Unidas Podemos se coordina con ERC y Bildu para forzar a Moncloa a ceder en la ley de vivienda

Unidas Podemos maniobra para que sus principales exigencias de la ley de vivienda salgan adelante, aunque éstas no lleven estrictamente su sello. Las negociaciones presupuestarias culminaron en acuerdo la semana pasada sin que el PSOE se aviniera a un nuevo compromiso en esta materia. Pero el socio minoritario de coalición ya trabaja por arrancar estos logros, y lo hace de la mano de ERC y EH Bildu, a sabiendas de que los socialistas les necesitan para que salgan las cuentas.

En Moncloa defendían la pasada semana la negativa a pactar con los morados nuevos puntos de la ley de vivienda. Argumentaban que, como ya se pactó un texot en el acuerdo presupuestario anterior, no correspondía volverlo a hacer. "Cada cosa tiene su momento, (la ley de vivienda) ya lo tuvo en los presupuestos de 2022 y, por tanto, que siga su curso en el desarrollo parlamentario", llegó a asegurar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos. 

 En Unidas Podemos achacan esta postura a un intento de los socialistas de evitar que el socio minoritario pueda atribuirse la legislación que salga adelante. Un manera, en definitiva, de no regalarles esa medalla a los morados, que han abanderado los problemas de vivienda como una de sus principales reivindicaciones desde su llegada al Gobierno.

Sin embargo, el ala socialista de Gobierno sí se reserva la bala de la ley de vivienda para satisfacer a ERC y Bildu, con quienes deberán llegar a acuerdos para aprobar las cuentas y con quienes sí se ha abierto a negociar esta materia. Y es ahí donde Podemos tratará de extender su influencia, haciendo frente común con los dos partidos nacionalistas para forzar al PSOE a moverse. Fuentes del grupo parlamentario señalan que “ese trabajo de coordinación está hecho” y que la sintonía es total con estas formaciones en cuanto a vivienda. En la recta final de las negociaciones presupuestarias ya se produjeron reuniones a tres entre republicanos, abertzales y morados, que mantuvieron distintos encuentros con la Plataforma Antidesahucios (PAH) y el Sindicato de inquilinos. 

Un texto más duro

En la negociación presupuestaria del pasado año, Unidas Podemos logró cerrar un texto con el PSOE en materia de vivienda. Este texto fue la condición para desbloquear el acuerdo, y los morados cedieron a que únicamente se regularan los precios de alquiler a los inmuebles pertenecientes a grandes tenedores, que se definieron como aquellos propietarios con más de diez inmuebles, aplazando así la legislación referente a pequeños propietarios. Pero un año después los morados quieren incluir varias enmiendas para endurecer el control de los precios de los alquileres. Y aunque los socialistas se han cerrado a cualquier nueva negociación con Unidas Podemos, se mantiene abierta la vía nacionalista en este punto. "Unos Presupuestos que no contemplen la Ley de Vivienda, directa o indirectamente, empiezan mal", advirtió el pasado martes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Unidas Podemos, al igual que ERC y Bildu, quiere ahora que la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas afecte a todos los propietarios, grandes y pequeños, aunque admiten que tendrá que negociarse qué se considera propietario. El objetivo del socio minoritario es endurecer el actual compromiso por el que sólo tendrán que limitar los precios del alquiler aquellas personas que dispongan más de diez inmuebles, y reducir esta cifra a un menor número de viviendas. 

Éste es uno de los tres objetivos principales que comparten ERC, Bildu y Unidas Podemos. Otro de ellos llegó al Congreso a principios de septiembre, cuando se debatió una iniciativa presentada por estas tres fuerzas. La propuesta pedía ampliar el parque público de viviendas integrando los inmuebles de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, que absorbió los activos 'tóxicos' de la banca durante su rescate en la anterior crisis financiera. La prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional es el último de los tres requisitos acordados entre las fuerzas republicanos y abertzales tratarán ahora de arrancar en las negociaciones presupuestarias y que, de lograrse, sería asumido también como un logro de los morados. Estas exigencias fueron puestas sobre la mesa, destacan fuentes moradas, tras intensas conversaciones con los partidos independentistas. 

Los contactos de Unidas Podemos con ERC y Bildu son “permanentes” para hacer seguimientos de los posibles avances en esta materia, aunque desde el grupo confederal destacan que la vía también sigue abierta con el PSOE a nivel parlamentario para ir perfilando la ley, ahora en trámite parlamentario. La semana pasada sin ir más lejos los portavoces de UP en este asunto, Rafael Mayoral y Pilar Garrido, se reunieron con sus homólogos socialistas para ir perfilando el texto. Un texto cuyos avances más ambiciosos, sin embargo, fían ahora a las fuerzas soberanistas.