El PSOE zanja la reforma de la malversación sin ningún debate en la Ejecutiva Federal

La reforma del delito del malversación, una de las decisiones más controvertidas de Pedro Sánchez, que junto a la eliminación de la sedición aspira a rebajar las condenas de los independentistas del 1-O, pasó este lunes sin pena ni gloria por la reunión de la Ejecutiva Federal. La presencia del jefe del Ejecutivo y secretario general, que no preside todas las citas, no sirvió para propiciar un debate, a pesar de que los propios socios de Gobierno, Unidas Podemos, han afeado a los socialistas la medida y de que la mitad del PSOE tiene el miedo metido en el cuerpo por las consecuencias electorales que pueda provocar. En muchos territorios dan ya por supuesto que "hay coste a corto plazo".

Ni hubo explicaciones ni se pidieron aunque en el partido ha cundido el temor a que el electorado no lo entienda, porque supone una nueva concesión a ERC y aborda un tema tan sensible como la corrupción. Según fuentes socialistas, en la Ejecutiva Federal se cuenta "lo mismo que fuera", que es "complejo" pero "necesario para equipararnos a Europa". Aunque este el argumento que se esgrime para la sedición, que ahora se sustituye por uno de desórdenes públicos agravados, vale también para la malversación.

En un acto este domingo en Barcelona, el presidente del Gobierno ya defendió que sabe que "las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otras, no hay otro camino". " Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados, y es lo que estamos haciendo", señaló. Esta es la posición oficial. Sánchez no avanzó ni un milímetro y tampoco se le reclamaron aclaraciones. Uno de los dirigentes que, por autoridad y gusto por el debate, que podría haberlo hecho, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no se encontraba presente.

La reforma, tramitada de manera exprés en el Congreso, será definitivamente aprobada este jueves. A las enmiendas de ERC para cambiar el delito y distinguir si existe o no lucro personal, los socialistas han presentado una transaccional que deja en un máximo de cuatro años, de los doce actuales, el destino irregular de fondos públicos "si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado".

Para el Gobierno, sus puntualizaciones evitan que los condenados por otros casos de malversación se beneficien de la rebaja de penas y, además, no deja sin castigo lo que sucedió con la celebración del referéndum ilegal y el desvío de dinero público. Algo que ERC no comparte, ya que con el cambio considera estos hechos totalmente despenalizados. Ahora queda en manos de los jueces dirimir a quién y cómo afecta.

La inquietud en las federaciones socialistas era que conlleve una reducción de penas similar a la que han obtenido los delincuentes sexuales con la aplicación de la ley del 'sí es sí'. Moncloa lo niega y así se lo ha garantizado la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los barones y secretarios generales del partido en los últimos días.

CATALUÑA DIVIDE AL PSOE

Las dudas sobre la redacción final han mantenido a la mayoría de los dirigentes en silencio, pese a que el malestar con este asunto trasciende a los barones más críticos como Emiliano García-Page, que este martes da una rueda de prensa, o Javier Lambán. Pero la promesa de que es sólo un traje a medida de los condenados y procesados por el 1-0, sin otras consecuencias judiciales, parece haber tenido ya un efecto balsámico .El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ve ahora la reforma del delito de malversación, tras los retoques del PSOE, en "el camino correcto" porque "parece que está garantizado" que "los corruptos no se pueden ver mejorados por esta situación".

Una parte del PSOE se muestra en sintonía con los intentos de Sánchez de desinflamar el conflicto catalán, incluso con cambios tan controvertidos. En otros territorios hay más dudas. En Andalucía no se percibe igual. Se restó importancia a eliminar la sedición porque Cataluña ha desaparecido del foco pero sumar la malversación se contempla como una apuesta más arriesgada. En Castilla-La Mancha y Aragón, ni Page ni Lambán han ocultado nunca su oposición a la dependencia de ERC ni la apuesta por la desjudicialización.

Se da por seguro que en las próximas horas habrá críticas pese a los esfuerzos de Ferraz de contener el malestar. Pero el verdadero termómetro de si tiene o no coste electoral será su aplicación real, cuando los tribunales comiencen a aplicar las reducciones de pena.