CRISIS INSTITUCIONAL

El Supremo rechaza anular el nombramiento del suplente de Lesmes mientras persiste el bloqueo para el Constitucional

  • Los vocales conservadores del CGPJ siguen bloqueando la renovación del TC. La última reunión concluye sin acuerdo y el Pleno de este jueves no podrá abordar esta cuestión.

  • Tras conocer la decisión del alto tribunal, el vocal que impugnó el nombramiento de Mozo desiste de su recurso, pero queda pendiente el presentado por el secretario del Consejo.

El Supremo rechaza anular el nombramiento del suplente de Lesmes mientras persiste el bloqueo para el Constitucional
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Después de negarse a aceptar la renuncia planteada por el magistrado Juan Manuel Bandrés, el Supremo se ha ocupado este jueves de los recursos presentados contra la designación de Rafael Mozo como presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su conclusión ha sido que no procede anular su nombramiento de forma cautelar, así que de momento seguirá la bicefalia en la cúpula judicial, con un presidente en el CGPJ y otro en el Supremo, según informó el propio alto tribunal.

Bandrés había presentado su abstención después de que el secretario del Consejo, José Luis de Benito, apuntara a un posible conflicto de interés con este magistrado por ser el candidato de los vocales progresistas del órgano para renovar el Tribunal Constitucional (TC). En relación con este asunto, el auto que redactará el Tribunal Supremo llevará un voto particular de la magistrada Celsa Pico, favorable a la abstención.

La sección sexta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por Bandrés, Pico, Eduardo Espín, José Antonio Montero y Octavio Juan Herrero, ha sido la encargada de valorar el acuerdo que elevó a Mozo a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. Esta petición para anular la Presidencia de Mozo fue planteada por uno de los vocales del órgano, Wenceslao Olea, y por el propio De Benito.

EL VOCAL QUE RECURRIÓ DESISTE ANTE LA DECISIÓN DEL SUPREMO

Una vez conoció esta decisión, Olea ha desistido de su recurso. Ha presentado un escrito ante la Sala en el que solicita que se acuerde la terminación de su recurso por desestimiento, aunque el alto tribunal deberá decidir sobre el fondo en todo caso porque aún está pendiente la petición de De Benito. La cuestión sobre si esta parte está legitimada para impugnar el nombramiento de Mozo se resolverá en sentencia, según fuentes del alto tribunal consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La designación de Mozo como suplente, por ser el vocal de mayor edad, supuso implantar una 'bicefalia' en el Poder Judicial no contemplada hasta dicho momento, ya que el presidente elegido para el CGPJ lo es también del Tribunal Supremo. Desde la salida de Carlos Lesmes, Mozo fue designado para el órgano de gobierno de los jueces, mientras que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce en funciones la Presidencia del alto tribunal.

SIGUE EL BLOQUEO CONSERVADOR PARA EL PODER JUDICIAL

Por otra parte, la negociación entre los interlocutores progresistas y conservadores del órgano de gobierno de los jueces para culminar la renovación pendiente del Tribunal Constitucional ha vuelto a concluir este miércoles en fracaso, si bien los vocales volverán a verse para abordar el asunto de nuevo en una semana, el 30 de noviembre. En todo caso, el Pleno del CGPJ convocado para mañana jueves ya no podrá sacar adelante esta cuestión, en contra de lo que pretendía el presidente suplente Mozo.

Los portavoces progresistas, Álvaro Cuesta y Roser Bach, y conservadores, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, han estado reunidos aproximadamente una hora una vez el Supremo despejó la incógnita de las cautelares presentadas contra el presidente suplente. No obstante, no se han producido apenas avances, pues los conservadores exigen poder vetar al candidato de los progresistas, que es Bandrés, y siguen sin poner nombres sobre la mesa.

En un comunicado, fuentes de este sector mayoritario en el CGPJ reprochan a los progresistas que no se acepte el "cambio metodológico" que ellos propusieron hace unos días, lo que supone que se niegan a valorar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos, y no meramente de un intercambio de un nombre por otro. "No aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos", lamentan.

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Fuentes de este sector señalan que, aunque aún no han hecho ninguna propuesta formal, esta parte del consejo maneja media docena de posibles candidatos para el Tribunal Constitucional, que son Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba.

Desde el pasado 12 de junio, el órgano de garantías está a la espera de que Gobierno y CGPJ nombren a los sustitutos de los cuatro magistrados cuyo mandato venció ese día y que forman el tercio que la Constitución encarga nombrar a Ejecutivo y Consejo. La renovación conllevará un vuelco en la sensibilidad mayoritaria del TC, que pasará a ser progresista.