El TC analiza en un pleno sin precedentes la posibilidad de suspender un trámite en el Congreso

Nunca antes ha estado sobre la mesa de Tribunal Constitucional (TC) la posibilidad de paralizar un trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, como es el caso de la reforma de leyes que regulan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio tribunal de garantías que el Gobierno ha puesto en marcha para acelerar la renovación de sus magistrados. La iniciativa de PSOE y Unidas Podemos fue introducida a través de dos enmiendas a la reforma del Código Penal que inicialmente solo iba a derogar el delito de sedición. Está previsto que sean aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados con la mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo de coalición.

En esta falta de precedentes radica la importancia del pleno del Tribunal Constitucional que se reunirá a partir de las diez de la mañana de este jueves, tan solo unas horas antes de que se vote la reforma en la Cámara Baja. El debate responde al recurso presentado por el PP este miércoles, que solicita la suspensión del trámite legislativo como medida cautelarísima, lo que quiere decir que debe ser resuelta sin consultar a las partes.

En el sector progresista del TC, que sigue siendo el minoritario en espera de la consumación de la renovación que precisamente busca acelerar la reforma impugnada, sorprendió la premura con la que el presidente, Pedro González-Trevijano, anunció la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente tan solo unas horas después de registrarse el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Las mismas fuentes apuntan que la petición del PP no se dirigía a dejar en suspenso la votación de este jueves en el Congreso, sino contra el procedimiento legislativo, al que aún le queda el trámite en el Senado. Por ello, cabía la posibilidad jurídica de que la decisión que puede dejar en el aire parte de la reforma impulsada por el Gobierno llegara más tarde de este jueves. De hecho, el TC tiene pendiente de resolver varias medidas cautelarísimas desde hace meses, según advierten desde el órgano.

Otros magistrados consultados aluden también a la complejidad de la decisión a adoptar, que "implica una injerencia sin precedentes en la autonomía del poder legislativo y requiere unos informes en profundidad de los letrados del Tribunal y un estudio por parte de los magistrados, que no puede hacerse de forma precipitada". 

En todo caso, fuentes del órgano señalan que se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo "y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por los recurrentes". Es decir, cabe la posibilidad de que la decisión se limite a la admisión o no a trámite del asunto, dejando una posible suspensión para más adelante en el caso de decidirse efectivamente dar trámite al recurso.

EL PP RECUPERA INICIATIVA

La convocatoria del pleno urgente es para el PP un pequeño éxito con el que recuperan la iniciativa tras días de intensas denuncias por las reformas legales del Gobierno y sin que estuviera muy claro el camino que tomarían. Según ha podido saber este diario, los populares decidieron dar el paso de presentar el recurso el martes. La iniciativa salió de la secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y la trabajó durante toda la jornada con asesores jurídicos. De hecho, ese día por la tarde, la diputada apareció en el Senado al término del pleno e intercambió unas palabras con Feijóo, a quien informó de los últimos pasos. Ahí cerraron los detalles. El día de trabajo continuó hasta tarde y al día siguiente, el miércoles por la mañana, el partido lo registró en el TC.

Los conservadores entienden que la mejor herramienta para hacer oposición en este caso era la del recurso. La petición de la medida cautelarísima la formularon, precisamente, pensando en que el tribunal de garantías lo abordara hoy por la mañana con el objetivo de que si atienden su petición, haya opciones de que la votación de la reforma exprés relativa a la justicia se congele. En Génova insisten en el “escándalo” que supone modificar la ley orgánica del Poder Judicial y del TC vía enmienda dentro de una reforma del Código Penal.

“Ante semejante ataque al orden constitucional tenemos que actuar”, repetía Gamarra el miércoles tras presentar el recurso. En el PP son conscientes de las dudas que genera el hecho de que se produzca una intromisión en el poder legislativo si se paraliza el trámite de las enmiendas.

Pero fuentes de la dirección del grupo parlamentario aseguran que la injerencia se podría percibir “igual o incluso superior” si el recurso se atendiera después de que la iniciativa se hubiera aprobado con mayoría suficiente en el Congreso. “Eso sería un escenario aún más complejo”, recalcan dentro del PP, porque ya se habrían pronunciado los grupos que representan la soberanía, por mucho que después necesite también el aval del Senado.

EL TC SOBRE SU PROPIA REFORMA

Otra clave de este asunto se encuentra en que la decisión pivota sobre frenar o no una reforma que afecta de forma muy directa al propio órgano que tiene que analizarla. De aprobarse los planes del Gobierno, se reduciría a una mayoría simple la que precisaría el CGPJ para sacar adelante los dos nombramientos que le corresponde, y que sustituirán al magistrado conservador Santiago Martínez-Vares y al progresista Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente del órgano.

La otra parte de la reforma del Gobierno supone tocar la ley orgánica que regula el funcionamiento del propio TC, y va dirigida a permitir que los magistrados que ha designado dentro de su turno el Gobierno —el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez— tomen posesión sin tener que esperar al Consejo. El camino para ello pasa por suprimir dos puntos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que otorgaban al propio TC la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho órgano reúnen los requisitos legales para ello.

JURISPRUDENCIA EXISTENTE

En cuanto a la decisión que debe tomar, el Tribunal cuenta además con jurisprudencia consolidada contra enmiendas que se alejan del contenido del texto principal, como parece ser el caso. 

Es algo que incluso han advertido los propios letrados parlamentarios en la Mesa de la Comisión de Justicia en la que esta semana se tramita la reforma exprés.

Así señala en varias resoluciones dictadas por el Tribunal desde 2011, en las que se establece que en el ejercicio del derecho de enmienda debe respetarse una "conexión material mínima". Dicho juicio de "congruencia material con el texto enmendado" fue mencionado, por ejemplo, en la sentencia dictada en 2020 con ocasión del recurso contra la denominada 'ley mordaza’.

Una de estas resoluciones, de julio de 2011, dio la razón al senador socialista Juan José Laborda y a otros 61 miembros de la Cámara alta respecto de unos acuerdos de la Mesa del Senado de 2003 por los que se admitieron varias enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Arbitraje. En dicha ocasión, los populares utilizaron esta técnica para introducir como delito la convocatoria de referéndums, para frenar el llamado plan Ibarretxe. El TC declaró al respecto que se había producido una vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario, pues se admitieron como enmiendas de unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar.