CHOQUE INSTITUCIONAL

El TC aplaza su decisión hasta el lunes y no suspende la votación del Congreso sobre su reforma exprés

El presidente González-Trevijano ha decidido el aplazamiento a petición de los cinco magistrados de sensibilidad progresista

Estudia un recurso del PP contra la tramitación parlamentaria de la reforma dirigida a acelerar la renovación del propio órgano de garantías

El TC verá en un pleno urgente la petición del PP de parar su reforma

El TC verá en un pleno urgente la petición del PP de parar su reforma

El Tribunal Constitucional (TC) no ha puesto finalmente impedimento a la votación este jueves en el Congreso de los Diputados de la reforma dirigida precisamente a acelerar su renovación. El pleno para decidir sobre este asunto se celebrará el próximo lunes "a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión" que deben adoptar, según han sostenido los cinco magistrados de sensibilidad progresista del tribunal.

Ante este argumento, al que se ha sumado el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, el presidente, Pedro González-Trevijano ha decidido aplazar la reunión y dar a los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel, Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer el "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto" y "de los escritos que han sido presentados" por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, en el que, además, se solicita la recusación del propio González Trevijano y de Antonio Narváez. Ambos serán relevados cuando tomen posesión los magistrados ya nombrados por el Gobierno.

IMPORTANCIA DE LAS RECUSACIONES

Fuentes del tribunal informaron que a la reunión asistieron los once magistrados que componen el pleno, que no llegó a tratar ningún asunto, ni siquiera las recusaciones presentadas y que será previsiblemente lo que primero que se abordará el lunes. Si los dos magistrados son finalmente apartados, quedarían para decidir cinco de sensibilidad progresista frente a cuatro del sector conservador, lo que hace augurar el rechazo de las cautelarísimas, al ser consideradas por los primeros como una interferencia en el trámite legislativo.

La convocatoria de este pleno ha supuesto una situación de tensión extrema en el órgano de garantías, y empieza con posiciones encontradas entre ambos sectores, con argumentaciones elaboradas tanto a favor como en contra de la adopción de las medidas cautelarísimas, pedidas por el PP.

Nunca antes ha estado sobre la mesa del Constitucional la posibilidad de paralizar un trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, como ocurre con la reforma de las leyes que regulan el Consejo General del Poder Judicial y el propio tribunal de garantías que el Gobierno ha puesto en marcha para acelerar la renovación de sus magistrados. La iniciativa de PSOE y Unidas Podemos fue introducida a través de dos enmiendas a la reforma del Código Penal que inicialmente solo iba a derogar el delito de sedición, y su votación estaba prevista para esta tarde.

Por lo que respecta a las recusaciones de Podemos, los morados las justifican en su escrito por ser precisamente dos de los magistrados que tienen el mandato caducado -junto con los que tiene pendiente designar el Consejo General del Poder Judicial- y ser los más directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley, "que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales y con la Constitución”, recoge el escrito.

La formación morada reclama, al igual que el PSOE, no suspender la tramitación parlamentaria, porque entiende que eso impediría “que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular”. En el documento remitido por el PSOE se reclama que se le dé "trámite de alegaciones" antes de adoptar una resolución porque, considera, podría suponer una "injerencia" y afectar a los derechos fundamentales de los diputados. "No existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo", argumenta.

DECIDEN SOBRE SU PROPIA REFORMA

La reforma planteada en el Congreso de los Diputados afecta directamente al propio órgano que tiene que analizarla. De aprobarse los planes del Gobierno, se reduciría a una mayoría simple la que precisaría el CGPJ para sacar adelante los dos nombramientos que le corresponden, y que sustituirán al magistrado conservador Santiago Martínez-Vares y al progresista Juan Antonio Xiol.

La otra parte de la reforma del Gobierno supone tocar la ley orgánica que regula el funcionamiento del propio Constitucional, y va dirigida a permitir que los magistrados que ha designado dentro de su turno el Gobierno -el ex ministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez- tomen posesión sin tener que esperar al Consejo. El camino para ello pasa por suprimir dos puntos de la ley reguladora del propio Constitucional que le otorgaban la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho órgano reúnen los requisitos legales para ello

VOX SE SUMA AL PP

Vox se ha sumado al PP y ha interpuesto un recurso de amparo solicitando al Tribunal Constitucional que suspenda la tramitación parlamentaria de las enmiendas. A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal ha señalado que, al tratarse de un "supuesto de urgencia excepcional", la corte de garantías debe suspender la tramitación. Agrega que el texto de la proposición de ley "supone en sí mismo una flagrante y notoria vulneración constitucional que fundamentará en caso de ser aprobada la vulneración constitucional" y que ya en este momento supone "la desarticulación de un órgano esencial en el sistema de controles y equilibrios del poder".

Tras conocer la decisión, fuentes del PP mostraron su respeto a la decisión del TC, si bien reconocieron que les hubiera gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones del Gobierno que, a su juicio, vulneran los derechos de los diputados de las Cortes Generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español. "Seguiremos combinando la acción política con la vía judicial para combatir los desmanes legislativos de un PSOE que ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido", añadieron.

PRECEDENTE IBARRETXE

Apenas hay precedentes de una decisión en este sentido, y ninguna, en el Congreso de los Diputados. Como asunto similar, se alude a la inadmisión, en 2004, de la impugnación de los acuerdos del Gobierno y de la Mesa del Parlamento Vasco que iniciaron la tramitación parlamentaria del denominado 'Plan Ibarretxe'. Se entendieron como recurso previo de un texto sin carácter legal.

Durante el 'procés', el PSC consiguió el 5 de octubre de 2017 suspender el pleno en el que se iba a informar de los resultados del referéndum ilegal del 1-O, pero no logró el 27 de octubre siguiente hacer lo propio con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), porque la votación ya estaba iniciada cuando llegó la impugnación al alto tribunal. El Constitucional también impidió la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat con carácter previo.

Con lo que si cuenta el TC es con jurisprudencia consolidada sobre el fondo del asunto, es decir, contra el uso desproporcionado por los partidos de enmiendas que se alejan del contenido del texto principal, como parece ser el caso. Es algo que incluso han advertido los propios letrados parlamentarios en la Mesa de la Comisión de Justicia en la que esta semana se tramita la reforma exprés.

En varias resoluciones dictadas por el tribunal desde 2011 se establece que en el ejercicio del derecho de enmienda debe respetarse una "conexión material mínima". Una de estas resoluciones, de julio de 2011, dio la razón al senador socialista Juan José Laborda y a otros 61 miembros de la Cámara alta respecto de unos acuerdos de la Mesa del Senado de 2003 por los que se admitieron varias enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Arbitraje. 

En dicha ocasión, los populares utilizaron esta técnica para introducir como delito la convocatoria de referéndums, para frenar el 'plan Ibarretxe'. El TC declaró que se habían vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario, al admitirse unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar.