad ha matizado al vicepresidente y ha señalado que la prestación en Castilla y León "va a seguir igual". No obstante, ante el anuncio de Vox, varios departamentos del Ejecutivo central han advertido que "defenderán los derechos de las mujeres y no se permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres", según ha manifestado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Vulneración del derecho

A su vez, fuentes del Ministerio de Igualdad han mostrado su "profunda preocupación" por el "retroceso que supone en un derecho esencial para las mujeres, que es un hito de la lucha feminista".

"Las medidas propuestas por el señor Gallardo podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz. Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho", añaden las mismas fuentes.

La reforma de la ley

Igualdad interpreta el anuncio de Vox como una "reacción machista" a la reforma del aborto, que está en fase de aprobación en el Senado y profundiza en el derecho al permitir a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin el permiso paterno. Asimismo, elimina los tres días de reflexión antes de la intervención y busca que la sanidad pública asuma la mayoría de las interrupciones del embarazo, a través de una nueva regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

A su vez, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha mostrado su rechazo a la pretensión de Vox de "someter a las mujeres a una intolerable presión" y a una "humillación" que supone la "vulneración de leyes como la autonomía del paciente, el derecho a la intimidad y el respecto a sus decisiones". "El sistema sanitario no está para servir como mecanismo de represión ideológica", ha manifestado el colectivo de profesionales sanitarios.