FISCALÍA

Anticorrupción archiva por falta de indicios la denuncia de Ayuso contra el marido de Calviño por ayudas covid

En julio ya se dio carpetazo a la investigación de las subvenciones que el PP de Madrid vinculó con los padres de Sánchez

Nadia Calviño.

Nadia Calviño. / EFE

Cristina Gallardo

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado el archivo de las diligencias abiertas en relación con Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ahora denominada Beedigital, que formaba parte del listado de empresas denunciado por el grupo popular en la Asamblea de Madrid por presunto tráfico de influencias a la hora de obtener ayudas en pandemia. Vinculaban su concesión presuntamente irregular al hecho de que el marido de la vicepresidenta Primera y Ministra de Econonomía, Nadia Calviño, ostentara un cargo directivo en la empresa. 

Según Anticorrupción, sin embargo, "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital". En su resolución, que tiene fecha del pasado viernes, Luzón justifica el carpetazo en la "ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales". 

Se denunció presunta prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, pero las indagaciones realizadas desde que se denunciaron los hechos el pasado mes de marzo no permiten afirmar que ninguna de estas conductas se hayan producido, según la Fiscalía.

Según la denuncia presentada por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, el director de marketing de Beedigital es el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Afirmaban que esta firma con anterioridad a la pandemia nunca había obtenido un contrato público", y que contrató con la Administración del Estado "a pesar de que no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social".

La denuncia recogía expresamente que "la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó, aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros". "En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros", exponía el escrito.

DESCARTA TRATO DE FAVOR

La investigación de Anticorrupción, que ha realizado el fiscal Luis Pastor como instructor de estas diligencias, ha consistido en el ánálisis los expedientes de la ayuda como diversa documentación de la Agencia Tributaria, así como de la Intervención General del Estado, tras lo cual concluye que "no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada".

Descarta asimismo "cualquier intervención" de Calviño en el expediente de ayuda, así como "cualquier relación de jerarquía respecto del Ministerio de Seguridad Social, en tanto que ambos se hallan integrados en un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros" sin que exista subordinación de Luis Escrivá respecto a la vicepresidenta.

La denuncia presentada en su día por el grupo que sustenta en la Asamblea a Díaz Ayuso se dirigía contra un total de siete empresas que obtuvieron contratos de material para hacer frente a la pandemia o ayudas directas que los populares relacionan con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez. Se apuntaba, concretamente, a doce contratos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes y obtenidos por las empresas Soluciones de Gestión, FCS Select, Member of the Tribe, Weihai Textile, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital y a diversa ayudas como la obtenida por la fabricante de plásticos Playbol. El montante de lo adjudicado sería de 326 millones de euros en adjudicaciones y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.

El pasado mes de julio Anticorrupción ya archivó , por falta de "indicios razonablemente verosímiles", la parte relativa a Industrias Plásticas Playbol, que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso vincula con los padres del presidente Pedro Sánchez.