Fiscalía General recaba información actualizada sobre investigaciones por muertes covid en residencias

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado un oficio a los fiscales superiores de toda España reclamando información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes causadas por la COVID-19 en residencias de mayores, al tiempo que da instrucciones precisas para que los familiares, a los que considera "víctimas indirectas" sean "oídos e informados" en todo momento. La orden se produce en plena polémica por las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que afirmó que las familias ya habían "superado" este asunto como argumento para oponerse a una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

El oficio, fechado este jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la "dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la COVID-19", unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente. En concreto, pide a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público entre el 1 de enero y el pasado día 30.

Los últimos datos oficiales que se conocen obran en la Memoria de la Fiscalía de Madrid, relativa a 2021, en la que se señala que con fecha del pasado 31 de diciembre se mantenían abiertos 64 procedimientos judiciales incoados para el esclarecimiento de fallecimientos en residencias relacionados con la gestión de la pandemia por el virus COVID-19. En estos procedimientos se investigan supuestos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, y en algunos otros casos intrusismo o delito de trato degradante.

DIFICULTAD DE DEMOSTRAR CAUSA-EFECTO

En cuanto a las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía en Madrid, a lo largo del pasado año 9 de ellas concluyeron con la interposición de denuncia y 11 fueron judicializadas sin concluir la investigación al tener conocimiento de que los mismos hechos estaban siendo ya objeto de pesquisas por parte de un juez. Se trata, según fuentes fiscales consultadas, de procedimientos en los que es muy difícil demostrar una causa-efecto, por lo que un total de 42 resultaron archivadas en el último año tras concluir que no había indicios suficientes de la comisión de hechos delictivos.

También este jueves la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, dio a conocer que se había dictado una instrucción para que los fiscales retomen "sin demora" la supervisión de los centros de mayores en la región mediante visitas presenciales. Esta decisión se toma, advierte en una nota informativa, porque durante la crisis derivada de la pandemia se comprobó que se dieron algunas "situaciones de vulnerabilidad" de las personas mayores que se encuentran en las residencias y es su obligación velar por ellos y "extremar el celo" en el control, seguimiento y supervisión la labor inspectora de la Fiscalía.

El documento se dio a conocer por la fiscal superior coincidiendo con la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un acto formal en presencia de autoridades -entre ellas la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- en el que la principal responsable ha leído un discurso en el que ha hecho mención expresa a la orden dada a los fiscales madrileños.

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Pero la orden de la Fiscalía General va más allá. Según señala Villafañe en su oficio, es preciso "adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19". Recuerda también que "resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal".

"Para ello, se ha de velar por qué sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos", indica el oficio.