El regreso a España de Puigdemont, ante su cita clave en la justicia europea

Las únicas huidas de la justicia española por el 'procés' que han vuelto a España, Meritxell Serret y Anna Gabriel, sabían que no les esperaba la cárcel, al estar solo acusadas de desobediencia. Pero para los demás el horizonte judicial no es tan sencillo. Ni siquiera para los que fueron elegidos europarlamentarios, porque con independencia de la inmunidad que les confiere el cargo, si regresan a España ingresarán en prisión, al menos de forma cautelar, dado la gravedad de los delitos por los que están reclamados.

De ahí la importancia que para el 'expresident' Carles Puigdemont tienen las vistas que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE, una especie de primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-) celebrará los próximos días 24 y 25 de noviembre. En ellas, los cinco jueces que forman las salas deberán pronunciarse sobre las demandas interpuestas contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio cursado por el instructor en el Tribunal Supremo de la causa del 'procés', Pablo Llarena, lo que supuso levantar la inmunidad al 'expresident'.

Con ellas, Puigdemont confía en extender a España la libertad de movimientos de la que disfruta en Europa, después de que se aclarara el alcance de la inmunidad que como eurodiputado le corresponde, tras su arresto en Cerdeña. Ello le permitiría regresar a Cataluña sin temor a ser detenido. Fuentes del Supremo aseguran a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA —diario del grupo Prensa Ibérica, al igual que este medio— que, si volviera ahora, al menos en un primer momento se acordaría su ingreso en prisión por el delito de sedición que se le imputa y su huida de la justicia. No obstante, se tendría que habilitar alguna fórmula para asegurar sus desplazamientos al Parlamento Europeo para que pueda cumplir sus obligaciones como eurodiputado.

Las vistas

Las dos demandas que se resolverán en las vistas de finales de este mes son muy parecidas. La primera fue interpuesta por Puigdemont y Toni Comín, como europarlamentarios, al entender que la Cámara a la que pertenecían no había defendido la inmunidad que les correspondía cuando Llarena cursó el suplicatorio para poder seguir adelante con el procedimiento seguido en su contra.

La del día siguiente es, precisamente, por la decisión de conceder esa autorización para poder ser investigados. En ambas, el demandado es el Parlamento Europeo. El Reino de España, a través de la Abogacía del Estado, le ayudará como “coadyuvante” a defender las decisiones adoptadas en este caso y que los líderes independentistas impugnaron.

La defensa de Puigdemont, que dirige el abogado Gonzalo Boye, tiene esperanzas en que las dos demandas sean estimadas, entre otras razones, porque en octubre se dictó una sentencia que declaró que los órganos políticos del Parlamento tienen el mismo deber de imparcialidad que los administrativos y judiciales, lo que consideran que no ocurrió al autorizar los suplicatorios. Entre otras razones, alega que presidía la comisión el diputado español de Ciudadanos Adrián Vázquez y en ella participaba otro búlgaro que asistió a un acto de Vox.

Además, fuentes de la defensa señalan a este diario que la Sala estará presidida por el vicepresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el danés Lars Bay Larsen, que en mayo dio la razón a Puigdemont cuando, tras su arresto en Italia, reclamó que se le devolviera la inmunidad, puesto que las euroórdenes cursadas por España habían conducido a su detención, aunque el tribunal europeo las considerara paralizadas por la consulta que el propio Llarena le había dirigido en relación, precisamente, a esta herramienta de colaboración entre países europeos.

La sentencia sobre si un país puede negar una orden de detención y entrega europea, como hizo Bélgica con la reclamación española sobre el 'exconseller' Lluís Puig, se espera para finales de año. De momento, solo se conoce la propuesta de sentencia que el abogado general hizo al tribunal y era contraria a los intereses de Puigdemont: pasaba por contestar que, como argumentaba Llarena, no se puede denegar una entrega salvo vulneración sistémica de derechos fundamentales en el país que reclama a una persona, lo que no parece el caso español.

Europa y la JEC

Al lío judicial en el que se encuentra la inmunidad del ‘expresident’ se ha sumado la pregunta de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la Junta Electoral Central de si Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín y Jordi Soler (que sustituyó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras la condena del 'procés') forman parte de la lista de cargos que fueron proclamados electos.

Ninguno juró o prometió la Constitución, los tres primeros para eludir su segura detención. Los cuatro ejercen como tales por decisión del anterior presidente de la Eurocámara tras la sentencia que declaró que Junqueras adquirió su condición de eurodiputado nada más ser electo, pese a la dictada por el Supremo por el 1-O.

La JEC se reiteró en sus anteriores contestaciones este jueves e insistió en que ninguno “ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo" y que, por tanto, "su escaño debe permanecer vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos". 

Ciudadanos ya se ha dirigido a la presidenta para que que corrija “la anomalía democrática que supuso acreditar como diputados a quienes legalmente solo tenían derecho a la inmunidad, pero no a tomar posesión de sus escaños”. El asunto está en manos de los servicios jurídicos de la Cámara.