ANÁLISIS

Isabel Díaz Ayuso, una heroína en diferido de "1984" ante el Poder Judicial

Las negociaciones entre Bolaños y González Pons para vestir el muñeco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) darán la semana próxima el salto de abordar la futura presidencia

poder judicial

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Ernesto Ekaizer

"Disculpa. No estoy hablando con nadie hasta que acabe el proceso", respondió a este periódico 

Esteban González Pons

, el negociador del 

Partido Popular

 que diseña junto con el ministro 

Félix Bolaños 

el traje del nuevo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que le preocupa "llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces".

Según informaciones procedentes de fuentes en contacto con los negociadores y sus colaboradores, el parto del nuevo

CGPJ

, bloqueado en 2018, después de frustrarse la expectativa del PP -en parte por su propia conducta- de obtener la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ para el magistrado Manuel Marchena, y el fracaso -por la estrategia del entonces presidente 

Pablo Casado

- de los contactos entre 

Teodoro García Egea

 y Bolaños en 2021, ya está muy cerca.  

"Se trata de darle al PP lo que desea para permitir a

 Alberto Nuñez Feijóo

 explicar a sus dirigentes por qué después de la política practicada de bloqueo durante cuatro años (noviembre de 2018-noviembre de 2022) se ha dado este viraje", dice una fuente consultada. "Muchos no nos lo terminamos de creer, a pesar de que nos aseguran que esta vez sí habrá acuerdo", añade. 

Es que esa necesidad del PP de cargarse de argumentos para justificar el pacto ya ocurrió precisamente en noviembre de 2018. Entonces, el exministro Rafael Catalá, negoció con la ministra Dolores Delgado, que había sido reprobada dos veces en el Congreso de los Diputados, y ello levantó ampollas en los dirigentes. Catalá explicó a García Egea que, al ser aceptada la propuesta de que Marchena fuera el nuevo presidente, ello compensaba con creces el cambio de conducta. El célebre whatsapp del portavoz del Senado Ignacio Cosidó arruinó el pacto, tras filtrarse el nombre de Marchena. 

Precisamente, Isabel Díaz Ayuso asumió este jueves una posición similar a la de los dirigentes del PP en 2018. 

La distorsión de la realidad

"Lo que sobre todo me preocupa es una negociación con el Gobierno, el de

Pedro Sánchez

, que miente por sistema, que no es de fiar. Tenemos que seguir siendo firmes a la hora de exigir la despolitización del órgano de los jueces. Me preocupa también que ese Consejo se llene de Tezanos disfrazados de jueces, que las negociaciones sean firmes y que no permitan que gente con carné ni cercano a un partido político ocupe ningún puesto. Creo que si la justicia no es independiente y no aprovechamos la oportunidad que ternemos ahora, este Gobierno ya no va a tener nunca un solo contrapeso", señaló. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende ignorar que la realidad es la contraria. Una aproximación a la realidad muy propia de la que describe el escritor George Orwell en su famosa obra 1984, sobre la verdad y las mentiras flagrantes, la naturaleza, en fin, de ejercer el poder mediante la distorsión de la realidad. 

¿Cómo de otra manera hubiera dicho al anunciar el 7 de septiembre su próxima renuncia -con Feijóo sentado enfrente-, el dimitido presidente del TS y CGPJ Carlos Lesmes -uno de los suyos- que se debía cumplir la ley, renovar el CGPJ con la ley vigente, y se eligieran los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde? 

En otros términos: que el PP tenía que deponer su larga y cerrada resistencia

Los conservadores y los progresistas

En la mecánica de la renovación del CGPJ impuesta por el PP -aplazar los nombramientos de los cuatro magistrados caducados del TC, excepto el de Alfredo Montoya, conservador, que dimitió por razones de salud el verano pasado- hasta después de que asuma el nuevo Consejo, subyace, precisamente, la preocupación de la derecha por la próxima presidencia del Tribunal Constitucional que saldrá de la votación prevista por ley una vez que se cubran los magistrados con mandato vencido desde el pasado 12 de junio. 

El sector progresista, que pasará a contar con siete magistrados contra cinco del conservador, tendrá que proponer un candidato. ¿Ese candidato será el que automáticamente va a devenir presidente? En términos aritméticos sí. 

Pero, atención, ¿qué hará el sector conservador? ¿Limitarse a votar en contra? ¿O abrir una brecha en el sector progresista como ya lo hizo en 2017 cuando consiguió que su candidato a vicepresidente -Fernando Valdés Dal Ré- no obtuviera la mayoría porque se le ofreció el puesto a la magistrada Encarna Roca formalmente del sector progresista y ella lo aceptó? De aquellos polvos salieron esos lodos, cuando el voto de Roca fue decisivo para declarar la inconstitucionalidad del estado de alarma aplicado por el Gobierno en la pandemia. 

Balaguer quiere unanimidad

En una entrevista con este diario, la magistrada María Luisa Balaguer afirmó tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo y seguir funcionando, la prueba, según el escritor norteamericano Francis Scott Fitzgerald, de una inteligencia de primera clase. Una de esas ideas es la de ser presidenta si consigue tener los votos suficientes y la otra la de votar a su colega Cándido Conde-Pumpido si éste los consigue. Pero, claro, para que Conde-Pumpido los consiga necesitan que sus pares progresistas le voten. ¿Si no como ha de ser? Balaguer, en cambio, quiere ser presidenta no como candidata del sector progresista sino por unanimidad. 

Es decir: después de nueve años de dominio de la derecha en el tribunal, el sector progresista, según se desprende de la visión de Balaguer, debería buscar un pacto con los conservadores similar al que se concretó al elegir a Pedro González-Trevijano en el otoño de 2021, para lograr una presidencia por unanimidad. 

Esta casi campaña emprendida por la magistrada en el último mes y medio ha sido convergente con la actividad de cenáculos de magistrados en el Tribunal Supremo y medios de comunicación que se han movilizado para conseguir que el PP haga suyo el objetivo de bloquear una presidencia del magistrado Conde-Pumpido, vamos, que ponga como condición al Gobierno que la renovación del CGPJ se frustrará una vez más si no se le asegura que el citado magistrado "no pasará". 

Las fuentes consultadas señalan que este es un 'wishful thinking', una expresión de deseos. Es decir: que en la mesa de negociación Gobierno-PP esa condición de los cenáculos señalados no está ni se le espera. 

Pero sonido y furia en los mentideros madrileños, haberlos haylos. Y a medida que se acerca la hora señalada aumentarán de intensidad.