TRIBUNALES

El PSOE pide imputar al PP en Púnica en base a la condena del Supremo en Gürtel

"En aplicación de la jurisprudencia pedimos que se considere al PP persona jurídica investigada y participe a título lucrativo", reclaman los socialistas

"El Tribunal Supremo considera responsable al partido, aunque los fondos se circunscriban a un grupo municipal", recuerda el recurso

Dirigentes del PP de Madrid barajan demandar a Génova si no adelanta el congreso

Dirigentes del PP de Madrid barajan demandar a Génova si no adelanta el congreso

Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez

Las acusaciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y del PSOE han pedido al juez que investiga el caso Púnica, Manuel García Castellón, que reconsidere su decisión inicial e impute al Partido Popular nacional por la caja b que tenía esta formación política en la Comunidad de Madrid, según consta en un recurso presentado este jueves 20 de octubre en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho en base a la sentencia del caso Gürtel, que fue confirmada por el Tribunal Supremo, en la que el PP nacional fue condenado como partícipe a título lucrativo de los pagos que la trama dirigida por Francisco Correa realizó a los grupos municipales del partido en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

"El Tribunal Supremo considera responsable al PP, aunque los fondos se circunscriban a un grupo municipal o a un Ayuntamiento, y en el caso que nos ocupa, los hechos y los fondos no se refieren solo a Ayuntamientos como es el caso de Pozuelo de Alarcón, sino que además son hechos y fondos referidos a una parte de la estructura tan importante como es el Partido Popular de Madrid, pieza fundamental del engranaje y sobre el que el control debe de ser mucho más estrecho, la responsabilidad es por tanto mucho más evidente en el caso que nos ocupa", especifica el recurso dirigido al juez.

En el caso Púnica, prosigue el documento de las acusaciones, el volumen de los fondos "es inmensamente mayor". Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas madrileña, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275 euros.

Tenían que consolidar las cuentas

"Estamos hablando de millones de fondos procedentes de dinero público. Y en segundo lugar, porque los actos y las campañas se acordaban desde la planta primera de la sede del Partido Nacional en Génova 13 y se desarrollaban en la Comunidad de Madrid o en la misma ciudad, donde residían la mayor parte de los líderes nacionales, quienes acostumbrados a celebrar y financiar actos no podían ignorar la enorme cantidad de recursos utilizados a tal fin. Lo que conocían con total seguridad, pues debían consolidar las cuentas, era el límite de gasto que correspondía al PP de Madrid", dice de forma literal el recurso.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Esperanza Aguirre / EFE

El instructor rechazó imputar al PP nacional al considerar que las supuestas irregularidades cometidas con la caja b se debían atribuir en exclusiva al partido en Madrid, que disponía en autonomía. Sin embargo, el PSOE y Adade no están de acuerdo, y por eso, de forma literal dicen en su recurso. "Parece deducirse que sería una persona jurídica distinta, lo que obviamente es absolutamente falso, o tendría un CIF diferenciado, lo que tampoco se produce. A este respecto debemos decir que no consideramos necesario insistir en la personalidad jurídica única y el CIF único del Partido Popular, y ello porque es reciente y además ha sido ampliamente comentada en todos los medios de comunicación la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2020 que confirma la sentencia de la Audiencia Nacional 5/2015 y ratifica lo mantenido en el auto de apertura del juicio oral Época I de Gürtel".

En este sentido, la letrada de Adade y del PSOE destaca que según los propios estatutos del PP el gerente, en este caso el imputado Beltrán Gutiérrez, que es el responsable de las cuentas electorales y del partido, depende de la Gerencia Nacional: "De hecho en este caso fue el PP nacional quien procedió a su despido, aunque la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, le buscase un nuevo contrato para mantenerle dentro de la estructura del PP de Madrid pero ya no como gerente", completa el recurso, que recuerda que las cuentas tienen que presentarse de forma consolidada: "El PP debe de integrar y consolidar las cuentas regionales y, por lo tanto, hacerse responsable de las mismas".

Benefician al PP

La sentencia y la jurisprudencia es "clara y contundente", prosigue el recurso, que considera que "cualquier aportación de dinero ilícito a las cuentas ya sean electorales o a actividades del Partido Popular, se produzcan donde se produzcan, benefician al Partido Popular y en consecuencia este asume la responsabilidad".

No obstante, el recurso reconoce que una parte de los hechos, es decir, la existencia de una caja b en el PP madrileño, se circunscriben a un periodo en el que responsabilidad penal de las personas jurídicas no estaba contemplada en el ordenamiento jurídico, y por tanto no podía atribuírsele más que responsabilidad como partícipe a título lucrativo: "Pero no es el caso en esta pieza separada pues como consta en el escrito en que se solicita su imputación, los hechos se alargan hasta 2014", concluye.

Por eso, estas acusaciones populares reclaman en el escrito al magistrado, "en aplicación de la jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo", que dicte un auto por el que se considere al PP "persona jurídica investigada respecto de los hechos ocurridos a partir de la entrada en vigor de la ley [de responsabilidad penal de las personas jurídicas] y como participe a título lucrativo de los anteriores".