LEY DEL SÍ ES SÍ

La crisis del 'sí es sí' dinamita el capital político de Irene Montero en su impulso como candidata

La ministra de Igualdad es condición de posibilidad para que Podemos vaya en solitario a las elecciones generales, pero sus posiciones quedan debilitadas

Irene Montero

Irene Montero / EFE

Una crisis reputacional de primer orden en el peor momento posible. Irene Montero ha emergido en las últimas semanas como una alternativa a Yolanda Díaz para liderar una candidatura de Podemos para las elecciones generales, pero los efectos de la ley del sí es sí, con la rebaja de condenas de agresores sexuales, amenazan ahora sus posiciones. La reacción de la ministra de Igualdad al goteo de revisiones judiciales ha sido, lejos de asumir algún defecto de redacción, la de culpar al "machismo" de los jueces y pedir a la Fiscalía que emita una instrucción para guiar a los jueces en la interpretación de la norma. La crisis ha estallado en un momento especialmente delicado en el espacio y ha contribuido al descrédito de la cara más visible de Podemos, que ahora ve comprometido su capital político dentro del Gobierno.

La respuesta de Podemos ha sido cerrar filas con Montero, en una estrategia ha sido encabezada por el ex secretario general del partido y pareja, Pablo Iglesias. El nerviosismo es patente en la organización, donde sus principales dirigentes han continuado esta férrea defensa, tratando de blindar a la dirigente y de contener el desgaste. Y es que Montero es la cara más visible de la formación y la principal baza electoral que tienen para aglutinar a los suyos. Es, en definitiva, una condición de posibilidad para que Podemos compita con Díaz en las generales y un elemento necesario en las futuras negociaciones con la vicepresidenta, donde buscarán imponerse para liderar el espacio de izquierdas. En estos momentos sólo se presenta otra figura que pudiera ejercer el papel de candidato, y es precisamente Iglesias. Pese a anunciar su salida de la política activa hace un año y medio, el dirigente sigue apuntalando las líneas a seguir en las filas moradas y en los últimos días ha vuelto a cobrar protagonismo dentro de la organización.

Ahora, parte del futuro político de Irene Montero se dirime ahora en el Tribunal Supremo, que tendrá que sentar jurisprudencia sobre las reducciones de condena. En caso de la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, confirme las rebajas de penas -algo que se presenta como la opción más probable-, supondría un duro varapalo que además llegaría a través de una ley de la que Irene Montero ha hecho bandera y erigido como principal logro del Gobierno de coalición. "El trabajo que estamos haciendo por los derechos de las mujeres es lo que mejor habla de este Gobierno de coalición", aseguraba en mayo la titular de Igualdad en referencia a esta norma, abriendo dentro del Gobierno un pulso soterrado con Yolanda Díaz, a quien desmerecen su agenda legislativa.

Si hace seis meses las tensiones eran aún discretas, la guerra se ha desatado de manera abierta en las últimas semanas, a raíz de la Universidad de Otoño de Podemos, donde el partido activó la maquinaria electoral y con ella las críticas a la que había sido designada como 'candidata' -y que ya ha dejado de serlo para la formación-. "Odio, odio, detesto a quien denosta a los partidos", reveló Irene Montero, en una referencia velada a la vicepresidenta segunda en esas jornadas, que culminaron con ataques en toda regla por parte de Iglesias.

Después de las duras embestidas a Díaz, la cúpula morada reclama ahora su apoyo a Montero y le reprocha sus posiciones. La vicepresidenta, después de tres días de silencio, se limitó este viernes a pedir "prudencia" hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo y sí defendió que la "vocación" de esa ley es la protección de las víctimas.

Repercusión en futuras leyes

Más allá del cambio de paradigma que defienden sus creadoras, la ley del sí es sí amenaza con instalarse en el imaginario colectivo como un ejemplo de la insolvencia del Ministerio de Igualdad o, en último lugar, del Gobierno en su conjunto. Esta circunstancia, que reconocen desde el espacio, debilita las posiciones de Irene Montero en la agenda legislativa. La campaña de Podemos para el próximo ciclo electoral se centra precisamente en los logros conseguidos. Bajo el lema 'La fuerza que transforma', la formación saca músculo de las medidas impulsadas desde el ala morada. Y la ley del sí es sí ha pasado de ser buque insignia a quedar empañada por sus efectos.

Otra de las previsibles consecuencias de la crisis es que acabe salpicando a las leyes que se están tramitando en materia de Igualdad, y de forma más directa a la polémica ley trans, de la que Montero también ha hecho bandera y que había enfrentado a una parte del PSOE y a Igualdad. Sectores feministas contrarios a la ley trans -en algunos casos pertenecientes al Partido Socialista- podrán verse fortalecidos en su cuestionamiento al texto, por las lagunas que puedan generar y ante la inseguridad generada por los efectos adversos del 'sí es sí'.

Las dudas jurídicas que plantean quienes se ponen a la ley trans han sido sistemáticamente descalificadas por Igualdad, que las atribuía directamente a "bulos". Sin embargo, esta misma descalificación también sirvió de respuesta cuando llegaron las advertencias de que la ley del sí es sí conllevaría rebajas de penas a agresores sexuales. En el caso del sí es sí, estas advertencias terminaron por cumplirse -siempre a expensas de que sean ratificadas por el Tribunal Supremo-.

Algunas asociaciones feministas han señalado en los últimos meses los riesgos de la ley trans, advirtiendo de que cambiar de género en el registro civil con la mera declaración -sin que medie ninguna transformación física- puede conllevar a situaciones no deseadas; desde que depredadores sexuales puedan verse beneficiados penalmente por el hecho de haberse declarado mujer a nivel registral, a que agresores sexuales terminen cumpliendo condena en cárceles femeninas.

Después de la crisis por el 'sí es sí', es previsible que las advertencias sobre la ley trans tengan más peso en la corrección de la norma, y que el ala socialista examine más de cerca la nueva norma. La revisión pretende evitar efectos indeseados, pero este 'examen' podría producirse a costa de las posiciones que Montero ha venido defendiendo. La situación no es fácil para Montero, que tendrá que afrontar en situación de debilidad los meses que le quedan en el Gobierno.