CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La polémica del 'sí es sí' y el impuesto a los ricos avivan el malestar por la velocidad de hacer las leyes

  • A la reflexión sobre la forma en que se tramitó la ley del sí es sí, hecha por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a favor de trámites con más tiempo y más calma, se han unido una serie de protestas por el ritmo en que se ha debatido y votado el dictamen de la nueva ley de los impuestos a la banca y a los ricos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera y la ministra de Defensa, Margarita Robles (1d).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera y la ministra de Defensa, Margarita Robles (1d). / Eduardo Parra / Europa Press

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Una vez más, Aitor Esteban como termómetro. El portavoz del PNV ha afirmado este jueves en una entrevista en RNE lo siguiente: “Muchas veces pensar la ley con un poquito más de tiempo y más fríamente lleva a mejores resultados”.

En el Congreso van los diputados y las diputadas con los dientes apretados. Desde hace semanas es palpable el cansancio porque se acumulan los trámites legislativos, entre ellos el del proyecto de los presupuestos de 2023. Después de tres días de intensos debates y de laberínticas y eternas votaciones, la comisión correspondiente ha dejado hecho el dictamen. Esto es, el documento que a los números hechos por el Gobierno une los números propuestos por los grupos parlamentarios y aceptados por mayoría. Para que se hagan una idea, se han debatido alrededor de 4.000 enmiendas. A partir del lunes próximo, y hasta el jueves, el pleno hará la discusión y la votación definitivas.

Esto es un suplicio, y sí, es mucho trabajo. Si los presupuestos exigen a un grupo como el PSOE que alrededor de 100 de sus 120 diputados/as se impliquen en el proceso, agota imaginar cómo se las apañarán en Cs, que tiene nueve, o en EH Bildu, que suma cinco.

Por regla general, una semana como la que viene empezaba y terminaba con el trámite presupuestario del pleno. En 2022 no va a ser así. Cuando acabe ese pleno dedicado a las cuentas, se suspenderá la sesión y se anunciará la celebración de otro acto seguido. En el nuevo, que la Junta de Portavoces del Congreso formalizará este mismo viernes, sus señorías van a discutir y votar el dictamen de la nueva ley de los gravámenes a los bancos, a las eléctricas y del impuesto a los ricos. Además, la toma en consideración de una proposición para reformar el Código Penal y acabar con el contenido vigente del delito de sedición. Y habrá más puntos. 

Traducción a términos más mundanos, pero no por ello menos relevantes: el pleno del jueves próximo puede que termine entrada la noche. Semejante engorro, si la sesión empieza a las 15.00 horas, pues bueno, quizá consuele. Pero es que empezará a las 9.00 horas. ¿Doce horas de debate y votaciones ininteligibles? Es más que probable.

Un diputado vota 'no' durante una votación en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de noviembre de 2022, en Madrid (España). 

/ Carlos Luján / Europa Press

Pero la concatenación de noticias sobre los horarios y las agendas crean, más que malestar, resignación. Lo que crea malestar es la voluntad política que hay detrás de esta carrera contra el reloj. Malestar que se ha plasmado este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, en donde la mayoría del bloque de la investidura ha dado el visto bueno al dictamen de la proposición de ley. Lo ha hecho entre reparos por la velocidad con la que han visto la propuesta. El martes, informe en ponencia; el jueves, dictamen en comisión. Apenas 48 horas de negociaciones.

La tensión se ha elevado sobremanera cuando la oposición, toda ella, no sólo la de derechas, se encontró el martes con que el Gobierno, en virtud de la potestad para expresar disconformidad con enmiendas a proyectos normativos que supongan alteración de los ingresos estipulados en la ley presupuestaria, vetó 43 iniciativas de los grupos. Para PP y Cs fue un escándalo. Pero no sólo para ambos partidos. El PNV protestó también. Unas horas más tarde, ya el miércoles, el Ejecutivo comunicó que levantaba esos ‘vetos’ por el bien del debate y del clima parlamentario. Lo primero, a decir verdad, no es raro, pues lo han hecho todos los gobiernos y está en el reglamento, además; es lo segundo lo extraño, la rectificación en tan poco tiempo.

Un nuevo impuesto vía enmienda

Aparte de las apreturas temporales, la oposición, incluido algún partido que suele alinearse con el Gobierno, ha tropezado con una maniobra que no ha gustado mucho. No es ilegal, ni siquiera antirreglamentaria, pero no por ello deja de ser cuestionable.

La proposición de ley se ciñó, cuando se registró en septiembre, a la puesta en marcha de dos gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas. También aludió, en disposiciones adicionales, a cambios en otras normas para modificar otro tipo de impuestos o ampliar las exenciones fiscales de producciones cinematográficas. Pero en una enmienda de PSOE y Unidas Podemos, que en este trámite han ido y seguirán yendo de la mano, incluyeron otro gravamen a las grandes fortunas con patrimonio de 3 millones de euros o más. 

Registrar vía enmienda la propuesta de creación de un impuesto provoca que los demás grupos difícilmente puedan modificarla, sencillamente porque no disponen de tiempo para ello, y esto se lo han recriminado los grupos, en especial el PP y Cs, al Gobierno. Otras formaciones, como PDeCAT, también. 

Ha salido adelante, claro, porque la mayoría progresista del Congreso quiere que haya un impuesto así. Y sucede entonces que la voluntad política suplanta rigores formales. Cabe insistir: no es ilegal, o no lo parece, porque Cs ha anunciado por medio de su portavoz, Edmundo Bal, que va a pedir recurso de amparo al Tribunal Constitucional al quedar dañado, ha dicho, el derecho fundamental a la participación política. “Nos han pasado el rodillo”, ha denunciado. Sergio Sayas, ex de UPN, diputado del Mixto, ha usado la misma palabra.

En similares términos se ha manifestado Gabriel Elorriaga, del PP, aunque él ha usado expresiones como “artimaña” y “burdo ataque a la autonomía fiscal” de las comunidades.

Ferrán Bel, del PDeCAT, además de descalificar la maniobra del registro de una enmienda para configurar un nuevo impuesto, “una perversión del sistema”, ha destacado, ha puesto el acento en los tiempos. A su juicio, si el PSOE y Unidas Podemos hubieran presentado la proposición de ley cuando la anunciaron, antes del verano, hubiera dado tiempo a tramitar la iniciativa sin tanta estrechez, perentoriedad y urgencia. Es decir, “con calma”, ha asegurado. Y perfectamente habría entrado en vigor el 1 de enero de 2023, que es cuando quiere el Gobierno tenerla en el BOE.

Más comedida, Idoia Sagastizabal, del PNV. “El procedimiento que hemos vivido ha sido inaudito por las formas. Primero, anuncio precipitado; luego, dar encaje a la proposición de ley, con lo que se ahorran la memoria de impacto normativo o los informes de los órganos consultivos cuando el objetivo es garantizar la calidad normativa. Quizá hubiera sido mejor una planificación más estructurada y planificada”, ha relatado.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, observa su móvil en el hemiciclo del Congreso, durante el pleno de la semana pasada

/ EFE/Mariscal

Volvamos a Aitor Esteban, jefe de Sagastizábal. 

Sosiego antes que velocidad

Es probable que sea una cuestión de calma y de pausa. De ir más despacio. El portavoz del PNV, en la entrevista de RNE, ha reconocido que al Parlamento se le pasó la ausencia de una disposición transitoria que atajara lo que está sucediendo ahora con la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí': que al bajar las horquillas mínimas de los delitos sexuales en el Código Penal, varios condenados están viendo cómo sus castigos se rebajan.

Esteban ha advertido cierta preocupación por “las prisas” que para legislar tienen algunos ministerios, “sobre todo los de Podemos”, ha dicho. Ya sucedió con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que no contaba, cuando se aprobó la ley, con la infraestructura burocrática adecuada. 

Si bien ha subrayado que “la ley del 'sólo sí es' sí se sacó con el voto” de una amplia mayoría parlamentaria, más de 210 votos en el Congreso, en mayo, el portavoz del PNV ha hecho la siguiente consideración: “Pensamos que el Gobierno lo habría ajustado mejor, pero falta la disposición transitoria y lo mejor es que desde el Legislativo no se deje opción de tomar ese tipo de decisiones. Esto merece una reflexión entre todos”.

Sabe Esteban que esa reflexión, si llega a hacerse, no estará acompañada por la calma, la mansedumbre, la pausa. Como ha recordado en la radio pública, “hay elecciones en mayo”.

En defensa del trámite exprés

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Para el PSOE y para Unidas Podemos, las protestas de la oposición, la de derechas en concreto, por la perentoriedad en el trámite tienen que ver con su incapacidad para revertir un debate meramente político. Están en contra de los gravámenes a banca y eléctricas, y también del gravamen a las grandes fortunas, y querrían rechazarlos, pero no pueden. El secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, se ha pronunciado de esta manera: “¿Tenemos prisa por sacar esta ley? Muchísima. Es la prisa que tiene el pueblo español por empezar a ver que pagan más los que más tienen y que los servicios se financian con las capacidades necesarias”.

En representación del PSOE, Pedro Casares ha acusado al PP, a Vox y a Cs de poner énfasis en las formas del trámite para “evitar hablar del fondo”. Quejas que no tienen fundamentación. Ha habido ponencia, ha habido comisión, habrá pleno la semana que viene y habrá ponencia del Senado, comisión del Senado y pleno del Senado. Y todo esto es cierto. Pero también lo es que tramitar leyes en mes y medio aumenta la probabilidad de errores y despistes.