Ayuso aprueba sus presupuestos a la espera de las exigencias ideológicas de Vox

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobará este miércoles los últimos presupuestos de la legislatura. Se da así el primer paso para las cuentas del año que viene, cuyo proyecto de ley debe llegar a la Asamblea de Madrid antes del 1 de noviembre. Pero queda aún la segunda parte para su aprobación definitiva: la negociación con Vox durante la tramitación parlamentaria.

El proyecto aprobado hoy contará con 25.738 millones de euros, un 11,7% más que el año anterior, según la información avanzada por la Puerta del Sol. A falta de conocer más datos que permitan identificar el gasto e inversión en cada una de las áreas, el avance facilitado por el entorno de la presidenta tiene un mensaje claro: destacar que habrá un "récord histórico" en el presupuesto destinado a la sanidad y la educación que supondrá que "casi 9 de cada diez euros" sean para políticas sociales.

Las políticas de género frustran la ley ómnibus de Ayuso en el último minuto

Gasto en Sanidad

En pleno debate sobre la situación de la sanidad madrileña, a dos días de abrir los servicios de emergencias de los centros de atención primaria que han estado apunto de estrenarse con una huelga de los sanitarios, fuentes del gabinete de Ayuso indican que el presupuesto en este área crecerá un 11,4% respecto a 2022, con cerca de mil millones más para la Atención Primaria que ayudarían a reducir las listas de espera. En total, 9.789,6 millones de euros, es decir, el 38% del presupuesto total para la región.

Y junto a esto se producirá un incremento casi en la misma proporción para la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que gestiona entre otros el presupuesto destinado a las residencias de mayores, que contará con 150 millones más, tal y como anunció Ayuso la semana pasada en la Asamblea de Madrid tras varias semanas de choque con la oposición. El plan de natalidad, a su vez, crecerá 24 millones. En resumen, este área tendrá un presupuesto de 2.450,6 millones, un 11,8% más que el año anterior.

También crece la partida para la Consejería de Educación, un 9,1% más que la sitúa en 6.279,9 millones. Con ese dinero, la propia Ayuso adelantó en el debate del estado de la región que se producirá una mejora salarial de entre 90 y 75 euros mensuales para profesores de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como un incremento para las ayudas de comedor y otras becas.

Negociación "en fase técnica"

Respecto a la negociación que queda por delante, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, reconoció ayer que las conversaciones se encuentran aún "en fase técnica" y que "no hay aún ningún acuerdo", pero sí adelantó que "el proceso será parecido al del año pasado". Es decir, que su formación se sentará primero y sobre el papel con el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para ver la cabida estrictamente presupuestaria de sus propuestas, pero hay otros asuntos más ideológicos, enfocados a dar la batalla cultural a la que aluden continuamente en sus intervenciones, que previsiblemente se discutirán en otros despachos. Y si el año pasado uno de los más frecuentados fue el del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, por sus competencias en temas de seguridad, inmigración y también en las leyes de género competencia de la Comunidad de Madrid, este año se sumará a la negociación el del vicepresidente del Gobierno, Enrique Ossorio, que es quien coordina ahora la acción de todo el Ejecutivo.

Cuentas condicionadas por la coyuntura económica

Precisamente, Ossorio adelantó ayer que los terceros presupuestos regionales tienen como objetivo "reactivar la economía y prestar unos mejores servicios públicos, con especial atención a los más desfavorecidos" en un contexto en el que la inflación y el precio de la energía tienen especial protagonismo. Pero su entrada en vigor dependerá de que Vox quiera permitirlo. Ayuso repite constantemente que no necesita su apoyo sino solo cuatro abstenciones de los 13 diputados que tiene la formación de Rocío Monasterio, y que eso de alguna manera facilita la negociación. Pero en año electoral, y aunque Vox ha insistido desde que comenzó este periodo de sesiones que llegarán a un acuerdo, cabe la posibilidad de que quieran exprimir al máximo sus condiciones.

Choque por la Ley Trans

Públicamente, PP y Vox han desvinculado la aprobación de los presupuestos de su batalla por imponer perfil ideológico cultural, pero se han producido varios choques en las últimas semanas que evidencian el camino por el que van a ir las negociaciones. Monasterio incluirá en sus conversaciones peticiones de otro tipo como la supresión de las subvenciones a los sindicatos y la patronal, recién registrada, la reducción del número de diputados, o el incremento de fondos para autónomos o cuestiones educativas, que como ya ha ocurrido no solo beneficien a las familias con hijos en la escuela pública sino también en centros concertados o privados.

Y peleará por apropiarse de medallas que asocien a su formación con las ayudas a las familias de un modo u otro, y también cualquier decisión relativa a la seguridad que puedan vincular a menores extranjeros (este año la pelea la tienen principalmente con las bandas que asocian a jóvenes latinos, mientras que el año pasado obtuvieron el compromiso de fiscalizar las ayudas que reciben los centros de menores no acompañados), pero la batalla por las cuestiones de género seguirán sobrevolando toda negociación con el PP.

Hace un año, el equipo de Ayuso consiguió sacudirse de encima esta idea de Vox de derogar las dos leyes de la Comunidad de Madrid relativas a la igualdad, pero tanto entonces como ahora, cada vez que este asunto sale a la luz, Ayuso y su equipo conceden a Vox el beneficio de la duda sobre la idoneidad de estas normas y se abren a "mejorar" o modificar "cuando corresponda" algunos artículos de las leyes. "No voy a seguir a Vox" en esto, decía hace solo dos días la presidenta en relación a la proposición no de ley presentada por Monasterio sobre la derogación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocida como Ley Trans. Ayer, Monasterio le espoleaba desde la Asamblea diciendo que esta ley "es mucho más agresiva de la que presenta Irene Montero en el Congreso de los Diputados. (...) Todos los artículos son susceptibles de ser reformados, por eso mejor derogar la ley completa". Monasterio recordó a Ayuso que en la legislatura anterior el PP se escudaba en Ciudadanos para no afrontar esta iniciativa, pero que ahora la formación naranja "ya no existe" y que quiere saber "dónde está el Gobierno" en este asunto.

La ley ómnibus, camino del TC

Como la petición de derogación de esta y la otra ley de igualdad de la Comunidad siempre es reconducida a una modificación parcial futura, Vox ha visto en la ley ómnibus que se tramita ahora en la cámara autonómica la oportunidad de introducir modificaciones que permitan, al menos, diluir el contenido de estas leyes. Así, esta norma con cerca de 40 cambios legales incluye desde la semana pasada una propuesta de Vox sobre la supresión de los informes de género en la tramitación parlamentaria. Los intentos de la izquierda por paralizarla en la Asamblea alegando incumplimientos jurídicos no han funcionado y será previsiblemente aprobada la primera semana de noviembre, pero ayer PSOE y Más Madrid anunciaron que lo llevarán al Tribunal Constitucional, de manera que la ley puede quedar de alguna manera en barbecho hasta que este resuelva.

Ossorio repitió ayer, como hizo el viernes al presentar con Monasterio el acuerdo sobre esta ley ómnibus, que el Gobierno regional comparte "el objetivo" de las leyes de igualdad, que es "garantizar" la igualdad de las personas LGTBI ( y rechazar "cualquier tipo de discriminación y violencia", e, igual que el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, reiteró que el Gobierno regional estaría de acuerdo solo en modificaciones puntuales. De hecho, Muñoz Abrines explicó en rueda de prensa que existe un principio jurídico básico que dice "ley especial prima sobre ley general", y vino a reconocer que al incorporarse vía enmienda la supresión de los informes de género a la ley del suelo, que es específica, "se puede modificar lo que digan (las dos leyes de igualdad) sin tocarlas".