La cruzada de la Santísima Trinidad del PP, el Poder Judicial y el Constitucional

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, convoca este lunes 12 de diciembre un Pleno extraordinario para el próximo miércoles 14 en respuesta a la solicitud de nueve vocales del sector conservador, el pasado viernes, para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), elección que ellos mismos vienen bloqueando desde el pasado 13 de septiembre.

Mozo escuchará primero este lunes a los vocales en diferentes encuentros en la sede de la madrileña calle de Marqués de la Ensenada. Pero, según fuentes consultadas por El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, su decisión es de respeto al reglamento del CGPJ -cuando cinco vocales lo solicitan se debe convocar el Pleno- y, aunque ya hay un Pleno ordinario el 22 de diciembre en el que se iba a elegir a los dos magistrados, citará el Pleno extraordinario este miércoles 14.

Mozo, pues, habrá adoptado la posición contraria a la de su homólogo, el presidente caducado del Constitucional, Pedro González-Trevijano, quien el pasado 30 de noviembre incumplió la norma interna cuando tres magistrados le solicitaron que convocara un Pleno para verificar a Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombramientos realizados por el Gobierno en el TC. González-Trevijano, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio, se resiste a abandonar el tribunal de garantías y se coordina, a su vez, con el sector conservador del CGPJ.

"Ya hemos visto que en el TC se incumplió el reglamento. Pero ello no puede ser nuestra referencia institucional", dijo a este periódico una fuente próxima a los vocales progresistas del CGPJ.

El triángulo conservador

Si el triángulo es el símbolo ancestral de la Santísima Trinidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora, en la España golpeada constitucionalmente con el respaldo del Partido Popular que preside Alberto Nuñez Feijóo, ese triángulo lleva en cada una de las tres puntas las siglas respectivas: el PP en el vértice, y en cada una de las otras dos que forman la base se sitúan los sectores conservadores del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

No siempre, todo hay que decirlo, las instrucciones proceden del vértice, no. Pero su adaptación/asimilación a las presiones es fundamental para mantener la estructura del triángulo.

Los sectores conservador y progresista aprobaron el pasado 8 de septiembre, con el apoyo del entonces presidente Carlos Lesmes un reglamento para elegir a los dos magistrados que le corresponde en el TC, como si este GGPJ no llevase haciendo nombramientos después del 4 de diciembre de 2013 -los vocales llevan nueve años en sus puestos y fueron elegidos por cinco-, pero la derecha del Poder Judicial se saltó el plazo legal del 13 de septiembre dispuesto por la ley Orgánica de 27 de julio de 2022.

Las razones esgrimidas: desinterés por ir al TC de los magistrados del Tribunal Supremo -de donde salen los que suele elegir tradicionalmente el CGPJ- y, además, compromisos jurisdiccionales personales de algunos vocales que son magistrados para mantener reuniones de negociación.

El sector progresista presentó cinco candidatos. Pero los conservadores, sin presentar ninguno -según adujeron nadie tenía interés- objetaron: ¿por qué los progresistas no se reunían y decidían un solo candidato para facilitar las cosas?

Pues eso hicieron: nombraron candidato al magistrado Juan Manuel Bandrés, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Reune todos los requisitos profesionales pactados en el reglamento.

Pero los conservadores dijeron que, si bien no hay motivos de veto, sugirieron, directa o indirectamente, que de la lista inicial de los cinco progresistas se resucitara a uno: el magistrado Pablo Lucas, también de la Sala Tercera del Supremo.

Lucas, como dice una vocal del CGPJ que prefiere mantener su nombre en reserva, es una persona tolerante y civilizada; y es verdad que no forma parte de la derecha recalcitrante disciplinada, pero de ahí a que sea progresista hay una distancia considerable.

Bloquear la elección

El caso es que el sector progresista reafirmó varias veces la candidatura de Bandrés sin que a su vez el conservador pusiera sobre la mesa de negociación, aparte de la preferencia por Lucas, su "propio" candidato. Por ejemplo, un Pablo Llarena.

Era evidente, pues, que el PP y el sector conservador del CGPJ -10 vocales desde la deserción de Lesmes- estaban utilizando pretextos consecutivos para bloquear la elección de los dos magistrados.

Ello y la negativa de González-Trevijano a convocar el pleno de verificación o plácet para los dos magistrados propuestos por el Gobierno, llevó al Ejecutivo a promover una reforma legal dirigida a desactivar los bloqueos cuando se trata de maniobras deliberadas que obstruyen la renovación en plazo de los órganos constitucionales.

Para ello se promueve, cuando tengan lugar dichos "retrasos', un cambio de la actual mayoría reforzada de 3/5 (11 vocales en el CGPJ) por la de mayoría simple y que cada uno de los vocales proponga un sólo candidato. Ello garantiza que saldrían elegidos un magistrado por el sector conservador y otro por el progresista. Y además se tipifican penalmente las conductas obstruccionistas.

La reforma también habilita a elegir a los magistrados del TC por sextos en lugar de tercios, para evitar que, como sucede ahora, el sector conservador del TC se apoye en el pretexto de que el CGPJ no ha nombrado a sus dos magistrados para ningunear a los que ha designado el Gobierno.

Cruzada de rebelión

Retrasos en la elección de magistrados del TC se han producido en el pasado por dilaciones en negociaciones sobre candidatos del Congreso o el Senado. Pero nunca en el caso de los magistrados que nombraba el Gobierno que, junto con los designados por el CGPJ, eran sometidos al Pleno de verificación.

Mariano Rajoy nombró en 2013, año y medio después de llegar a La Moncloa, sus dos candidatos. Y Pedro Sánchez ha designado a los magistrados del Gobierno dos años y once meses después de hacerse con las riendas.

Es la Constitución la que establece que los cambios de mayoría social deben reflejarse en el TC.

Pero la gravedad de lo que está ocurriendo es esta: la Santísima Trinidad se resiste precisamente a reconocer esa mayoría social y su reflejo en el TC al gobierno de Pedro Sánchez, contra el que de facto ha lanzado una cruzada de rebelión.

Los golpistas de esa Santísima Trinidad denuncian las reformas adoptadas por el Gobierno para defenderse del incumplimiento de la ley, omitiendo, a través de los medios del sindicato mediático-judicial respaldado por el PP, el contexto de las mismas, como si fueran un rayo en cielo sereno provocado por la dictadura social-comunista-filoterrorista que Gobierna España.

El sector conservador del CGPJ, liderado por el vocal José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, abandonó el viernes de urgencia su estrategia de dilación continuada para exigir ante las citadas reformas legales impulsadas por el Gobierno la convocatoria del Pleno extraordinario.

¿A qué apunta ahora? Primero. se trataría de escenificar el frente contra las medidas que impulsa el Gobierno. Pero ¿y sobre los magistrados a elegir? Entre las hipótesis que se barajan está la de intentar reunir los 11 votos necesarios para forzar a dos candidatos conservadores en lugar de uno conservador y otro progresista.

Pero han sido nueve los vocales que han solicitado el Pleno extraordinario. Un vocal conservador, Vicente Guilarte, como ya es su norma, no se ha sumado y parece ir por libre, favorable, sobre todo, a que se elija su amigo Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera del Supremo y presidente del Supremo desde la dimisión de Lesmes.

Sacar adelante un objetivo de conseguir en el CGPJ dos magistrados conservadores para el TC requeriría 11 votos. La derecha, pues, necesitaría dividir al grupo progresista y pescar -si se cuenta a Guilarte cerrando filas- un voto en dichas aguas para lograr los 11 necesarios.