SIN NOVEDADES PARA EL CONSTITUCIONAL
El Poder Judicial esperará a conocer la decisión del Supremo sobre su presidente para avanzar en la renovación del TC
La última reunión entre los interlocutores de ambos sectores concluye sin avances sobre los nombramientos de los dos magistrados que tiene pendiente realizar este órgano
Tal y como se esperaba, la reunión prevista este martes entre los interlocutores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parar pactar qué dos magistrados designa este órgano para renovar el Tribunal Constitucional ha concluido sin grandes avances. Se ha decidido esperar a ver qué ocurre el próximo día 23, fecha en la que el Tribunal Supremo ha fijado la deliberación de las medidas cautelares del recurso presentado por uno de los vocales, Wenceslao Olea, contra la decisión de la mayoría de designar a Rafael Mozo como presidente suplente tras la renuncia de Carlos Lesmes. Se volverán a ver ese mismo día, tras conocer la decisión del alto tribunal.
Desde hacía días se venía señalando que la decisión del Supremo sobre Mozo podía convertirse en nueva excusa de los vocales conservadores del CGPJ para volver a retrasar el cumplimiento de la ley y frenar la llegada de un TC de clara tendencia progresista como ahora corresponde. Y esto es lo que ha ocurrido según fuentes del órgano consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que apuntan que, pese a lo esperado por la parte progresista, no se ha realizado valoración de nombres alguna.
CAMBIO DE METODOLOGÍA
Sin embargo, los interlocutores conservadores, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart han propuesto un cambio de metodología de discusión, "consistente en que cada grupo evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan", señalan fuentes de este sector.
Los interlocutores designados por los sectores conservador y progresista del órgano se habían citado este mismo miércoles de noviembre para poder hablar ya con nombres sobre la mesa. Se precisa el consenso —la mayoría de al menos 11 vocales del total de 18 que hay ahora en el CGPJ— para que pueda elegirse un magistrado de la confianza de cada uno de los grupos.
Finalmente, ha triunfado la postura del sector conservador, cuyos vocales aducen que si el alto tribunal suspende la presidencia de Mozo, las designaciones para el órgano de garantías que se hayan realizado quedarían en entredicho, y debe evitarse dicha inseguridad jurídica.
La deliberación del Supremo sobre Mozo se producirá un día antes del próximo Pleno del órgano, y en el debate se abstendrá uno de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al que había correspondido este asunto, José Manuel Bandrés, que es el candidato de los progresistas para el Tribunal Constitucional. En todo caso, la decisión que adopte ahora el Supremo no es sobre el fondo, que puede tardar unos meses, sino que se limitará a señalar si la designación de Mozo debe quedar mientras tanto en suspenso.
En su impugnación, Olea pide la anulación del acuerdo por no ser conforme a derecho. Plantea queel presidente del órgano de gobierno de los jueces debería ser Francisco Marín Castán, que es el mismo que ahora preside también en funciones el Tribunal Supremo, según señalaba un informe técnico encargado en su día por Lesmes y que ha sido ignorado tras su dimisión.
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