INMIGRACIÓN

La Iglesia, comunistas, feministas y un señor de Senegal fuerzan al Congreso a debatir sobre migrantes

Organizaciones sociales y políticas de todo el territorio nacional han reunido 700.000 firmas para presentar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que pide la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas sin papeles.

La Cámara baja tiene un plazo de seis meses para debatir y votar si aprueban la regularización de estos migrantes.

900 organizaciones se concentran en el exterior del Congreso este miércoles con motivo de su entrega de cajas con firmas para la regularización extraordinaria de personas migrantes

900 organizaciones se concentran en el exterior del Congreso este miércoles con motivo de su entrega de cajas con firmas para la regularización extraordinaria de personas migrantes / EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Elena Marín

Elena Marín

Agustín Marie Ndour iba para presidente del Gobierno de España, pero el plan no salió bien. Quería ser el primer candidato de origen africano en llegar a la Moncloa. No consiguió los votos suficientes. Pero decidió seguir trabajando desde su residencia en Granada por "mejorar la vida" de un país que le acoge desde hace 22 años. De pronto, llegó la pandemia, se paró la economía y su reactivación dejó a la vista algunos agujeros del sistema. Lo vio claro. Y apostó a ganar. Era el momento de impulsar en España una nueva regularización extraordinaria de migrantes sin papeles como la que en el 2000 le permitió a él tener una nueva vida.

Tres años después del inicio de la pandemia y esa visión, en la que entraba también el miedo a un hipotético cambio de Gobierno en España con un PP que se viera presionado por VOX en temas de inmigración, se han unido a él la asociación de Soviets de Getafe, el colectivo de prostitutas de Sevilla, agrupaciones feministas y de personas LGTBI y numerosas organizaciones vinculadas a la iglesia católica de España. También la Conferencia Episcopal. Entre otros muchos y muy diversos. Todos ellos han reunido 700.000 firmas, 200.000 más de las legalmente necesarias, en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular que solicita una regularización extraordinaria de migrantes y que este miércoles se ha presentado en el Congreso de los Diputados.

El registro de las cajas y cajas que guardan las firmas obliga ahora a los 350 diputados de la Cámara baja a debatir sobre esta iniciativa en un plazo de seis meses. Partidos de izquierda y de derecha tendrán que votar si rechazan la propuesta o si, por el contrario, dan cobertura legal a los cerca de 500.000 migrantes que en estos momentos trabajan sin papeles en España y cumplen los requisitos. 

"Miedo"

La cifra sale de un informe realizado por la Fundación Por Causa, una de las cinco organizaciones que forman parte de la comisión promotora de esta iniciativa, y que detalla que en 2020 "en torno al 14% de los migrantes extracomunitarios que viven en nuestro país están en situación administrativa irregular". La exposición de motivos de la iniciativa presentada, sin embargo, reduce la cantidad a "entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad".

Una de las ONGs promotoras, Fundación Ciudadanía Global, donó 340.000 euros para los gastos y la recogida de firmas

"Leo en los ojos de la gente con la que trabajo el miedo a ser deportados", dice el senegalés Ndour, que se dedica a ayudar a personas con problemas de inserción social. "El temor a que te pillen en una esquina y te devuelvan a tu país es un sufrimiento que no se imagina nadie. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo", apunta para explicar por qué sentía la necesidad de que otros pudieran tener la misma suerte que él, y denuncia convencido: "Si no hacemos algo, nos convertimos en cómplices".

Cerca de 900 asociaciones

La lista de apoyos a esta ILP suma cerca de 900 organizaciones repartidas por toda España, entre las que se incluyen varias parroquias, diócesis, delegaciones regionales de Cáritas o centros educativos de vinculación católica como la Universidad Pontificia de Comillas o la Universidad de Deusto.

Entre todas las organizaciones de ámbito religioso han logrado reunir unas 100.000 firmas, señala Jorge Serrano, coordinador general del partido político Por un mundo más justo, organización a la que pertenece Ndour y una de las cinco promotoras del proyecto, donde también se encuentran Redes, #Regularización Ya y la Fundación Ciudadanía Global, todas ellas dedicadas de alguna manera a la defensa de los derechos humanos y de los migrantes, que sin tener permiso legal para poder firmar una iniciativa legislativa como esta, han conseguido movilizar 700.451 apoyos.

Augustin Ndour logró los papeles en el año 2000 y resume así el cambio que supuso en su vida: "Es como pasar de estar en la cárcel a ser liberado"

A por el voto de izquierda y derecha

Serrano destaca la implicación de la Iglesia con un objetivo muy claro, que los diputados del Partido Popular lo sepan: "¿Va a ser el PP capaz de rechazar esta iniciativa cuando su base social la está apoyando? No ha habido una movilización política tan potente de la Iglesia desde que pidió la condonación de la deuda externa de los países más pobres en el Jubileo del año 2000", apunta entusiasmado a este diario.

Ve oportuno azuzar al PP porque otras formaciones de izquierda en principio favorables a políticas que favorezcan a los migrantes ya han mostrado su apoyo a esta propuesta: en la lista de las 900 organizaciones que apoyan la iniciativa se ve, entre otros, la firma de En Comun Podem, Podemos, la CUP, Más Madrid o Más Euskadi.

La propuesta se ha debatido y votado en 18 municipios de tamaño medio y grande, y en Barcelona, por ejemplo, PP y PSOE permitieron que saliera adelante con su abstención. "Si eso se repitiera en el Congreso, la iniciativa saldría adelante", suspira Serrano, que tiene claro que "aunque los partidos vienen vacilando en torno a un supuesto miedo a la persona migrante, este ha sido fabricado en el Congreso, esa percepción no está en la ciudadanía. Nos ha firmado gente muy diversa, es evidente que hay un gran divorcio entre lo que piden las personas y el Congreso".

Falta de voluntad política

El articulado de la iniciativa es muy simple, solo tiene un artículo. Pero para llegar a eso el procedimiento ha sido bastante farragoso. Según explican sus promotores, la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen mayoría, tumbó hasta en dos ocasiones su iniciativa argumentando que se estaban metiendo en un asunto que superaba sus competencias, ya que los ciudadanos tienen derecho a organizarse para impulsar una iniciativa siempre y cuando no esté ligada a los derechos fundamentales y, por tanto, a una ley orgánica. Y lo tocante a la migración parecía estar demasiado cerca. Sin embargo, los promotores tenían claro que su apuesta era la regularización de las personas sin papeles, que es solo un asunto administrativo. "Parecía evidente que no había voluntad política de dejar que saliera adelante", apunta el coordinador de Por un mundo más justo.

La iniciativa estuvo revisada por ex miembros del Tribunal Constitucional que les ayudaron a dar con tecla: había que olvidarse de los derechos, "aunque estemos hablando de derechos", dice Serrano, y centrarse solo en modificar la fecha que aparecía en la la disposición transitoria de Ley de extranjería del año 2000, aprobada por José María Aznar, y donde se decía que la regularización se haría a quienes cumplieran los requisitos antes de 1999, ahora dice 2021.

Cada inmigrante regularizado aporta más de 3.500 euros por año a las arcas públicas, según un informe

Ndour fue uno de los afortunados que en el 2000 logró los papeles, tras haber llegado a España procedente de Portugal, a donde viajó desde Senegal dos años antes. El cambio que aquello supuso en su vida lo resume así: "Es como pasar de estar en la cárcel a ser liberado", quizás por eso trabaja ahora con muchos expresidiarios. La primera integración para cualquier persona, apunta, es la jurídica. Solo después llegan la económica y la social. "El miedo es diario" cuando no tienes papeles, insiste, y "la economía sumergida es lo que te permite sobrevivir si no quieres delinquir".

El Congreso debe en los próximos seis meses votar esta iniciativa. "No podemos tener un país con gente en situación de desprotección y miedo a ser deportada, claro que es una cuestión de derechos. Pero es que, además, lo necesita nuestra economía nacional y necesitamos un proceso de integración social más armónica que vamos a pagar mas adelante. Se puede conseguir, pero hay que hacer ver a gente del centro derecha que esto tiene apoyo social. Esa es la vía", concluye.

Las mujeres, las más afectadas

El informe de la Fundación Por Causa que acompaña el proyecto explica la vulnerabilidad e indefensión a la que se ven abocados los trabajadores sin papeles. Muestra que hay "una mayoría amplia de latinoamericanos (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos), con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños" y añade que "cerca de 12.000 ciudadanos de Ucrania se encuentran en la irregularidad, uno de cada diez empadronados y el doble que en 2014". Además, señala que "la irregularidad se ceba con las mujeres y los niños" y que en España "seis de cada diez migrantes sin papeles" son mujeres.

El informe resume en cinco cuestiones básicas las causas para abordar el fenómeno de la migración: porque "es demasiado grande para ignorarlo, es lo decente, beneficia al conjunto de la sociedad, fortalece la seguridad sanitaria y ya se había hecho antes". En efecto, durante los años de gobierno del PP se han realizado cinco regularizaciones extraordinarias y con el PSOE, cuatro.

En cuanto a la parte económica, las estimaciones que realiza esta organización "sugieren que una regularización incrementaría la aportación fiscal neta media de cada inmigrante regularizado en más de 3.500 euros por año", con un beneficio "de al menos 950 millones de euros por año a las arcas del Estado". Además, "España necesitará 700.000 trabajadores más en el sector de la construcción para hacer frente a los proyectos Next Generation".

Augustin Ndour/ EPE


Cumplir las promesas

Una de las primeras cosas que hace un migrante que consigue los papeles, explica Ndour, es comprar un billete para viajar a su país, algo en lo que ni siquiera pueden pensar mientras viven en situación irregular. "Los papeles te dan libertad para volver a tu país y cumplir las promesas que hiciste cuando lo dejaste". Él prometió a su entonces novia que volvería. Y lo hizo. Hoy tienen tres hijos juntos pero siguen viviendo separados, él en Granada y ella en Senegal.

Ndour dice sentirse especialmente satisfecho por el apoyo ciudadano conseguido para esta iniciativa popular. Pero este éxito político no va a hacer que repita su experiencia. "Nunca más" piensa presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno, confiesa jocoso, pero sí sigue "dispuesto a estar en primera fila para mejorar la vida de las personas", sean de donde sean.