La presunta trama de corrupción que acabó con un concejal y 12 empresarios en Córdoba

El caso Infraestructuras es, sin duda, la polémica más sonada del actual mandato municipal, cuyo gobierno ostentan PP y Cs. Las redes que se tejen en torno a esta causa no son pocas ni fáciles de entender, pero las informaciones continuas son claras. La última de todas ha sido la detención de David Dorado y de 12 empresarios por supuestas irregularidades a la hora de adjudicar contratos desde el área de Infraestructuras.

Dorado inició este mandato siendo una de las caras más conocidas de Cs y ostentando cargos de relevancia en ese cogobierno, el más importante, precisamente, el de responsable de la delegación que ahora tiene todos los focos. Sin embargo, a finales de noviembre de 2021 el alcalde, José María Bellido, decidió retirarle las competencias, aunque lo mantuvo en el equipo de gobierno.

Dorado no estaba procesado por ninguna causa, pero sí estaba en el punto de mira. Ahí lo colocó IU, concretamente la fallecida Amparo Pernichi, que destapó esta presunta trama de corrupción. En febrero del año pasado, este grupo municipal, al que luego se uniría Podemos, alertó de un posible fraccionamiento de contratos en obras en la avenida de Libia. Además, a petición del alcalde, el titular de la asesoría jurídica municipal realizó un informe sobre contratos menores de la delegación en 2020, que engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró, considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos. 

Hasta la detención de Dorado y de los empresarios, solo había dos personas directamente señaladas dentro de la investigación, la excoordinadora general de Infraestructuras (también apartada de su cargo) y un técnico. Ahora, es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la que considera posibles responsables de varios delitos (cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, así como pertenencia a grupo criminal) a los 13 arrestados y por eso los detiene, dejándolos más tarde en libertad con cargos.

Otra causa en los juzgados

Pero el caso Infraestructuras no se queda aquí. Hay una segunda causa en los juzgados, en esta ocasión, denunciada por el propio David Dorado, que encargó una auditoría externa para que investigara contratos que se remontan a varios mandatos anteriores. Cabe decir que el perito encargado de hacer dicha auditoría ha manifestado ante la Fiscalía en varias ocasiones que gran parte de la información que puso en el documento fue proporcionada por el mismo Dorado.

La única responsabilidad política que, de momento, se ha cobrado este terremoto en Capitulares ha sido la de Dorado. Pese a no tener competencias, hasta agosto de este año el edil era el portavoz de Cs en el Ayuntamiento. En una jornada cuanto menos rocambolesca, a finales de agosto, Dorado renunciaba por la mañana a la portavocía de los naranjas para, ya por la noche, decir que revocaba dicha decisión a petición del partido. Tras varios cruces de acusaciones tanto con el alcalde como con quienes fueron sus compañeros de bancada, Dorado pasó a ser edil no adscrito, posición que a día de hoy sigue ostentando.

De momento, Dorado no ha hablado de su detención ni ha dicho si dejará su acta de concejal, tal y como le han pedido PP y Cs. El arresto, en cualquier caso, no afecta ni a su actividad política ni al acta, ya que se trata de una medida cautelar. Solo la inhabilitación por sentencia le obligaría a renunciar a la misma. Dado que, además, no pertenece a ningún partido (Cs le abrió expediente disciplinario), tampoco tiene que someterse a ningún código ético de ninguna formación.