El Supremo reactiva la investigación contra Casero con la citación de testigos de los contratos sospechosos de corrupción

Algo más de un mes después de que el Congreso de los Diputados autorizara la investigación al diputado del PP Alberto Casero, --que se hizo popular al votar por error a favor de reforma laboral, salvando 'in extremis' el proyecto del Gobierno--, el Tribunal Supremo ha reactivado la investigación que mantenía abierta contra él por presunta prevaricación y malversación durante su gestión como alcalde de Trujillo (Cáceres).

El instructor de la causa, el magistrado Andrés Palomo, ha citado a seis testigos para el próximo mes de diciembre, entre ellos los que fueran secretario e interventor del municipio en el momento en el que se produjeron los hechos presuntamente delictivos, según la providencia a la que ha tenido acceso a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Concretamente, para el próximo 12 de diciembre se ha citado al que fuera secretario municipal entre 2012 y 2018 Álvaro Casas Avilés; al interventor entre 2017 y 2019 Jesús Hernández y al que fuera concejal de Juventud y Educación en 2017 Rafael Rebollo. Para día más tarde se ha citado a la que fuera concejal de Servicios Sociales Soledad Corrales, al actual interventor José Antonio Ramos y a un funcionario.

Igualmente, solicita a la Guardia Civil que designe agentes para investigar la contratación y efectivos servicios que prestó el psicólogo Pablo Bonilla durante el año 2017; y se averigue también quién lo contrató, qué despacho ocupaba y con qué funcionarios se relacionaba. También pide el juez del Supremo la realización de diligencias sobre la relación del exalcalde Casero con Radio Interior S.L. e Ícaro Consultores en Comunicación. Otras diligencias pasan por solicitar al actual alcalde del municipio cacereño para que informe "sobre la composición de la Institución Ferial Ferex y las aportaciones comprometidas y desembolsadas por sus integrantes en las anulalidades 2017 y 2018".

PERJUICIO DE 50.000 EUROS

El Supremo investiga al parlamentario del PP apreciar indicios razonables de prevaricación y malversación en contratos en marzo de 2017 y diciembre de 2018 en los que se habría incumplido "todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso". Según la investigación iniciada por la justicia extremeña, el perjuicio indiciario al Ayuntamiento de Trujillo "superaría los 50.000 euros" en pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados

El 20 de junio, el diputado popular declaró voluntariamente ante el alto tribunal, donde admitió "irregularidades administrativas" en las adjudicaciones de cinco contratos públicos cuando era alcalde pero que ni mucho menos incurrió en una prevaricación o malversación de caudales públicos.