El pacto penal entre Sánchez y ERC devuelve la división del PSOE al primer plano

Emiliano García-Page estaba este martes muy enfadado. El presidente de Castilla-la Mancha suele ser crítico con la política territorial del Gobierno central, pero nunca hasta ahora había sido tan contundente. Un día después de que el PSOE y ERC pactaran la rebaja de la malversación, de la que en principio podrán beneficiarse los encausados por el ‘procés’, y de que los republicanos volvieran a apostar por un referéndum independentista en Cataluña, Page dijo sentirse “dolido como español y militante socialista”, acusó a Pedro Sánchez de no ser “coherente”, sostuvo que no resultaba “tolerable pactar con delincuentes su propia condena”, se quejó de haberse enterado de todo “por la prensa” y aseguró que los ciudadanos “no olvidarán” esta reforma penal. “Que no nos tomen por tontos”, concluyó 

A cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas, la división ha vuelto al PSOE, quizá más que nunca desde que Sánchez llegara a la Moncloa, en 2018. Algunos dirigentes socialistas, la amplia mayoría, expresan en privado su incomodidad con este cambio normativo, que también deroga el delito de sedición, sustituyéndolo por un nuevo tipo de desórdenes públicos. Otros expresan con mucha suavidad sus críticas, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. Y por último están quienes las airean sin apenas filtros, como Page y el aragonés Javier Lambán. 

En la Moncloa y en la dirección socialista intentan quitar hierro a los ataques de los barones. Los colaboradores de Sánchez en el Gobierno minimizan el impacto electoral del pacto con ERC en los comicios de mayo y ensalzan la trascendencia del acuerdo. "Estamos tomando decisiones pensando en recuperar la concordia y el tiempo nos está dando la razón. No queremos volver a la Cataluña de 2017. Desde que Pedro Sánchez es presidente, en Cataluña se cumple la ley”, dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aludiendo al referéndum del 1-O. 

Pese a las continuas preguntas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez evitó valorar las palabras de Page, algo que sí hicieron en Ferraz, la sede central del PSOE. “Lo cierto es que Lambán y Page afectan muy poco. No resulta agradable, pero se da ya por descontado lo que van a decir. Para seguir generando titulares, cada vez tienen que exagerar más”, señalaron fuentes de la dirección socialista.

La credibilidad

Pero el Gobierno se enfrenta a un problema de credibilidad, después de haber negado cualquier negociación con ERC sobre la rebaja de la malversación. El Ejecutivo se esfuerza ahora por dejar claro que el referéndum que defienden los republicanos, por el que se podría declarar la independencia de Catalunya si la participación es superior al 50% y los votos a favor representan al menos el 55% del total, no se va a celebrar bajo ningún concepto. 

Tanto Rodríguez, desde la Moncloa, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en TVE, marcaron una consulta de este tipo con una clarísima línea roja. "El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar, ni por la vía pactada ni por la unilateral. Tampoco es una solución porque es divisivo y solo cronificaría el conflicto”, dijo Bolaños. “Se trata de la agenda de ERC, la suya. Y es contraria a la Constitución”, añadió Rodríguez poco después. 

Pero sus palabras fueron recibidas con desconfianza. No solo entre las filas republicanas, sino también en partes del PSOE. “Estamos acostumbrados. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum”, dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. En el otro lado, Page anunció que impulsaría una iniciativa legislativa para impedir referéndums ilegales como “vacuna contra cambios de opinión”.