ALARMA SOCIAL POR LAS REBAJAS DE PENAS

Los barones claman para solucionar ya la crisis jurídica y política de la ley del 'sí es sí'

  • Barbón pide "rectificar de inmediato", Puig "actuar" porque "las consecuencias no son las deseadas", Lambán, un remedio "cuanto antes", Andreu "hágase lo que se tenga que hacer" y Armengol "la mejor solución" para proteger adecuadamente a las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a barones socialistas, en un acto del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a barones socialistas, en un acto del PSOE. / Javier Belver

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El escándalo público por los efectos de la entrada en vigor de la ley del sí es sí, que ha supuesto la rebaja de penas para delincuentes sexuales, continúa en cotas máximas, pese al intento del Gobierno de enfatizar que el objetivo era dar una protección mayor a las mujeres. Este jueves los barones han hecho un llamamiento para dar una solución a la crisis política y jurídica, una auténtica sima de credibilidad, generada por estas revisiones de condena, que incluyen incluso excarcelaciones. Lo han hecho alto y claro, a pesar de que postura del Ejecutivo es esperar a que una unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, contribuya a parar este goteo de beneficios penitenciarios.

Prácticamente todos los presidentes socialistas urgieron al Ejecutivo a ofrecer ya, sin dilación, una respuesta. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, reclamó "rectificar de inmediato"; el valenciano Ximo Puig, "actuar" cuando "las consecuencias no son las deseadas"; el aragonés, Javier Lambán, demandó un remedio "cuanto antes"; la riojana, Concha Andreu, clamó que "hágase lo que se tenga que hacer" y la balear, Francina Armengol, aseguró que espera "la mejor solución" para proteger adecuadamente a las mujeres. El miércoles el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ya demandó revisar la norma "cuanto antes mejor".

El clamor por este asunto resulta evidente, a pesar de que el Gobierno trata de ganar tiempo para que la justicia ofrezca una salida. Pero la preocupación de los barones va más allá de buscar que se corrija sino de responder políticamente al error. Barbón defendió que cuando pasan estas cosas que "lo que hay que hacer es plantear esa rectificación" sabiendo, admitió, "que la corrección ya no tiene efectos de reparación del daño porque no puede haber irretroactividad de las penas sancionadoras más graves". No hay manera de repararlo, dijo, salvo que el Supremo dé instrucciones muy precisas.

"Hay que corregir los efectos no deseados de la aplicación de esta ley", insistió, que era "muy importante" para garantizar el consentimiento libre de las mujeres en toda relación sexual y la protección a esa libertad de decisión . "Nadie se esperaba" estas consecuencias pero "esto no va de culpar a los jueces sino de buscar una solución al problema".

DE DIFÍCIL REMEDIO

El presidente asturiano, jurista de formación, asumió que en esta ocasión, respecto a lo que ha pasado con otras reformas del Código Penal, "no se introdujo una cláusula, una disposición transitoria, que suele ponerse siempre, que viene a decir lo siguiente: cuando hay una modificación penal, si con el nuevo tipo se puede imponer la misma pena no se considera aplicable la retroactividad".

Con menos detalles, otros dirigentes se pronunciaron también de manera similar. Puig aseguró que aunque "afortunadamente, mañana volverá a amanecer, los problemas están ahí, y hay que tratar de buscar soluciones, no intentar desde la política generar más conflictos".

Concha Andreu, presidente de La Rioja, sostuvo que "esta ley era para proteger a las mujeres y yo como mujer siento que aquí algo ha fallado". "Hágase lo que se tenga que hacer", subrayó. "Hay leyes como la del Código Penal que lleva 45 revisiones, pues si se tiene que revisar, faltaría más".

NO CULPAR A LOS JUECES

En Aragón, Javier Lambán no se ahorró tampoco ni un ápice de preocupación y señaló que el problema que ha suscitado entrada en vigor de la ley "es muy grave", con "efectos absolutamente contrarios a la voluntad de los legisladores". Pero, reconoció que, "si varios jueces han hecho ya esta interpretación", en referencia a la reducción de condenas, "casi con toda seguridad quiere decir que la ley ofrece resquicios que lo permiten". Aunque como Barbón admitió que el remedio legal resulta ahora "bastante complicado" reiteró que es necesario buscar una solución.

Sobre la petición de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que exigen algunas asociaciones de jueces, fue el único que se pronunció: "No soy quien para decir a nadie si tiene que dimitir pero el problema es serio y es grave". Pero tanto el presidente asturiano como el valenciano respondieron abiertamente a este Ministerio, que ha responsabilizado a los jueces por las reducciones de condena, con el argumento de que hacen una mala interpretación de la norma e incluso de tener un sesgo "machista".

PRESERVAR AL ESTADO

Barbón destacó que "lo que no se puede es que, cuando hay una aplicación no querida, que no se esperaba, atacar a los jueces" porque "flaco favor hacemos a la separación de poderes". "Yo desde luego no voy a culpar a los jueces, aún reconociendo que el Derecho no es una ciencia exacta", apuntó. Y Puig recomendó no "erosionar el funcionamiento del Estado". "Este país necesita serenarse. La serenidad y la responsabilidad son buenas recetas. No podemos estar como si cada día se acabara el mundo", sentenció.

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El miércoles García Page ya se descolgó en solitario pidiendo a Podemos "reconocer los errores" y al Gobierno cambiar la ley "cuanto antes mejor". Este jueves volvió a insistir y desveló que en Castilla-La Mancha tuvieron dudas sobre los posibles efectos de esta norma y a través del Instituto de la Mujer se formalizaron alegaciones diciendo que "daba mucha confusión la posibilidad de la retroactividad en materia penal".

Y aunque defendió que no es el momento de que Irene Montero presente su denuncia porque, dijo, "no soy muy amante de que alguien tenga que dimitir en plena refriega política, sí vio conveniente "exigir una rectificación, sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado", en referencia a las críticas a los jueces.

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