Un vocal fuerza al Supremo a pronunciarse en 48 horas sobre el relevo de Lesmes en el CGPJ

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designado a propuesta del PP Wenceslao Olea, que es también magistrado del Tribunal Supremo, ha presentado un recurso que fuerza al alto tribunal a pronunciarse en 48 horas sobre la designación de Rafael Mozo para sustituir al que fuera presidente del órgano de gobierno de los jueces hasta su dimisión la pasada semana, Carlos Lesmes.

Olea, uno de los vocales más leales a Lesmes, fue el único que votó en contra de esta designación, frente al apoyo que Mozo tuvo de 16 de sus compañeros. A él se une otro recurso presentado por el secretario general del órgano, José Luis de Benito.

En su recurso, según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del alto tribunal, pide la anulación del acuerdo por no ser conforme a derecho y también solicita que, mientras se resuelve o no sobre el fondo, la elección de Mozo quede en suspenso como medida cautelarísima. Esta petición fuerza a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la que pertenece el propio Olea a pronunciarse 'inaudita parte' -sin consultar al propio Consejo- y en el plazo de 48 horas.

Se de la circusntancia de que a la sección a la que corresponde revisar los acuerdos del Consejo, la Sexta, la integran dos magistrados que estuvieron en la Sala de Gobierno del alto tribunal en la que Lesmes dio a conocer su plan de sustitución -para que su suplente fuera el magistrado Francisco Marín Castán, tanto en el Supremo como en el CGPJ-, por lo que no podrán deliberar sobre el recurso de Olea y deben ser sustituidos. Se trata de Pablo Lucas y de César Tolosa, quienes que presentaron su apoyo al plan de Lesmes.

Así, la Sala que decidirá estárá integrada Octavio Juan Herrero, José Antonio Montero, Celsa Pico y José María Bandrés y Eduardo Espín. Los dos últimos, por cierto, entre los nombres que más suenan para la cuota de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que el CGPJ tienen aún pendiente de designar.

Olea ya advirtió de la posible ilegalidad de la decisión de la mayoría durante el Pleno del CGPJ del pasado jueves, en el que además de su voto en contra se contabilizó la ausencia de la vocal designada a propuesta del PSOE Mar Cabrejas, que se ausentó por considerar la votación ilegal. También lo hizo el secretario general del órgano, José Luis de Benito.

¿LA LEY LE PERMITE RECURRIR?

Desde que se conoció la postura de Olea, uno de los vocales más cercanos a Lesmes, desde el CGPJ otros compañeros advirtieron de la imposibilidad de que éste pudiera presentar recurso, aludiendo al artículo 20 de la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. Éste señala que no pueden interponer recurso contencioso, entre otros, "los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente". Por esta razón, una de las primeras decisiones que tendrá que adoptar el Supremo es validar si Olea cuenta con legitimidad o no para recurir la decisión de sus compañeros del CGPJ

La elección de Mozo fue posible gracias a un pacto entre los sectores progresistas y conservador del CGPJ que desoyó el plan de sustitución que había diseñado el propio Lesmes, y que basó en un informe técnico encargado a propósito para ello. 

Así, se decantaron por una bicefalia, de modo que en el Supremo sí podría ser suplido por el magistrado más antiguo -ademas de vicepresidente en funciones, Marín Castán- mientras que en el CGPJ ascendieron como presidente suplente al vocal de mayor edad, el progresista Rafael Mozo. Según el pacto, sus atribuciones estarán "supervisadas", en especial en materia económica, de personal y comunicación.