La ruptura PSOE-PP y las presiones nacionalistas amenazan la nueva reforma de la Constitución

El pasado 21 de diciembre, antes de que el Congreso se fuera de vacaciones navideñas, sucedió una de esas novedades parlamentarias no muy rimbombantes que tienen su “aquél”. La Mesa acordó poner fin a la sucesión interminable de prórrogas de enmiendas en el que se había sumergido el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución. Más de 60 acumulaba el texto, olvidado ya. Cuando una cosa así ocurre en la Cámara, hay que mirar al Gobierno de coalición. PSOE y Unidas Podemos, un año después de la recepción de la propuesta, ven opciones de conseguir el objetivo.

En el destello de optimismo que asomó por el horizonte parlamentario influyó el asociacionismo de la discapacidad. Sus organizaciones civiles llevaban semanas presionando al PSOE y al PP. Más que diálogo entre ambas formaciones, que no existe, o que existe sólo en ámbitos sectoriales-económicos, se produjeron conversaciones por separado. Está acabando la legislatura y a ver cómo se explica que los dos partidos políticos más importantes de España no son capaces de arrancar de un artículo la expresión “disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales”.

El final de año, en lo político, ha sido tormentoso una vez más. Al clima en el que vive el Congreso, de intercambio de golpes de odio, se le unió el agravamiento de la crisis institucional en la que está el país. El Tribunal Constitucional decidió que dos disposiciones de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal no podían votarse en el Senado junto con el resto del contenido. No tenían nada que ver, argumentó la mayoría conservadora del órgano de garantías. 

Fue un fallo sin precedentes. El Gobierno lo acató, pero se enfadó muchísimo y culpó al PP de todos los males. El PP lo celebró, pero culpó al Ejecutivo de todos los males. Las direcciones de los dos partidos con más diputados, 120 el socialista y 88 el popular, respectivamente, no pueden ni verse.

La legislación puede avanzar a toda velocidad así. Se está viendo. Las leyes emblema del Gobierno habitan ya en el Boletín Oficial del Estado. Pero en la Constitución se dice que ciertas cosas, para cambiarlas, necesitan mayorías cualificadas. Por ejemplo, tres quintos del Congreso, esto es, 210 diputados. La única combinación que permite alcanzarla es la que une al PSOE y al PP. Reformar el artículo 49, quitar de ahí “disminuidos”, requiere esa suma. 

La presión del tejido asociativo de la discapacidad ha puesto los cimientos para que ocurra, pero no tiene todas las garantías. La causa es, de nuevo, política.

Rey, Fuerzas Armadas, nación…

El pasado 21 de diciembre, efectivamente, la Mesa del Congreso acabó con el limbo en el que se guardan las leyes “problemáticas”.

La diputada del PP Isabel Borrego expresó con claridad las reservas de su partido el día en que el pleno debatió y superó las peticiones de devolución del texto, entre ellas la del propio Partido Popular, que no se fiaba nada. Y no se fiaba por esto, en palabras de Borrego: “¿Saben qué melón han abierto? ¿Cómo tienen previsto cerrarlo? Señor ministro –en alusión al titular de Presidencia, Félix Bolaños, presente en el hemiciclo aquel día de septiembre de 2021–, ¿van a asumir todas las propuestas que sus socios de Gobierno les propusieron?”.

Inaugurado el periodo de enmiendas, paso previo a la creación de la ponencia de la Comisión Constitucional, los grupos han aprovechado para lanzar propuestas que tenían por ahí, acaso en el cajón de alguna mesa. Era sencillo pensar que lo haría ERC, enfrascado ahora en la petición cíclica del referéndum de autodeterminación, pero no ha sido el caso. 

El que ha rescatado propuestas de reforma constitucional ha sido el PNV. El portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Aitor Esteban, explicó hace unos días en TVE que no eran planteamientos novedosos, lo cual es cierto. El problema es el “momentum” en que lo hace. Aún humean los restos de la crisis institucional y todavía resuena un lema exitoso de la oposición de derechas, basado en la identificación de Pedro Sánchez con dirigentes independentistas. Las elecciones autonómicas y municipales se celebrarán dentro de cinco meses.

Los nacionalistas vascos plantean suprimir la referencia a la “indisoluble unidad” de la nación española en una enmienda, que justifican con la disposición adicional del Estatuto de Gernika y con una resolución del Parlamento vasco de 1990, en la que proclama "el derecho de autodeterminación”.

Asimismo, abogan por acabar con la alusión de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial y el orden constitucional, ya que “en una democracia ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia”. Apuestan por limitar la inviolabilidad del rey, de modo que sólo esté relacionada con los actos y funciones de su papel institucional, no con su ámbito privado, y por acabar con la unidad jurisdiccional en el Estado.

Buscan también reforzar la capacidad normativa de Euskadi, así como la bilateralidad en las negociaciones competenciales mediante la creación de una Junta Arbitral. Y buscan terminar con la suspensión de las disposiciones autonómicas si las impugna el Gobierno central y con el artículo 155 de la Constitución, el que se aplicó en Cataluña en 2017.

Ciudadanos y Junts

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha accedido a las enmiendas de los grupos, entre ellas las del PNV. Y también a un escrito registrado por Ciudadanos con el que pide a la Mesa de la Comisión Constitucional, presidida por el exportavoz socialista Héctor Gómez, que no se tramiten tres de las propuestas de los nacionalistas vascos.

Como recuerda la formación liberal en el requerimiento, las enmiendas que aluden a la unidad de la nación española, a la inviolabilidad del rey y al papel de las Fuerzas Armadas integran un cuerpo constitucional que, para modificarse, debe seguir un procedimiento diferente al del resto del contenido de la ley fundamental. Por traducirlo: la reforma del artículo 49, que es el que motiva el proyecto de ley, necesita un trámite; la reforma del artículo 2, por ejemplo, necesita otro. No pueden mezclarse. 

El artículo 168 de la Constitución indica que el cambio del artículo 2, por continuar con el ejemplo, pues es el que consagra la unidad “indisoluble” de la nación, implica una mayoría de dos tercios de cada Cámara” y “la disolución inmediata de las Cortes”. El Parlamento que salga de las elecciones “deberá ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional”, y aprobarlo nuevamente con “mayoría de dos tercios de ambas Cámaras”. No acaba aquí. El último paso es un “referéndum”. Y todo esto tiene que ser así porque el citado artículo 2 forma parte del título preliminar.

En cambio, cambiar la redacción del artículo 49 es otra cosa, artículo 167. Hace falta una mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado. Hay luego opciones, incluida la del referéndum, pero en ningún caso se habla de disolver las Cortes.

Ciudadanos aprecia “disparidad procedimental” y un problema de forma. No se puede reformar la Constitución como quiere el PNV vía enmienda. 

Es el partido de Edmundo Bal, cabe recalcar, el que con sus enmiendas plantea otros cambios de calado. Aprovecha la ocasión para rescatar una de sus consignas: cambiar la ley electoral, de manera que sea nacional y atienda a “criterios de representación proporcional”. Igualmente plantea que la administración general del Estado recupere las competencias de sanidad y educación.

No le va a la zaga Junts. Los independentistas catalanes, vía enmiendas, quieren que el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía se regule por ley orgánica y que la inviolabilidad parlamentaria sea un escudo infranqueable ante posibles injerencias del Tribunal Constitucional. 

La formación de Miriam Nogueras pisa un charco de actualidad. Pide en una enmienda que “los vocales del Consejo General del Poder Judicial cesen de todas sus funciones una vez haya finalizado el mandato de cinco años para el que fueron nombrados”.

Los partidos siguen dando vueltas a cómo desatascar el órgano de gobierno de los jueces, más de cuatro años sin renovarse. La imposibilidad de acuerdos políticos a gran escala es la razón. 

Junts propone, en el trámite de la reforma constitucional, que “mientras no hayan asumido su cargo los nuevos vocales, tres de los miembros salientes desempeñarán las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras del Consejo General del Poder Judicial”. Y nada más.