CRISIS INSTITUCIONAL

El Supremo fija fecha antes de diciembre para estudiar si mantiene a Mozo al frente del Poder Judicial

El magistrado Bandrés, elegido por los vocales progresistas como candidato para el Tribunal Constitucional (TC), acepta abstenerse en la deliberación que tendrá lugar el próximo día 23

Los vocales de ambos sectores vuelven a intentar este miércoles un acuerdo para renovar el TC, y la decisión pendiente del Supremo puede ser excusa para retrasarlo

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes.

Rafael Mozo, sustituto de Carlos Lesmes. / MARISCAL

Cristina Gallardo/Ángeles Vázquez

El Supremo ya ha puesto fecha a la deliberación de las medidas cautelares del recurso presentado por uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Wenceslao Olea, contra la decisión de la mayoría de designar a Rafael Mozo como presidente suplente de este órgano tras la renuncia de Carlos Lesmes. Será el próximo 23 de noviembre, un día antes del próximo Pleno del órgano, y en el debate se abstendrá uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que había correspondido este asunto, José Manuel Bandrés, han señalado a este diario fuentes jurídicas.

Bandrés es el candidato elegido por el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces para ser uno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en la renovación pendiente desde el pasado mes de junio, dentro de la cuota que debe designar el propio CGPJ. Por esta razón, su presencia en el tribunal que debe revisar la presidencia de Mozo la próxima semana fue impugnada por el secretario del Consejo, José Luis de Benito, que presentó su propio recurso idéntico al de Olea. 

La decisión que adopte el Supremo el día 23 no es sobre el fondo, que puede tardar unos meses, sino que se limitará a establecer si el nombramiento de Mozo debe quedar en suspenso hasta que llegue ese momento. El pasado 18 de octubre el alto tribunal ya rechazó adoptar esta posibilidad sin escuchar antes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tenía de plazo hasta principios de la presente semana para presentar un informe que ha sido elaborado por la Abogacía General de Estado. Por otra parte, ninguno de los vocales ha aceptado el ofrecimiento del alto tribunal para personarse en el recurso contra el presidente suplente que presentó su compañero Olea

La decisión depende de una sala compuesta por los magistrados Octavio Herrero, José Antonio Montero, Celsa Pico y Eduardo Espín, tras la abstención de Bandrés. El recurrente Olea, que también es magistrado de lo Contencioso del Supremo, fue uno de los vocales más leales al expresidente Lesmes y fue el único que votó en contra de Mozo frente a 16 de sus compañeros en el CGPJ.

En su impugnación, Olea pide la anulación del acuerdo por no ser conforme a derecho. A su juicio, el presidente del órgano de gobierno de los jueces debería ser Francisco Marín Castán, que es el mismo que ahora preside también en funciones el Tribunal Supremo, según señalaba un informe técnico encargado en su día por Lesmes y que ha sido ignorado tras su dimisión.

MOZO Y LOS MAGISTRADOS DEL TC

Se da la circunstancia de que la decisión del Supremo sobre Mozo puede convertirse en nueva excusa de los vocales conservadores del CGPJ para volver a retrasar el cumplimiento de la ley y frenar la llegada de un TC de clara tendencia progresista como ahora corresponde.

La cuestión es que se esperaban avances para renovar el TC esta misma semana, pues los interlocutores designados por los sectores conservador y progresista del órgano se han citado este mismo miércoles, 16 de noviembre, para poder hablar ya con nombres sobre la mesa. Se precisa el consenso —la mayoría de al menos 11 vocales del total de 18 que hay ahora en el CGPJ— para que pueda elegirse un magistrado de la confianza de cada uno de los grupos. 

Si como parece los vocales conservadores prefieren esperar al Supremo, el acuerdo volverá a retrasarse. Los que comparten esta postura aducen que si el alto tribunal suspende la presidencia de Mozo, las designaciones para el órgano de garantías que se hayan realizado quedarían en entredicho, y debe evitarse dicha inseguridad jurídica. En todo caso, no es descartable que la polémica política por la reforma de la sedición y la malversación acabe contagiando también el ambiente de negociación en el seno del CGPJ.