El Constitucional avalará la idoneidad de los nuevos magistrados y garantizará una mayoría progresista para los próximos diez años

Un último trámite antes de la renovación. El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este jueves por última vez con su actual composición y presidido por Pedro González-Trevijano, tras alcanzarse el sorpresivo acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial que permite renovar a cuatro de sus miembros, uno de ellos el propio presidente. 

Se trata de una reunión de carácter gubernativo, que normalmente se despacha en diez minutos porque tiene un único punto en su orden del día, el examen de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los nombramientos de sus nuevos miembros, que son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex asesora Laura Díez por parte del Gobierno y los que fueran presidentes de sala del Tribunal Supremo César Tolosa y María Luisa Segoviano a cuenta del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del órgano pertenecientes a ambos sectores señalan a El PERIÓDICO DE ESPAÑA que no se espera que ninguno de los magistrados propuestos tenga problema alguno para obtener el plácet, ya que la ley únicamente exige que aquellos que accedan a este órgano sean son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. A este trámite seguirá su toma de posesión, previsiblemente la semana próxima, y luego llegará la hora de designar a un nuevo presidente, que se da casi por seguro que sea el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido. A partir de este momento, el órgano tendrá una mayoría progresista de 7 miembros frente a 4 magistrados conservadores, y esta sensibilidad será la mayoritaria durante la próxima década.

El plácet que se otorga este jueves es un trámite que precisamente trataba de suprimir una de las enmiendas introducidas por el PSOE y Unidas Podemos en la reciente reforma penal que fueron paralizadas por el propio Tribunal Constitucional el pasado lunes, en una decisión sin precedentes que muchos interpretaron como una cuestionable injerencia en el poder legislativo. El gobierno buscaba con la supresión de esta formalidad acelerar la renovación del Tribunal con sus dos candidatos, ante un bloqueo en los nombramientos correspondientes al Consejo del Poder Judicial, que ayer fue superado de forma repentina por los vocales de este órgano. 

LA PLAZA DE MONTOYA

Así las cosas, los trámites institucionales siguen adelante y tan solo quedaría pendiente sustituir a otro de los magistrados, Alfredo Montoya, designado en su día a propuesta del PP por el Senado y que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. En todo caso, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar esta plaza es el mismo que se arrastra para la designación de los nuevos vocales del Consejo del Poder Judicial, caducados desde hace más de cuatro años, y no parece haber visos de resolución de este asunto. De sustituirse a Montoya, la relación de fuerzas sumaría un voto del lado conservador, llegando a cinco frente a los siete progresistas.

En noviembre de 2021, cuando se produjo la última renovación, el Pleno celebrado para dar visto bueno a los nuevos magistrados que tocó designar entonces al Congreso arrojó un voto en contra de los cuatro nombres propuestos -Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán- si bien el autor del veto nunca salió a la luz por tratarse de una votación secreta. 

En 2013 se registró otro precedente de falta de unanimidad, pero solo respecto a un candidato, Enrique López, a quien salvó el voto de calidad del entonces presidente Pascual Sala. Este voto en contra es algo poco habitual, pues el Pleno de idoneidad es normalmente de un mero trámite de comprobación de requisitos formales y este jueves no se esperan sorpresas.

VUELCO EN LA SENSIBILIDAD DEL ÓRGANO

La renovación del Tribunal Constitucional se regula en la propia Constitución, en el artículo 159.3, y establece que los miembros del órgano serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años, de la siguiente forma: cuatro magistrados designados por el Senado, cuatro por el Congreso y los cuatro restantes a repartir entre el Gobierno CGPJ, que es la que acaba de producirse.

La lógica bipartidista que ha existido hasta ahora en nuestro país ha permitido que, durante los 42 años de historia del TC, las designaciones que marcan la diferencia sobre la 'sensibilidad' del tribunal -si existe mayoría de magistrados conservadores o progresistas en un momento dado- fueran las que corresponde efectuar al Gobierno de turno. Esto es por el equilibrio que se presupone en los nombramientos de los diez magistrados restantes, que son nombrados gracias al acuerdo político en el Parlamento -dos a propuesta del PSOE y otros dos a propuesta del PP, tanto en el turno del Congreso como el del Senado-, y al consenso entre sensibilidades similares en el seno del CGPJ.

Por esta razón, al producirse la renovación en este momento, bajo el Gobierno del PSOE como corresponde, se asegurará una mayoría progresista hasta al menos junio de 2030. Y ello siempre que en dicho momento esté gobernando la derecha, ya que si por entonces sigue habiendo un Gobierno de izquierdas, el periodo 'progresista' del órgano será renovado por otros nueve ejercicios.

¿SERÁ CONDE-PUMPIDO EL PRÓXIMO PRESIDENTE?

Respecto a Conde-Pumpido, que es el más serio aspirante a la presidencia del órgano hasta finales de 2025 -pese a la oposición que su candidatura despierta entre los sectores más ultras del PP y la derecha judicial- la realidad es que en su día fue nombrado para el TC por consenso. Tanto él como Montoya fueron propuestos por la Asamblea de Madrid, también por consenso, debido a que los magistrados nombrados por el Senado se consideran representantes de las Comunidades Autónomas, y vienen propuestos previamente por los parlamentos autonómicos

Según se señala desde su entorno a este diario, sorprende que últimamente le achaquen veleidades de apoyo a los independentistas catalanes, cuando fue el magistrado que dirigió la comisión que preparó todos los borradores de las sentencias que rechazaron los recursos de los de los condenados del 'procés', e incluso acabó recusado por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Le disputa el cargo la también progresista María Luisa Balaguer, quien no se ha postulado directamente, pero ha manifestado en varias entrevistas que no rechazará la presidencia si es apoyada por la mayoría de sus compañeros.