La disputa sobre el CGPJ, principal foco de interés diplomático en España

Las delegaciones diplomáticas en España informan a sus capitales de lo más relevante que acontece en nuestro país. En los últimos tiempos, esos “cables” diplomáticos están repletos de explicaciones y detalles sobre el embrollo en el gobierno de los jueces en España, según han asegurado a este diario varias legaciones de importantes países europeos. Para algunas, es el asunto número uno, la estrella del interés en la situación de nuestro país. Otras se encargan de dejar bien claro que no se trata de comparar a España con otros países de dudoso crédito judicial, como Polonia o Hungría, sino de comprender todas las derivadas políticas y de calidad democrática en España.

PP y PSOE llevan 1.440 días sin ponerse de acuerdo en cómo renovar a los miembros que forman parte del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). El máximo órgano de los jueces lleva, así, casi cuatro años en funciones, una situación anómala en la democracia española. Ese bloqueo impide el nombramiento de jueces en puestos clave como el Tribunal Supremo y enturbia la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional. El pasado 9 de octubre, Carlos Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ para no ser “cómplice” del bloqueo. 

La preocupación de las instituciones europeas por la incapacidad de España para solventar esta anomalía en el que es el tercer poder del Estado quedó clara con la visita, a finales de septiembre, del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Se interpretó como una forma de presionar a los políticos españoles para que desbloquearan la institución. 

Reynders se reunió con asociaciones de jueces y con miembros del Gobierno y de la oposición para instar a que cumplan las recomendaciones del informe europeo del estado de Derecho sobre España. Insistió en que el relevo en el órgano de gobierno de los jueces “es prioritario” y que “inmediatamente después” se debe proceder a cambiar el sistema para que los vocales de extracción judicial sean elegidos “por sus pares”, según informó Cristina Gallardo. Dejó claro, diplomáticamente, que la falta de renovación no es tarea suya sino una “cuestión interna de España”. Y advirtió de que hará seguimiento del asunto y de que, en caso de incumplimiento, se hará constar en el informe del próximo año, que se dará a conocer justo cuando España asuma la presidencia europea. Recordó que los ministros de Justicia acordaron, en el Consejo de Europa de 2010, el sistema de elección de los vocales. 

Jueces de enlace

Parte del trabajo explicativo en las delegaciones extranjeras lo hacen los llamados jueces de enlace, magistrados de otros países destinados en España que tienen contacto directo con las autoridades del ministerio de Justicia o los distintos organismos competentes del sistema judicial en España (además de preparar mecanismos de cooperación en cuestiones penales). Al menos uno de los europeos ha dedicado tiempo y esfuerzo a desgranar las claves del lío político-judicial español sobre el CGPJ, según informan fuentes diplomáticas a este diario. 

La evolución del “caso CGPJ” interesa fuera de España también porque, aunque es un caso único en los detalles, no es el único. “La evolución sobre los consejos nacionales para el sistema judicial es clave para varios estados miembro”, se lee en el informe Estado de Derecho 2022. “En España, se mantiene la preocupación sobre el retraso en la renovación del Consejo Judicial [CGPJ] y ha habido peticiones para renovar el sistema de nombramiento. En Bulgaria, hay una preocupación creciente sobre el funcionamiento del Consejo Supremo Judicial y la necesidad de solucionar su composición. En Irlanda, la composición prevista propuesta para el Consejo Judicial preocupa…” 

El informe sigue país por país, citando los problemas de otros como Eslovaquia o Portugal. Pero no los mezcla con Polonia o Hungría. Califica de “preocupaciones estructurales o sistémicas” la que hay sobre “la independencia del consejo nacional judicial que sigue sin resolverse” en Polonia. Y resalta los “retos” a los que se enfrenta Hungría sobre la falta de “medidas de contrapeso” e “independencia” en su propio poder judicial. 

Los “cables” que mandan las delegaciones extranjeras a sus capitales sobre el ecosistema judicial español van a complicarse aún más en los próximos días, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este jueves que va a reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de “desórdenes públicos agravados” y reducirá las penas de cárcel de 15 a 5 años y las de inhabilitación, de 15 a 8.

Ambos asuntos, la renovación del poder judicial y la modificación del delito de sedición, ya se han mezclado en el debate político. La titular de Justicia española, Pilar Llop, ha descalificado al PP de Alberto Núñez Feijóo por criticar la reforma de la sedición mientras mantiene “bloqueado” el CGPJ.