POLÍTICA

Lambán y Page abren las primeras grietas en el PSOE por el delito de sedición

"En plena escalada de precios, lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. / EFE

Dos de los principales barones del PSOE, los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han abierto las primeras grietas en la familia socialista al rechazar la reforma del delito de sedición anunciada el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una modificación legislativa que hará desaparecer este tipo penal y que también ha suscitado algún reproche en el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, aunque de modo más tibio, al manifestar: "No me gusta nada de lo que le guste al independentismo".

Lambán se ha pronunciado contra la modificación legislativa bajo el argumento de que el desafío independentista de octubre de 2017 en Cataluña fue "gravísimo" porque pretendía alterar el orden constitucional y además el Tribunal Supremo "calibró perfectamente" lo ocurrido en la sentencia que condenó a los líderes del 'procés'. Y como el PP, por boca de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha emplazado a los barones socialistas a aclarar si respaldan o no esta reforma "a la carta" en favor de los independentistas, Javier Lambán ha asegurado que aunque él esté en contra "jamás" aceptará "lecciones" de los populares porque, ha asegurado, son "capaces de pactar hasta con el diablo".

Muy contundente ha sido también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien tras dejar patente que no comparte la propuesta lanzada por Sánchez ha manifestado que "en plena escalada de precios, lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución". En su opinión, el debate sobre el delito de sedición "hoy no toca" porque primero debería juzgarse al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, así que aunque ve "legítimo" abordar la cuestión a medio plazo, en uno o dos años, él da prioridad a juzgar a Puigdemont bajo las mismas leyes que lo fueron los demás líderes del 'procés'.

Y ello porque "no se pueden cambiar las normas a mitad del partido". Y aunque se ha mostrado comprensivo con la "buena voluntad" del Gobierno, ha sentenciado: "Dejar el camino de la solución a quien tiene el propósito de romper la convivencia no es el camino".

El otro presidente autonómico socialista que se ha pronunciado ha sido Guillermo Fernández Vara, pero con menor rotundidad. Primero ha confesado en un tuit que no le gusta "nada de lo que le guste al independentismo" y luego ha hecho unas declaraciones en las que ha defendido cómo el Gobierno está logrando desarbolar el independentismo mientras la oposición acusa de "traidor" a Sánchez. El extremeño ha proclamado que "no hay mayor traición a tu país que haber permitido que a tu país le hagan referendos ilegales sin haberte coscado" y ha recordado que hace cinco años "estábamos en un severo riesgo de que una parte de España se podía separar" y los populares "fueron incapaces" de evitar el referéndum ilegal.

Con las elecciones municipales y autonómicas a la vista, dentro de medio año, ha apuntado que la modificación del Código Penal no tiene por qué pasar factura al PSOE puesto que "si las cosas se explican y se contextualizan, hay muchísima gente que entiende que hoy estamos mejor que hace cinco años".

Este mismo argumento es el que destaca el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, que ha firmado la proposición de ley para la reforma junto a Unidas Podemos, tratando de hacer ver que Cataluña "está hoy infinitamente mejor que en 2017". López está convencido de que hay mayoría suficiente para acometer la reforma y de que se puede hacer rápidamente, incluso antes de que acabe el año. Desde su grupo parlamentario explican que la apuesta socialista busca "desmenuzar" lo tratado en la mesa de diálogo dando un paso más para "desmontar" el "enorme" problema con Cataluña.

La propuesta tiene el apoyo de dirigentes socialistas y miembros del Gobierno que este viernes la han avalado públicamente, como la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien cree "absurdo" vincularla con contraprestaciones para obtener el respaldo de los independentistas a los presupuestos.

La portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha justificado el cambio para homologar el Código Penal a los de otros países europeos, algo que ha repetido la titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en línea con lo que ayer explicó Pedro Sánchez. Alegría sostiene que no se trata de suprimir el delito de sedición y ha apuntado que el PSOE quiere "apostar por las soluciones y la convivencia" como se comprometió en 2018. Al ser cuestionada por las críticas de socialistas como Lambán, ha destacado que el PSOE "siempre ha estado al lado de las soluciones" mientras que el PP ha estado con "los problemas y la confrontación".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha arremetido contra los reproches del PP, al que ha negado "legitimación democrática suficiente" para acusar al Gobierno de traición y ha llegado a afirmar que la reforma se tenía que haber hecho "hace mucho tiempo" como reclamaba el mundo académico.