El Gobierno pasa a la ofensiva para renovar el Constitucional con los puentes rotos con el PP

El Gobierno tomará “cuantas medidas sean precisas” y con el PP no habrá más diálogo porque “han traspasado todos los límites”. PSOE y Unidas Podemos registrarán una proposición de ley, negociada con el resto de partidos del bloque progresista, que permitirá cambiar las mayorías requeridas para culminar la renovación del poder judicial. Una iniciativa que aspiran a resolver de forma rápida y que recogerá las enmiendas frenadas por el Tribunal Constitucional.

El presidente Pedro Sánchez dejó claro en una declaración institucional que su Gobierno avanzará con “serenidad” pero con “firmeza” para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, frenada por el principal partido de la oposición, contra el que cargó duramente.

El Ejecutivo pasa así a la ofensiva para acabar con la mayoría del bloque conservador en el Constitucional después de que el lunes, tras una larga e intensa deliberación, por primera vez en 44 años, los magistrados, en una votación de seis conservadores frente a cinco progresistas, frenaran la votación en el Senado de las enmiendas socialistas que modificaban la Ley Orgánica del Poder Judicial y la ley que regula el funcionamiento del TC. El objetivo del Gobierno es acabar con cuatro años de “un bloqueo injustificable” del PP e imponer en estos órganos las mayorías salidas de las urnas en 2019, poniendo fin a la caducidad de sus sillones y recuperando la mayoría progresista.

Sánchez a los jueces: "La democracia exige respeto a la ley y a la voluntad popular"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció tras celebrar su partido “el éxito” de su apuesta por “defender el Estado de Derecho” acudiendo al Constitucional. Su propuesta fue volver a retomar la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde 2018 y tras varios intentos fallidos. A cambio, el PP pone como condición que se retiren las reformas de malversación y sedición del Código Penal, que se restituya el delito de referéndum ilegal y que se acepte una reforma del sistema de renovación de los órganos judiciales, de forma que los jueces elija a los jueces.

Un escenario que para el PSOE es imposible. Feijóo insiste en pedir elecciones anticipadas. Desde el PSOE admiten que los puentes están rotos y que no hay posibilidad de retomar ningún diálogo tras el “golpe de mano” del Constitucional.

El Gobierno acata la decisión del órgano de garantías aunque avisa de que es un “choque institucional grave e inédito”, aseguró Sánchez, que lamentó que se frene por vez primera una votación de los diputados en las Cortes admitiendo a trámite un recurso de amparo del PP y aceptando la solicitud de medidas cautelarísimas por vulnerar sus derechos como diputados. El Gobierno eligió la vía de las enmiendas a otra proposición de ley para llevar a cabo estas reformas de enorme calado que afectan a leyes orgánicas. Es un procedimiento habitual éste de recurrir a la puerta de atrás de otra norma y siempre es duramente censurado por los juristas por vulnerar las garantías constitucionales. Lo habitual es recurrirlo al Constitucional a posteriori. Es la primera vez que se frena antes de su aprobación.

Bloque progresista

El Ejecutivo perfila sus pasos, en diálogo en el Congreso con la mayoría del bloque progresista, para evitar errores o más enfrentamientos con el tribunal de garantías. Los diputados socialistas consultados por este periódico y fuentes próximas al Gobierno se inclinan por volver al punto cero y lanzar de nuevo la misma reforma, que cambia las mayorías para renovar el poder judicial, pero a través del procedimiento correcto: impulsando una proposición de ley específica.

Esa medida legislativa, que se podría registrar esta misma semana, se adoptaría al margen del debate que sigue pendiente en el Constitucional, donde los magistrados progresistas recuerdan que aún no se ha ido al fondo del asunto sino a las formas. En la reunión del grupo socialista, su portavoz, Patxi López, deslizó que el Gobierno tiene plan B con una llamada a la calma. Los socialistas también aplacan las llamadas de sus socios de Unidas Podemos, que elevan la presión para ir a la desobediencia del Constitucional y adoptar medidas firmes que no permitan perder el pulso.

Bruselas, vigilante

El gran problema que encuentra el Gobierno está en Bruselas. Desde la Comisión Europea, el mensaje que llegó respaldó a los magistrados: “Las reformas de calado hay que consultarlas”. Esa advertencia de la Comisión Europea siembra de dudas el texto legal que debe registrarse. Ya en 2020, en el primer intento del Gobierno de cambiar las mayorías, Bruselas expresó sus dudas y alertó de que se vulneraban normas comunitarias. Europa sacó tarjeta roja hace dos años y el ejecutivo de Sánchez no puede permitirse ningún traspié más en esa línea que refuerce las posiciones del PP.

La jornada política volvió a ser de alto voltaje. Si la agenda anterior acabó de madrugada, tras un carrusel de comparecencias públicas de los presidentes del Congreso, el Senado y el ministro de la Presidencia, las horas posteriores a la decisión inédita del Constitucional fueron igualmente trepidantes.

La Mesa del Senado se decantó por, atendiendo las órdenes del Alto Tribunal, seguir adelante con la votación del paquete legislativo impulsado por los partidos del Gobierno, que incluye la reforma en el Código Penal de los delitos de malversación y sedición y que se resolverá este jueves. Fuera quedó todo lo relativo a la justicia.

El mensaje desde el Gobierno señalaba que lo importante ahora es desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y acabar con “el secuestro” de la mayoría conservadora para salvar leyes pendientes de recurso de gran calado como la de la eutanasia, el aborto, la reforma educativa o la reforma laboral.

Las llamadas que Podemos había hecho a la desobediencia, con una convocatoria a todos los grupos aliados en el Congreso para presionar al PSOE, cayeron en saco roto. La opción favorita es esa de acudir a la proposición de ley para reformar los mecanismos de elección del poder judicial. El primero en marcar el paso fue Íñigo Errejón, líder de Más País. Una línea a la que se sumaron otros socios de la investidura como ERC, Bildu, PNV o el PDeCAT, que también apostaron por esa vía legal.

“La desobediencia sin plan es un gigante con los pies de barro”, alertó Gabriel Rufián (ERC). La idea es resolver la crisis institucional sin echar más leña al fuego y optando por los mecanismos parlamentarios más tradicionales. La proposición de ley debe ser registrada por los grupos parlamentarios y tiene un recorrido parlamentario más breve que una ley impulsada por el gobierno. Fue la solución urgente elegida en un día en el que desde el ala de Podemos se manejaba la posibilidad de un adelanto electoral.

Unas elecciones generales anticipadas que algunos diputados socialistas también manejaban como posibilidad, pero que, según zanjó firme el Gobierno, no forma parte de la hoja de ruta de Pedro Sánchez. La prerrogativa del adelanto es del presidente y su ambición, insisten desde el Ejecutivo, es agotar la legislatura hasta finales de 2023. De este enfrentamiento descarnado el bloque progresista sale más reforzado, advierten.