Podemos mantiene el pulso en el Gobierno y amenaza ahora con los Presupuestos

Podemos continúa su estrategia de presión y deja en el aire su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que esta semana han superado su primer examen en el Congreso de los Diputados. El socio minoritario de coalición, que aprobó los presupuestos en el Consejo de Ministros, exige ahora que se incluyan en las cuentas sus propuestas en materia de vivienda. Si no se incluyen, advierten, "no se entendería" que el proyecto presupuestario saliera adelante. Una advertencia que no es baladí, después de la senda emprendida en solitario por el partido, que ha abogado en los últimos días por torpedear algunas de las principales iniciativas del Gobierno -como el acuerdo del CGPJ-, contra el criterio de Yolanda Díaz y del resto de actores del espacio.

El partido de Ione Belarra e Irene Montero ha tomado un camino propio dentro del grupo parlamentario Unidas Podemos, y apuestan por tensionar las costuras de la coalición de manera continua, con el objetivo de ganar protagonismo y hacer valer su peso parlamentario, al considerar que la vicepresidenta segunda no defiende suficientemente sus tesis dentro del Ejecutivo. Discrepan de esta deriva la propia Yolanda Díaz, pero también los comunes e Izquierda Unida.

Todos ellos creen que los pulsos abiertos por Podemos dentro del Gobierno no van dirigidos tanto al Partido Socialista como a la propia ministra de Trabajo, a quien quieren debilitar para poder ganar peso en las futuras listas para las elecciones generales. Las amenazas del partido a algunas de las medidas impulsadas por el Consejo de Ministros -del que ellos forman parte- son interpretadas como una manera de intentar proyectar la imagen de una vicepresidenta segunda que se pliega al socio mayoritario de la coalición.

En las últimas semanas Podemos ha hecho grandes esfuerzos en desmarcarse tanto del ala socialista del Gobierno como de su propio grupo. La primera señal fue la protesta pública que lanzaron por el aumento del Gasto en Defensa incluida en los Presupuestos Generales del Estado, que habían sido negociados directamente por Yolanda Díaz. Una protesta también encaminada a desgastar a la líder del espacio, a quien acusaban veladamente de tragarse ese sapo.

Poco después, cuando se retomaron las conversaciones sobre el CGPJ, llegó la exigencia del partido de estar en la mesa de negociación de PSOE y PP para renovar el poder judicial; unas pretensiones que fueron después sofocadas. Una semana más tarde lanzaron el órdago de Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del ministerio de Irene Montero: si no estaba la magistrada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), amenazaban con votar contra el pacto.

El estallido de las negociaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez había dado un respiro en el grupo confederal, donde ya se veían abocados a la ruptura del voto. Y sin embargo, después de aplazar la escenificación de esa fractura -algo que llegará "antes o después", asumen fuentes del espacio-, Podemos planeta ya una nueva batalla a librar contra los socialistas. Y lo hace precisamente poniendo en duda unas cuentas que fueron negociadas por Yolanda Díaz.

En un mensaje publicado en redes sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vinculado la viabilidad de los presupuestos a la inclusión de las medidas en materia de vivienda presentadas en coordinación con ERC y EH Bildu. "No se entendería que se aprobaran estos presupuestos generales, el último gran acuerdo de la legislatura, sin que estas medidas estuvieran en vigor", defendió la ministra de Derechos Sociales en la red social Twitter, en una advertencia de que estas medidas son fundamentales para poder contar con su apoyo.

 Las cuatro enmiendas presentadas por los morados van encaminadas a forzar al PSOE a desbloquear la tramitación de la ley de vivienda, y buscan trasladar las principales líneas de la norma a las cuentas. Con estas cuatro propuestas de modificación, pretenden incluir en los PGE la prohibición de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional o regular el precio de los alquileres.