INVESTIGACIÓN

Conspiración contra Podemos: la DEA, un exmilitar de Israel, las cloacas de la Policía y 124 millones saqueados a Venezuela

Una denuncia por vandalismo en Badajoz dio inicio a las pesquisas contra una organización criminal que ayudó a la Policía política a atacar a la formación morada

El abogado José Aliste Martín (con papeles en sus manos) tras declarar en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla

El abogado José Aliste Martín (con papeles en sus manos) tras declarar en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla / EPE

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Badajoz, 5 de julio de 2016. Los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía Nacional de esta localidad extremeña redactan el atestado 12324/16 en el que un ciudadano formulaba una denuncia por unos daños producidos contra bienes de su propiedad. En principio, nada extraordinario. Pintadas en las paredes cercanas a su vivienda en las que se le reclamaba que pagara. Otras pintadas con insultos en sus vehículos, cuyos depósitos habían sido vandalizados vertiendo azúcar en el combustible.

Todo hubiera quedado ahí si no fuera porque el denunciante apuntó a los agentes de Badajoz la sospecha de que los autores de este acto vandálico podían ser Alberto Galán Fereres, un supuesto exmilitar de Israel, y el Policía municipal de Madrid Daniel Renuncio Mateos.

Al ser advertidos de los hechos, los fiscales antimafia Juan José Rosa y José Grinda comenzaron a tirar del hilo hasta detectar una conspiración que conecta a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), con el saqueo de las cuentas públicas del Gobierno Bolivariano de Venezuela, la presunta extorsión contra una organización criminal liderada por un exmilitar de Israel que buscaba blanquear hasta 124 millones de euros ‘robados’ de empresas públicas venezolanas, y una conspiración en el seno de la Policía política del Gobierno de Mariano Rajoy para perjudicar a Podemos.

Villalobos y Alvarado

Con el paso de los meses, y tras las pesquisas de los fiscales, el denunciante de Badajoz se ha convertido en uno de los principales testigos de la causa, ya que años antes había sido contratado por los supuestos atacantes para recuperar los activos económicos que tenían bloqueados en Portugal tres jerarcas venezolanos. En concreto los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa; y el exjefe de los servicios secretos del Gobierno de Hugo Chávez Carlos Luis Aguilera.

Según la investigación realizada por Anticorrupción española en colaboración con las autoridades portuguesas, este dinero procedía del expolio de los fondos públicos venezolanos, pues desde finales de 2008 responsables del Banco Espirito Santo (BES) de Portugal establecieron contactos con un conjunto de entidades públicas venezolanas con el fin de lograr la gestión de los fondos titulados por estas empresas.

Entre estas sociedades públicas venezolanas estaban Petróleos de Venezuela, S.A, (PDVSA), Carbones de Zulia (Carbozulia del sector minero), Corporación Eléctrica, S. A.”, (Corpoelec, Electricidad De Caracas), así como el Banco del Tesoro, Bandes y Fonden. Las inversiones de esas entidades públicas venezolanas en el Banco Espirito Santo fueron generando intereses trimestralmente, lo que permitió que se reuniera una cifra entre 2009 y 2013 que superaba los 248 millones de dólares estadounidenses.

124 millones

La mitad de estos intereses, más de 124 millones de dólares, fueron transferidos a distintas sociedades offshore controladas por ciudadanos ligados al sistema político venezolano. Entre ellos, relata Anticorrupción, se encontraba Nervis G. Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela y expresidente de la empresa pública Cadafe, filial de la eléctrica venezolana Corpoelec.

"Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013, se transfirieron 124.892.682 dólares de EEUU de la cuenta abierta en el “Banco Privée Espíritu Santo”, en Suiza, a nombre de una sociedad vinculada al “Grupo Espíritu Santo”, -pero que no aparecía en sus organigramas oficiales y sin otra actividad que no fuera la de recibir y traspasar fondos-, hacia las cuentas bancarias de las empresas offshore domiciliadas en el “ES Bankers Dubai”, completa el Ministerio Público, en alusión a las firmas de los jerarcas venezolanos.

Tras el bloqueo en Portugal de los fondos y el inicio de la persecución en Estados Unidos, un grupo de conseguidores, que la Fiscalía engloba en una organización criminal, contactó con los jerarcas, a quienes a cambio de fuertes cantidades de dinero les prometían que podrían residir en España a salvo de una posible extradición a Estados Unidos, al mismo tiempo que podrían disfrutar del dinero que seguía bloqueado en el país luso.

Hiperion Advisers

El supuesto líder del clan era Alberto Galán Fereres, conocido con el apodo de "Avi", dueño de la firma Hiperion Advisers, una consultora de análisis de inteligencia, con la que habría canalizado el pago de miles de euros que según los fiscales proceden de las cuentas de los jerarcas venezolanos. El nombre de esta firma aparece en las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien también conocía al abogado José Aliste Martín, que ejerció de letrado de Alvarado Ochoa.

Galán Fereres y el lobista Martín Rodil, -quien aseguraba tener relevantes contactos con el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA)- se puso en contacto con los excargos venezolanos, a quienes prometió distintos favores policiales, que en algunos casos sí llegaron a ejecutarse. En su declaración como investigado en el Juzgado de Madrid que investiga los hechos "Avi" también sembró la duda de sus supuestos vínculos con la DEA de Estados Unidos, pues aseguró haber recibido pagos mediante intermediarios de esta organización antidroga.

Pero a los jerarcas no les bastó con pagar mordidas para conseguir favores policiales. Según han confesado ahora los imputados, entre ellos el abogado José Aliste, la cúpula policial les conminó a conseguir información para conspirar contra Podemos. Y fue este letrado, según ha declarado ante la jueza, quien concertó un encuentro de su cliente, el exviceministro Alvarado, con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros mandos. Según su testimonio, también habrían participado en la reunión "el comisario general de Policía Judicial, Santiago Aparicio; el comisario de la UDEF, José Manuel García Catalá, y dos asesores de la dirección adjunta operativa (DAO), Bonifacio Pérez Sevilla y Bermúdez". En dicha reunión, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa prometió buscar información en contra de Podemos.

Rafael Isea

Y tras facilitarla, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz envió a Estados Unidos a tres policías para negociar con el exministro Rafael Isea para convencerle de que respaldara la tesis de la supuesta financiación venezolana de Podemos. Isea, que mostró sus dudas acerca de la veracidad de la supuesta carta de Hugo Chávez, acabó declarando en contra de la formación morada.

Según Aliste también fue él quien facilitó una carta a la Policía de Mariano Rajoy en la que supuestamente el expresidente de Venezuela ordenó el pago de 32 millones de euros a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge, según la grabación de la declaración adelantada por La Razón. En la agenda de Villarejo consta que un agente, que identifica con el nombre de "Boni", en alusión al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le había reconocido sus sudas sobre la información suministrada por el abogado. "Me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega [Aliste] que tiene dos clientes venezolanos por blanqueo".

Además, otro cliente de Aliste, el empresario venezolano Moris Beracha, le proporcionó "una fuente de información" con la que se entrevistó en Miami (Estados Unidos), que le facilitó información acerca del delito fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.