Podemos denuncia que Yolanda Díaz no les informó de la reforma del delito de sedición

Podemos no estaba al tanto de la negociación entre el Gobierno y ERC para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados. La coportavoz de los morados, María Teresa Pérez, ha desvelado este lunes que no tenían constancia de estas conversaciones ni del acuerdo final que se alcanzó porque fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien estuvo al tanto y no les informó. Aun así, se han mostrado satisfechos con la derogación de la sedición, pero avisan que el nuevo delito introducido les genera "preocupación" y han dejado la puerta abierta a enmendar la proposición de ley que registraron el viernes.

"No, no conocíamos la negociación porque se había llevado desde la vicepresidencia", ha admitido Pérez. El viernes, ninguno de los dirigentes de Podemos salió a valorar la propuesta presentada junto a los socialistas. El encargado de defender la reforma del Código Penal fue Jaume Asens, líder de En Comú Podem en Madrid, quien sí formó parte de las conversaciones. El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ya dejó caer ese mismo día que las negociaciones se habían llevado "con enorme secretismo".

Los cuatro argumentos del Gobierno para reformar la sedición

Pérez ha afirmado que se trata de una "muy buena noticia" que desaparezca del CP el capítulo referido a la sedición: "Los problemas políticos se tienen que solucionar con política y no judicializando los conflictos". No obstante, ha dejado claro que el partido morado está "preocupado" ante la introducción del delito de desórdenes públicos agravados porque podría "criminalizar la protesta política".

A este respecto, Pérez ha dicho que en la tramitación en el Congreso "se podrá estudiar y se podrá mejorar el texto, como en multitud de ocasiones". Esto significaría que los morados tendrían que introducir enmiendas al articulado de la proposición de ley orgánica y después ser aprobadas en la Comisión de Justicia. La primera consecuencia sería una nueva ruptura de la unidad con los socialistas y la abertura de una nueva crisis, pero también retrasaría el trámite parlamentario, por lo que la norma podría no estar aprobada antes de que termine el año, como aventuró Asens que podría ocurrir.