Rechazan que Granados declare en el juicio de la trama leonesa de Púnica

El tribunal que juzga a los seis acusados de la rama leonesa del caso de corrupción política Púnica ha rechazado la petición de una de las defensas de que testificaran en esta vista el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados y el presunto "conseguidor" de la trama, el empresario David Marjaliza.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio al expresidente de la Diputación de León por el PP Martín Marcos Martínez y a otros cinco acusados para los que la Fiscalía pide entre tres y ocho años de prisión, por supuestos delitos de malversación, falsedad, fraude y tráfico de influencias, y que indemnicen a la citada Administración provincial con 171.000 euros.

Al final de la fase de cuestiones previas el presidente de la Sala, Francisco Javier Vieira, ha explicado que solo se admiten las declaraciones y las pruebas que tengan que ver con la expansión de la trama Púnica en León y no cuestiones vinculadas a otras piezas del caso como las relativas a la Comunidad de Madrid, a la localidad madrileña de Valdemoro y Valencia, entre otras.

A la vista de la nueva documentación aportada al comienzo del juicio por las fiscalas anticorrupción María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá el tribunal ha decidido aplazar el juicio hasta el próximo día 28 para que las defensas puedan estudiarla.

De esta forma la Sala ha estimado la petición de aplazamiento de los abogados defensores, que han alegado que necesitan tiempo para estudiarla, solicitud a la que se habían opuesto las fiscalas asegurando que la documentación ya consta en la causa pero que se trata de una nueva ordenación de la misma para facilitar el desarrollo de la vista.

Entre la documentación aportada por las fiscalas se encuentra un DVD con interrogatorios realizados por el juez de instrucción del caso, un CD con grabaciones de intervenciones telefónicas y documentación con la querella inicial presentada por la Fiscalía Anticorrupción, con referencias a Granados y Marjaliza, todo lo cual ha sido admitido por la Sala pero solo para preguntar por lo que tenga que ver con León.

El abogado de una de las acusadas, una trabajadora de las empresas investigadas, ha estimado que si la Sala admitía esa documentación debían ser citados en este juicio Granados y Marjaliza, a lo que el tribunal se ha opuesto al entender que no tienen relación con los hechos de León.

Granados ya fue condenado a dos años de prisión en la única pieza del caso Púnica que ya se ha juzgado, por el chivatazo que le dio un guardia civil sobre las investigaciones que pesaban sobre él.

En el juicio de la pieza de León se sientan en el banquillo Martín Marcos Martínez, actual alcalde la localidad leonesa de Cuadro por una agrupación independiente; el excoordinador del gabinete de prensa de la Diputación Provincial Pedro Vicente Sánchez, que fue alcalde del PP de Puebla de Lillo (León), cargo que ostenta en la actualidad pero como independiente, y el exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López.

Además, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, que fue alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, y tres años y cinco meses para una trabajadora de sociedades investigadas.

La Fiscalía mantiene que en abril de 2012 el presunto "conseguidor" de la red Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa "captaron como cliente" a la entonces presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Martín Marcos Martínez, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva.

El objetivo inicial era que EICO limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva para neutralizar noticias sobre su supuesta implicación en casos judiciales y denuncias de supuesta corrupción, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios, según la Fiscalía Anticorrupción.

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Añade que "se simuló la contratación" pública de publicidad institucional a Madiva, lo que permitió a los acusados "girar durante más de dos años" facturas de esta sociedad "por servicios no prestados".

Según la Fiscalía cuando Martínez ascendió a la presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco se concertó "un nuevo plan" para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que "fueron abonados de forma subrepticia".