SE LLAMARÁ "DESÓRDENES PÚBLICOS AGRAVADOS"

Sánchez anuncia la reforma inmediata del delito de sedición con una iniciativa en el Congreso

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registrarán este mismo viernes en la Cámara la proposición de ley para cambiar el Código Penal

No desvela cuánto rebajarán las penas pero asegura que no afectará al ex president, Carles Puigdemont, fugado de la justicia porque el delito no desaparece

Sánchez

Sánchez / Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, avanzó esta noche, en una entrevista en La Sexta, que mañana viernes los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registrarán en el Congreso una iniciativa legislativa para cambiar el Código Penal y reformar el delito de sedición. El propósito, dijo, es "reemplazarlo por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas como Francia, Italia, Bélgica o Suiza". Aunque no desveló cuánto se rebajarán las penas sí insistió en que serán las que hay catalogadas en los países "con los que nos queremos identificar y parecer".

Sánchez explicó que este delito pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados", una formulación similar a la que tiene ahora la legislación alemana, y defendió que no impedirá que el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la justicia, rinda cuentas, porque el delito seguirá estando presente. Según el presidente, "es bueno que España dé este paso", que, a su juicio, no debilita al Estado frente a un nuevo desafío separatista porque "se van a reconocer penas por esos delitos".

El jefe del Ejecutivo explicitó, por primera vez, que el Gobierno de Mariano Rajoy debió aplicar antes el artículo 155 de la Constitución para limitar el autogobierno. Justo cuando el Parlament aprobó las llamadas leyes de desconexión. "No lo hizo, tampoco se lo reprocho. Era un momento muy difícil", destacó para recordar que él lo apoyó y que ha heredado esta situación. "Es incontestable que hoy se cumple la Constitución en Cataluña, que este asunto ya no preocupa a las españoles y que el 52% de los catalanes están ahora a a favor de seguir en España".

La reforma de la sedición es una de las promesas que, según mantiene ERC, forma parte del acuerdo para superar la judialización del conflicto catalán que el Gobierno y la Generalitat alcanzaron en la reunión mantenida en Madrid el pasado 27 de julio, en el marco de la llamada Mesa de Diálogo. Aunque Sánchez negó que sea una cesión al independentismo ya que, afirmó, ellos piden "la amnistía" no modificar el Código Penal.

Ese documento establecía que cuando se pacten asuntos que requieran una modificación legislativa concreta serían los grupos parlamentarios -PSOE, Unidas Podemos y ERC- quienes lo trasladarían al Congreso, lo que apuntaba ya a una tramitación como proyecto de ley, que acelera su aprobación porque evita los preceptivos informes a las leyes que parten directamente del Ejecutivo. Además se dejaba por escrito que la voluntad de las dos partes era abordarlo antes de que concluya este periodo de sesiones, que acaba a finales de diciembre. 

A todo esto se añade que el propio presidente aseguró públicamente que tenía un compromiso "personal" con esta reforma del Código Penal, para rebajar las penas del delito de sedición, justo el día en que ERC anunció que no presentaría una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Una decisión que pone en bandeja de plata al Ejecutivo la aprobación de las cuentas del próximo año.

Estos guiños a ERC se produjeron cuando el Gobierno negociaba con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Los populares rompieron las conversaciones, precisamente, por el impulso que el Ejecutivo dio a esta modificación legislativa, que Sánchez ya había admitido días antes que acometería si había una mayoría suficiente, aunque sin comprometer nunca una fecha. 

El jefe del Ejecutivo aseguró que el PP sólo ha puesto "excusas" para suspender las conversaciones y criticó "lo que dicen y cómo lo dicen". "Es evidente que el virus del trumpismo y del bolsonarismo circula en España". Esto, manifestó, "envenena la convivencia", en referencia a algunas declaraciones que "deslegitiman" al Gobierno.