El Gobierno socialista de Aragón tilda de "chantaje" la bonificación del transporte público propuesta por Sánchez

Había expectación por saber si el Gobierno de Pedro Sánchez mantendría la bonificación del 30% del transporte público que entró en vigor en verano. Una medida muy aplaudida por los usuarios que el Ejecutivo ha decidido mantener pero siempre que las comunidades autónomas y ayuntamientos la complementen hasta el 50%. Es decir, que aquellos territorios que no cubran el 20% restante, no recibirán ayuda alguna desde el Estado.

Esta condición no ha sentado nada bien en el Gobierno de Aragón, que ha calificado de "chantaje" la decisión del Ministerio de obligar a las comunidades y a las ciudades a aportar fondos de sus presupuestos para financiar una parte de los abonos de transporte.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, también ha lamentado la "improvisación con la que se trabaja", al comunicar esta decisión el 27 de diciembre, a escasos días de terminar con el descuento vigente. "Nos ponen en una situación complicada, nos obligan a tomar decisiones de manera apresurada y sin tener en cuenta la realidad del servicio de transporte y las necesidades de cada comunidad", ha declarado Soro, que ha recordado que los presupuestos planteados no contemplan una partida específica para sufragar este coste extra.

Es lo que pasa en Zaragoza, cuyo proyecto de presupuestos se encuentra en tramitación. Desde el Gobierno de PP-Cs, que piden cautela para estudiar la propuesta, también critican el momento elegido para realizar el anuncio y denuncian que se haya hecho "sin consensuarlo con los ayuntamientos y las comunidades autónomas".

El consistorio ya decidió en julio no ampliar la bonificación al 50% dado que se está subvencionando hasta el 60% del billete de bus, cuyo precio lleva años congelado y seguirá así en 2023. Todo ello pese a la pérdida de un 20% de los usuarios.

Por otro lado, desde la DGA, que piden tiempo hasta que se empiece a aplicar la medida para que pueda haber diálogo sobre este tema, consideran que es "un agravio comparativo sin precedentes" que el Estado asuma el 100% del transporte por ferrocarril y cercanías en las grandes ciudades, de las líneas entre varias comunidades y, sin embargo, destinan tan solo un 30% al transporte que sirve para acceder de manera cotidiana a los servicios públicos entre municipios.