La Generalitat Valenciana recurre al Consejo de Estado para salvar el trasvase Tajo-Segura

No hay comunicación oficial, pero el Consell sospecha que el Ministerio de Transición Ecológica ha fulminado la cláusula que permitía mantener en marcha el trasvase Tajo-Segura más allá de 2025 y que fue pactada en el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre, por lo que ha anunciado un recurso ante el Consejo de Estado para tratar de frenar la norma antes de su aprobación.

El malestar en el Ejecutivo valenciano ante esta decisión unilateral y que podría tener un alto coste político a pocos meses de elecciones es evidente. Primero porque la Generalitat entiende que rompe el acuerdo sellado hace dos meses con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia (las dos grandes damnificadas en caso de que se aumenten los caudales ecológicos) y segundo porque se produce casi en paralelo al fin de la subvención al agua desalada y que triplicará su precio para los regantes valencianos.

Las serias sospechas de la eliminación de la disposición novena, que establecía que "si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026", ha provocado la reacción inmediata del presidente Ximo Puig, quien ha aparcado su habitual discurso conciliador para endurecer el tono ante el Gobierno.

"Nos hemos personado ante el Consejo de Estado para presentar alegaciones frente a lo que parece que va a significar un cambio de posición ante lo acordado en el Consejo del Agua, que era un acuerdo razonable en el que exigíamos que en 2025 se actualizara la decisión en función del estado del Tajo". Un extremo que ha defendido como "racional" ya que "garantiza el agua que genera miles de puestos de trabajo en el área mediterránea".

El objetivo del recurso es poder frenar la modificación en este órgano consultivo, ya que si la norma sale adelante si esa disposición novena tan solo quedaría su aprobación en Consejo de Ministros para convertirla en realidad.

Una subida de precio "inaceptable"

Puig también se ha referido a la decisión del ministerio de Teresa Ribera y de la empresa pública Acuamed, gestora del agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

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El jefe del Consell ha expresado su “rechazo frontal a esta decisión inaceptable”, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Gobierno “para que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua”.

Puig considera que la actual coyuntura “no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza” y exige al Ejecutivo que “mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes”.