La ley de trata contempla cárcel para los puteros y protección para las víctimas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, una norma que estaba pendiente desde que Carmen Calvo era la anterior ministra de Igualdad, allá por 2018. La aprobación de la norma no ha sido sencilla, dada la complejidad de perseguir un delito con ramificaciones internacionales y las diferentes propuestas gubernamentales. Igualdad había propuesto una ley centrada exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual. Justicia, por su parte, había apostado por una ley integral contra todos los tipos de trata -también el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud o el tráfico de órganos-, que finalmente ha sido la que ha visto la luz.

El texto legal, aprobado en primera vuelta, aborda "conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata" y, en este marco, contiene medidas novedosas contra la explotación sexual, que es la modalidad de trata más extendida. Así, contempla penas de uno a cuatro años para los puteros, en un artículo que queda redactado así, según el borrador legal aprobado por el Gobierno y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica: "Quien sin haber intervenido como autor o partícipe haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima" de trata con fines de explotación sexual (y el resto de fines) "será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años".

No obstante, quedará "exento" del castigo quien haya acudido a la prostituta que esté siendo explotada "ocasionalmente" y denuncie la situación a la autoridad antes de la apertura de las diligencias policiales. Será sancionado también con hasta cuatro años de prisión quien promueva la explotación a través del alquiler de un local o vivienda para las víctimas. Estas medidas van en la línea de la abolición de la prostitución que defiende el PSOE y que ha incluido en su ley contra el proxenetismo, que ya está en las Cortes e incluye multas contra los puteros. No obstante, habrá que ver cómo acaba la negociación porque 

Unidas Podemos se opone a aprobar nuevas multas que puedan tener consecuencias negativas para las mujeres que ejercen la prostitución.

La negociación

La formación morada es más partidaria de ayudar a las víctimas con planes de inserción (estrategia que ya ha sido aprobada) y permisos de residencia, dado que la mayoría son extranjeras. Por ello, ha estado batallando, a través del Ministerio de Igualdad, hasta el último momento para que la ley incluya la posibilidad de que las víctimas 'sin papeles' puedan acceder a la residencia en España, así como a un permiso de trabajo, sin necesidad de colaborar con la policía o denunciar. Muchas de ellas tienen miedo de sus explotadores, por ellas y por sus familias, y no se atreven a interponer una denuncia. Por ello, finalmente el texto señala que el acceso a las ayudas y los derechos no se vincula a la interposición de denuncia mientras que la obtención de la residencia solo se prevé por circunstancias excepcionales o si colaboran en el proceso penal.

La negociación entre Justicia e Igualdad ha durado hasta el último momento pero finalmente el texto aprobado cuenta, en términos generales, con el visto bueno de Igualdad, según fuentes gubernamentales. El clima para el entendimiento no era propicio dada la tensión entre los dos socios que en las últimas horas han provocado los choques por la 'ley trans' y la ley de familias, pero finalmente ha sido posible llegar a una aproximación.

En este contexto, la ministra de Justicia, 

Pilar Llop

, ha destacado “el esfuerzo coordinador realizado por Justicia”, ya que el texto ha sido copropuesto con los ministerios de Igualdad, Interior e Inclusión y ha recibido aportaciones de otros nueve ministerios. Asimismo, ha subrayado que el texto legal "supone un antes y un después en el compromiso con los derechos humanos y en la lucha más eficaz contra las mafias de la explotación", además de poner "en el centro a las víctimas".

La protección

Con carácter general, la ley les reconoce el derecho a una protección y asistencia especializada, en un idioma que puedan comprender desde el momento de la detección -se crea un órgano encargado de la inmediata derivación- y durante el tiempo que fuera necesario. Se les reconoce también el derecho a la privacidad, a la asistencia jurídica gratuita, a la inserción social y laboral, al ingreso mínimo vital y a la vivienda. Igualmente se les reconoce el derecho a la reparación y a una compensación económica en forma de indemnización.

Asimismo, la norma incide en la prevención y la sensibilización con medidas de formación en el ámbito educativo, sanitario, de publicidad y de los medios de comunicación.