Temor a que Podemos expulse a la candidata de Asturias antes de las elecciones tras la oleada de expedientes a críticos

La escalada de tensión en Podemos Asturias amenaza con golpear el escenario de los morados de cara a las elecciones autonómicas de mayo. La pugna entre la dirección territorial, afín a la cúpula estatal, y el sector afín a la anterior dirección, que apoya a la candidata Covadonga Tomé, se ha saldado con la apertura de expedientes sancionadores a varios miembros de la lista electoral, y la propuesta de sanciones que pueden llegar a la expulsión. La posibilidad de que estos procesos terminen afectando a la propia aspirante a la Presidencia del Principado comienza a verse como una opción real que podría darse en las próximas semanas. Un extremo que rompería en dos al partido a las puertas de las elecciones y abriría la puerta a una escisión, dividiendo aún más el escenario de la izquierda en las autonómicas.

La situación es compleja en este territorio, donde la dirección de Podemos es oficialista y, sin embargo, la candidata y los principales puestos de la lista electorales son del sector no alineado con la dirección. Una suerte de bicefalia que se dio tras dos procesos de primarias con resultados dispares, y que ya ha hecho saltar las costuras de la formación. La apertura de expediente a tres miembros de su equipo sería una manera, entiende el sector afectado, de lograr que los afines a la cúpula ocupen los puestos de salida de la lista a costa de apartar a los no alineados. 

Podemos tiene ahora cuatro diputados en Asturias que aspira a revalidar. Uno de los expedientados es precisamente Jorge Fernández, el número cuatro de esta lista, y en caso de suspensión o expulsión su lugar sería ocupado por Rafael Palacios, de la actual dirección y portavoz parlamentario. Después de los últimos procesos abiertos en la federación asturiana, el sector no oficialista se prepara para el que, creen, será el próximo paso: la acción disciplinaria contra la propia candidata de Podemos en las autonómicas asturianas. 

Las bases para esa batalla están sentadas desde principios de diciembre, cuando la dirección asturiana de Podemos publicó un comunicado cargando directamente contra la candidata salida de primarias, Covadonga Tomé, donde se le acusaba de “un continuado desprecio hacia los órganos y las normas democráticas que rigen la acción policía de Podemos”. Estas acusaciones llegaban después de una reunión entre las dos facciones: la dirección y la candidatura y su equipo. En el comunicado la dirección llegaba a denunciar “inaceptables agresiones verbales proferidas contra varias de las personas que la integran”.

Estos argumentos no son menores, puesto que han sido las mismas razones empleadas en el caso de uno de los expedientados, Jorge Fernández, a quien la ejecutiva asturiana acusó de “agredir verbalmente” a los miembros del órgano y “persistiendo en una actitud extremadamente irrespetuosa y difamadora”. Junto a él se ha expedientado al ex secretario general, Daniel Ripa, y a Andrés Ron, que ya había recibido sanciones disciplinarias y que había sido previamente suspendido hasta el 15 de diciembre. 

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles por los no oficialistas, se mostraban contrarios a estas lógicas: “No se puede seguir la dinámica de atacar y expulsar a gente. Se está utilizando el poder del partido para alterar la decisión de las bases, con esta son seis las propuestas para sanción o expulsión desde que Sofía Castañón llegó a la dirección, y es curioso que ninguna de las personas sancionadas la apoyó en primarias”. 

Las consecuencias en Podemos

Los no oficialistas creen que con estos últimos pasos se están “sentando las bases” para la expulsión de su candidata, y que las acusaciones vertidas contra los expedientados sientan el terreno para apartar a Tomé antes de los comicios; unas acciones que podrían ampararse en las diferencias de criterio entre la candidata y la dirección, al considerar que el caso de Fernández ya sienta un precedente donde se da una propuesta de expulsión “en base a unas críticas” expresadas dentro de los órganos. El principal objetivo de este movimiento, creen los no alineados, sería hacerse con el control de la candidatura. 

La idea de emprender acciones internas contra la candidata está sobre la mesa en la federación asturiana, aunque a día de hoy no se ha anunciado nada en este sentido. Esta decisión tendría una repercusión directa en Podemos a nivel electoral, con la previsible concurrencia a los comicios de forma separada del partido, por una parte, y de Tomé en otra candidatura independiente. Este paso, de darse, también tendría sus ecos en la arena nacional, en la medida en que echaría por tierra uno de los principales mantras de Podemos, consistente en que las bases eligen a sus candidatos. 

En el equipo de Tomé consideran que la beligerancia de la dirección es consecuencia directa del apoyo que han prestado al proyecto de Yolanda Díaz; creen que los pasos dados en la federación asturiana responden también al pulso abierto a nivel nacional con la vicepresidenta segunda del Gobierno, y el interés de Podemos en tomar el control de la candidatura para mantener prietas las filas en los territorios y evitar que actúen por libre a la hora de respaldar a Díaz. La cúpula estatal ha sido clara a la hora de condicionar su apoyo a Díaz, mientras la candidata asturiana no ha dudado en apoyar abiertamente a la vicepresidenta. Tomé fue, por ejemplo, una de las personas que más activamente colaboró en la organización del acto de Sumar en Gijón.

Los conflictos abiertos en Podemos Asturias no son nuevos: la dirección se renovó hace ahora un año en unas polémicas primarias donde se alzó como líder territorial la diputada nacional Sofía Castañón, impulsada por la ejecutiva del partido. En aquel proceso se enfrentó a Ripa, que había ocupado el puesto desde la fundación de Podemos en Asturias.

Aquellas votaciones ya estuvieron envueltas en polémica y culminaron con el posterior despido de varios trabajadores el 31 de diciembre de 2021, unas horas antes de que entrara en vigor la reforma laboral que obligaba a regularizar los puestos temporales. Aquellas salidas terminaron a los tribunales, que han sentenciado la nulidad o improcedencia de la mayoría de los despidos recurridos, aunque algunos de los trabajadores afectados han presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo para pedir unificación de doctrina.