CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Los vocales 'rebeldes' siguen sin dar nombres para el TC y exigen el fin de los vetos

Los vocales del sector conservador del CGPJ afirman tener voluntad de nombrar los magistrados del órgano de garantías, pero no avanzan con los candidatos

Consejo General del Poder Judicial. / EP

Consejo General del Poder Judicial. / EP / Europa Press

Cristina Gallardo

Voluntad de negociar, pero sin avances significativos. Los vocales del sector "conservador" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantuvieron una reunión de casi dos horas en la noche este miércoles en la que mostraron su voluntad de seguir con las conversaciones para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde por cuota -pendientes desde junio- pero aún no ponen nombres sobre la mesa.

Fuentes de este grupo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que están dispuestos a retomar las conversaciones con la parte progresista del órgano -indispensables al requerirse una mayoría de consenso para elegir los dos nombres- si bien el cambio de escenario producido tras la voladura del pacto entre el PSOE y el PP para renovarles obliga a exigir que se les devuelvan las competencias para los restantes nombramientos.

A los ocho vocales conservadores que integran este "núcleo duro" dentro del Consejo se ha unido este miércoles Wenceslao Olea, uno de los que fueron más fieles al dimitido Carlos Lesmes hasta el final y que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la designación del presidente suplente, Rafael Mozo.

Concluyen, sobre los nombramientos, que "en los próximos días se llevarán a cabo los contactos para determinar los candidatos posibles que los nueve vocales del grupo consideren más adecuados y que expresen su disponibilidad a participar en el proceso de selección". Pero no ofrecen nombres por el momento.

Hasta el momento, este sector se venía encastillando en una posición contraria a llegar al consenso necesario para designar a los magistrados del Constitucional desde que, el pasado mes de julio, el Gobierno reformara la ley para permitir estos nombramientos concretos. Los vocales no entienden que se exceptúe al Constitucional y se siga perjudicando al Tribunal Supremo -que suma actualmente 17 plazas si cubrir- y donde no se puede cubrir ninguna vacante desde que en marzo de 2021 se prohibiera al Consejo realizar nombramientos en la cúpula judicicial estando en funciones. "Se hace imprescindible que por parte del gobierno de la Nación se reconsidere la oportunidad de mantener la vigencia de dicha reforma", han concluido en esta última reunión.

La postura de "voluntad decidida" pero sin dar aún nombres de este sector será analizada este jueves en una reunión por los vocales progresistas, que creen que no se puede esperar más para realizar las designaciones en el TC. Una vez se hayan producido, el Gobierno nombrará a los dos magistrados que le corresponden y este órgano pasará a tener una mayoría progresista.

ATAJAR LA SITUACIÓN CRÍTICA

Por otra parte, los conservadores entienden que  "en este nuevo escenario" deben llevarse a cabo acciones para atajar la situación critica del Supremo y del resto de tribunales que están sufriendo los efectos de la ley que limitó las funciones del Consejo.

 Estas acciones, según las fuentes consultadas, irían "en la línea" del plan ideado en tiempos del expresidente Carlos Lesmes para aliviar una situación que la propia Sala de Gobierno del Supremo ha calificado de "insostenible. Se trataría, en todo caso, de "parches", como el envío de efectivos al mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustitución externa por catedráticos y altos funcionarios. Según un comunicado emitido al término de la reunión, "en los próximos días se formularán las propuestas concretas a la vista de la información que se facilite por el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de, en la medida de lo posible, recuperar el funcionamiento normal del CGPJ y de la Administración de Justicia".

Estas soluciones plantean dudas y aún no se han aplicado, pues algunos miembros del Consejo alertan de problemas legales que impedirían utilizarlas para cubrir vacantes de magistrados en el alto tribunal. Deberían contar además con el visto bueno del Ministerio de Justicia, por ser quien debe autorizar la dotación económica para ello.

La verdad es que la reactivación de las negociaciones ya se acordó en el primer Pleno del Consejo que se celebró ya sin el dimitido Carlos Lesmes, el pasado 14 de octubre, si bien no se llegó a materializar por lo inminente que parecía el pacto político para renovar de una vez el CGPJ, que está cercano a cumplir 4 años en funciones. El acuerdo podía llegar de forma conjunta y, además, ahora se precisa un voto menos, ya que basta con que once vocales acuerden unos nombres para que los nombramientos tengan éxito.

Mientras los conservadores siguen sin poner sobre la mesa candidatos, los progresistas mantienen su lista de nueve, pretenecientes a todas las sensibilidades, entre los que suenan como favoritos José Manuel Bandrés y Pablo Lucas.