¿Qué está en juego para el Gobierno y para el PP en el Tribunal Constitucional?

Las consecuencias de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial

, cuyo mandato caducó hace más de cuatro años, empieza ya a afectar a todo el sistema, incluso fuera del poder judicial, como es el caso del 

Guía para no perderse en el choque entre el TC y el Congreso

Tribunal Constitucional. Esta semana se ha vivido un episodio hasta ahora inédito: el máximo intérprete de la Constitución ha parecido estar a punto de impedir una votación en el Congreso de los Diputados a través de la adopción de las medidas de extrema urgencia solicitadas por el

PP

en un recurso de amparo contra una reforma que afecta al propio alto tribunal.

Pero no ha rechazado las medidas cautelarísimas (cuya adopción se solicita sin escuchar a la parte con la que se discrepa), sino que ha pospuesto el debate a este lunes para dar más tiempo a los cinco magistrados de tendencia progresista a estudiar con detenimiento la documentación aportada y, en definitiva, el delicado asunto del que se trataba: si el Constitucional puede impedir la tramitación de unas enmiendas que le afectan directamente, porque cambian el sistema de validación de sus magistrados que designa el Gobierno y reduce la mayoría necesaria en el Consejo General del Poder Judicial para que haga lo propio con los suyos.

Cambio de mayorías

Ese relevo en el Constitucional, en el tercio cuya renovación tocaba en junio, se ha complicado por el bloqueo que se vive en el Consejo. Cuando se produzca, cambiará las mayorías que conforman el pleno del tribunal de garantías. De seis magistrados de tendencia conservadora (uno más se dio de baja en verano por no haberse podido recuperar del ictus sufrido el año pasado) frente a cinco progresistas, se pasará a siete de esta sensibilidad frente a cuatro conservadores, justo en un momento en que prácticamente toda la legislación promulgada por el Gobierno de coalición está pendiente de revisión por el TC.

Ello es debido a que el PP, pero sobre todo Vox, envalentonado por haber conseguido anular los estados de alarma decretados durante la pandemia, han ido impugnando las leyes según se iban publicando en el BOE. Entre las sentencias pendientes en el Constitucional destacan la de la 

eutanasia 

y el 

aborto

, que se ha convertido en el recurso más longevo, pero también la reforma educativa de la exministra socialista Isabel Celaá, la 

reforma laboral

 del Gobierno de coalición o la '

ley rider

'. También debe pronunciarse sobre las reformas de la ley orgánica del poder judicial por la que se prohibió al Consejo hacer nombramientos mientras esté en funciones y luego se le dejó hacer solo los del Constitucional para que el Gobierno de 

Pedro Sánchez pudiera hacer los que le corresponden.

Cambios propios

Precisamente, el recurso de amparo del PP, para cuya admisión a trámite se ha reunido con urgencia el Constitucional este jueves, es otra reforma de esa ley. En este caso establece que la mayoría del Consejo no sea de tres quintos para elegir a los dos magistrados que le tocan. Se ha introducido vía enmiendas en la ley que incorpora diversas disposiciones transitorias europeas y reforma el Código Penal para derogar el 

delito de sedición

.

Está acompañada por una reforma de la norma que regula el funcionamiento del propio TC para que este no tenga que validar en un pleno los nombramientos del Ejecutivo, ante el temor de que el tribunal de garantías se demorara demasiado en permitir la toma de posesión del exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de la Moncloa Laura Díez.

Se da la circunstancia que cuando el presidente González-Trevijano y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, tomaron posesión acordaron reducir lo más posible las tensiones que en ciertos momentos se habían vivido en el tribunal y llevar al pleno los asuntos previamente discutidos entre las dos sensibilidades para evitar transmitir una imagen de división.

En esa línea también decidieron no llevar a pleno ningún asunto conflictivo para que fuera el Constitucional con su nueva composición el que los resolviera, una posición por la que González-Trevijano fue criticado desde la derecha por dejar de cumplir con su misión institucional. De hecho, si hubiera llevado esos asuntos al pleno, habrían sido resueltos como decidieran los seis magistrados conservadores.

Este lunes veremos cómo se resuelve el primer asunto de envergadura al que se enfrentan y que dejará patente las posiciones antagónicas que defienden los dos sectores, como se ha visto con la convocatoria extraordinaria de carácter urgentísimo realizada por el presidente y el aplazamiento conseguido por los progresistas.