Pascual Sala: "El sistema de elección de vocales del CGPJ es correcto, pero ha sido mal utilizado"

A sus 87 años, Pascual Sala es una de las personalidades públicas que puede analizar de forma más rigurosa y válida la actual crisis institucional que mantiene sin renovar desde hace casi cuatro años el órgano de gobierno de los jueces; una institución enredada en disputas políticas que han provocado incluso la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Sala sabe de lo que habla porque presidió el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y por tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1990 y 1996, y posteriormente el Tribunal Constitucional (TC), entre 2011 y 2013. Y también le tocó exigir en su día a los políticos que superaran sus diferencias y cumplieran con la Constitución. 

Lo que está ocurriendo en el CGPJ quizá le recuerde a lo que ocurrió en su caso, cuando la renovación del órgano que concluyó su mandato en 1996 vino precedida por la dimisión de varios vocales ¿Qué ocurrió en dicha ocasión?

La terminación en 1996 de mi mandato se prorrogó durante siete meses, pero en medio hubo un proceso electoral en el que no se podía renovar un órgano de poder del Estado, y hubo que retrasar. Pero una vez que se produjo y se constituyeron las cámaras yo visité a los presidentes del Congreso y el Senado y les dije, cuando estén constituidas las cámaras debéis renovar. Cuando se constituyeron las cámaras dimitieron seis vocales, dejando este órgano reducido a su Comisión Permanente. Yo no dimití, pero acepté las dimisiones de estos seis vocales con las que estuve de acuerdo. Así, las cámaras renovaron el Consejo, que era entonces de elección exclusivamente parlamentaria, incluidos los doce miembros de procedencia judicial, porque no se habían producido todavía las modificaciones de 2001 y sobre todo de 2013, que crearon un sistema mixto.

Pascual Sala: "El sistema de elección de vocales del CGPJ es correcto, pero ha sido mal utilizado"

Según su opinión, ¿deberían dimitir entonces algunos vocales para reforzar la postura de Lesmes y acelerar así la renovación?

Sí, creo que eso sería también una solución. Pero no quiero criticar a nadie porque desconozco las razones por las cuales no están dispuestos a hacerlo o se ha retrasado la dimisión del presidente, tras cuatro años.

La lista de 51 candidatos de procedencia judicial entre los que hay que elegir doce vocales para el CGPJ fue remitida a las Cortes en septiembre de 2018. ¿No ha quedado ya obsoleta? ¿Debe mantenerse?

Algunos han podido jubilarse, pero no está absolutamente obsoleta. Dentro de los 51 miembros propuestos puede haber, supongo, algunos que ya no están disponibles, pero no se puede retrasar aún más la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Si quedan 45 o 46 quedan suficientes candidatos con todos los matices para que se pueda producir la elección.

Con respecto a Lesmes, ¿cree que no había otra alternativa que su dimisión? ¿Debería haberlo hecho antes?

Yo no puedo juzgar eso, depende de las circunstancias que esté viviendo cada cual. No voy a decir si debería haberlo hecho antes o no, porque la cuestión es que lo ha hecho, para acelerar esta renovación, aunque parece ser que no ha producido un efecto inmediato.

Una vez se produzca la renovación, si esta llega, ¿cree que podrá limpiarse el descrédito institucional que se ha provocado?

La herida que se ha producido tardará un tiempo en poder curarse en relación a la imagen de la justicia española, no solamente en España, sino también fuera. Tengo compañeros en los más altos órganos de la judicatura en Francia y Alemania que me han preguntado ¿Qué os pasa en España?

¿Y qué les responde?

Les explico que hay un procedimiento perfectamente correcto pero que los partidos políticos no han realizado las propuestas,  y eso es una barbaridad. El actual sistema de elección de vocales es un sistema correcto y un sistema razonable, pero ha sido mal utilizado, evidentemente mal utilizado, no culpa del sistema, es culpa de los que lo aplican.

Veo que no comparte que haya que cambiar el sistema de elección.

No lo comparto en absoluto. Por lo que algunos afirman pareciera que las Cortes generales, el Congreso y el Senado pudieran elegir a los miembros de la carrera judicial que estimaran pertinentes. Y no es así, sobre todo a partir de las modificaciones de 2001 y 2013, y se trata de fechas en las que podría haberse seguido otro camino (corresponden con Gobiernos de los populares José María Aznar y Mariano Rajoy).  Y sin embargo quienes tenían las mayorías parlamentarias para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no lo hicieron, y simplemente establecieron este sistema mixto, que es un sistema proporcional muy adecuado. Las Cortes Generales no pueden elegir los miembros de la judicatura que quieran por conveniencia, sino que tienen que limitarse a los exclusivamente propuestos por los propios jueces y magistrados, promovidos a través de un sistema de elecciones y de avales.

Tienen además una Sala, dentro del propio Tribunal Supremo, que es que la realiza la proclamación, una especie de junta electoral integrada por el magistrado más antiguo y más moderno del Tribunal Supremo, que realiza la proclamación de los candidatos, y contra sus acuerdos cabe recurso contencioso. 

Entonces, cuando determinados políticos hablan de que hay que dejar que los jueces elijan a los jueces, se trata de una simplificación, cuando no una incorrección que confunde a la opinión pública.

La justicia emana del pueblo, según dice el artículo 117 de la constitución, y el pueblo está legítimamente representado por el Congreso y por el Senado, algo habrá que dejarles decir, dentro de lo que han propuesto los propios jueces. Se trata de un sistema donde hay una implicación de la legislatura porque la capacidad de las Cortes generales para realizar las designaciones está limitada. Es un sistema correcto que garantiza la intervención de los jueces para el CGPJ.

Tras la dimisión de Lesmes hay un presidente suplente en el CGPJ, Rafael Mozo. ¿Cómo cree que debe enfocar su labor si la renovación sigue sin llegar?

No creo que cometan la barbaridad tan enorme de prolongar esto indefinidamente. Creo que será cuestión de días, porque si no se dará una imagen verdaderamente deplorable. En el CGPJ hay ahora una situación anómala, pero si se produce, en el Supremo se debe sustituir a Lesmes por el presidente de Sala más antiguo, y en el Consejo por el vocal de más edad. Creo que ha sido correcto cómo se ha realizado.

¿Quién tiene la culpa del actual bloqueo?

Los que están negociando y no llegan a un acuerdo

¿Las dos partes por igual, el PSOE y el PP?

Creo que sí, las dos partes tendrán la culpa, unos lo mejor más que otros, naturalmente.

Usted también fue presidente del Tribunal Constitucional, cuya renovación parcial sigue pendiente. ¿Cómo valora el bloqueo por parte de un grupo de vocales de un órgano constitucional como es el CGPJ?

No había ocurrido antes. El Consejo debería nombrar a los magistrados que le corresponde, inclusive el Consejo provisional. Lo contrario supone una otra demora que afecta nada más y nada menos que al garante supremo de la Constitución, al que están sometidos todos los jueces y magistrados. Además, deberían nombrar con criterios de excelencia, de mérito y de capacidad, y los criterios deben ser objetivos. Uno debe ser un buen jurista, pero lo tiene que percibir también el pueblo, y sobre todo en el Tribunal Constitucional.

¿Estos criterios de excelencia se cumplieron en la última renovación del TC, la de noviembre de 2021? Algunas designaciones causaron cierta polémica.

Yo creo que sí. La referencia que tengo es que son buenos juristas. Pero insisto en que la excelencia debe ser percibida no sólo por los que realizan la elección, sino también percibida objetivamente por el pueblo.

¿Están politizados los magistrados del Tribunal Constitucional?

Yo creo que no. Los magistrados y magistradas, como cualquier persona, tienen ideología y votan. Y votan a quien quieren. Pero tienen que aplicar exclusivamente la ley. Es cierto que algunas leyes permiten la interpretación y esto es legítimo siempre que no se aplique con ideología o por pertenencia partidaria. Lo contrario sería prevaricar, cometer un delito.

¿Cómo se explica que una cuestión como la del aborto lleve 12 años pendiente de resolver en el Constitucional?

El recurso se presentó en cuando yo presidía el Tribunal Constitucional, y estuvo allí admitido pero no resuelto año y pico, pero ya lleva doce años pendiente. La ley de interrupción voluntaria del embarazo salió, pero los partidos que interpusieron el recurso tuvieron mayorías absolutas para modificar esa ley, podrían haber vuelto al sistema de supuestos de la ley anterior, que era perfectamente constitucional, pero no lo hicieron. Solo modificaron la edad para interrupir el embarazo de 16 a 18, como está ahora. ¿Se pidió al TC una especie de dictamen o asesoramiento? Si un asunto puede ser resuelto parlamentariamente con total legitimidad, no hay que acudir a ver que piensa el Tribunal Constitucional, que no es un órgano consultivo, sino el intérprete máximo de la Constitución. No se debe llevar a los tribunales algo que se puede resolver política y parlamentariamente con toda legitimidad. Esto es lo que creo que ha justificado que esté doce años pendiente.

Esta interposición continua de recursos contra decisiones políticas, ¿no constituye un modo de actuar irregular con respecto al Tribunal Constitucional?

La doctrina coincide en que en este país se produce una judicialización de la política, y se usa el TC para asuntos que deberían resolverse en el parlamento. Aquí se judicializa todo, lo piensa una mayoría de constitucionalistas, pero qué le vamos a hacer.