Igualdad culpa a los medios de la alarma social y pide no informar sobre peticiones de "abogados de violadores"

El Ministerio de Igualdad culpa a los medios de comunicación de la alarma social generada por el efecto de la ley del sí es sí, que ha permitido múltiples de rebajas en penas a agresores sexuales, y ha provocado una cascada de peticiones de revisiones de sentencia. La delegada del Gobierno sobre Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido a no informar sobre estas peticiones porque "son parciales" y las realizan "abogados de violadores que quieren ver reducidas sus penas".

"Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden revisar sentencias, como cuando en su día pedían absoluciones y sus clientes están condenados", ha señalado la magistrada, que ha insistido en que "las defensas piden algo parcial" y ha lanzado una sugerencia a los medios de comunicación. "Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres", ha insistido, antes de recordar que "lo piden abogados de violadores que quieren menos penas". Entre las últimas peticiones está la del abogado de los miembros de La Manada, que fueron condenados por abuso sexual -y no por agresión-, generando una reacción social que sirvió de germen para la norma.

La dirigente ha hecho referencia al "alarmismo propiciado por las defensas y por la inseguridad de tener criterios [judiciales] dispares entre sí". "La reforma de códigos penales tienen un periodo de adaptación que dura unas pocas semanas, y lo estamos viviendo con cierto alarmismo comunicativo y social". "Sin tanto alarmismo veremos cómo quedan al final los autos".

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Rosell ha insistido en cerrar filas con "esta magnífica ley de garantía sexual". Ha asegurado que las rebajas de penas se han producido "no por falta de ningún elemento en la ley o errores en la tramitación", sino por"errores judiciales claros". "Los errores que hay de aplicación no pidan por favor que los corrija el Gobierno", ha señalado, preguntada sobre posibles modificaciones legislativas. "Esperemos que hable el Ministerio Fiscal". La dirigente ha pedido esperar a que se pronuncien tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía instando a que emita una "nota o una circular" donde pida a los jueces a aplicar la legislación en el sentido favorable al Gobierno.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha defendido que  “Esta norma ha supuesto un cambio de esquemas y no de penas”, y ha vuelto a pedir "tiempo" para que se asiente la jurisprudencia, y ha pedido "calma y sosiego", abriéndose a un debate "legítimo". "Esto va a requerir de un tiempo y un debate que es legítimo y queremos hacer un llamamiento para que se dé con calma y sosiego, puesto que es un tema de especial relevancia, y también para la especial protección de las víctimas que puedan sentir que esta herramienta no es todo lo segura que quisieran. Lo es", ha concluido, antes de apelar al poder judicial para que la interpretación "se pueda hacer con otra mirada que sea más atenta y tenga el sesgo específico para poder observar esos delitos".