PROVIENE DEL SENADO

El Congreso desbloquea una ley para devolver los cajeros a los pueblos que los perdieron

  • La Cámara Baja comenzará a tramitar una proposición de ley procedente del Senado que obliga a los bancos a instalar al menos un cajero en una lista de municipios considerados "en riesgo de exclusión financiera"

Cadalso de los vidrios, el pueblo más barato de la Comunidad de Madrid. EPC

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La Mesa del Congreso ha desbloqueado esta semana una ley destinada a obligar a los bancos a implantar un cajero automático en "municipios en riesgo de exclusión financiera", es decir, en la España vaciada. La propuesta procede del Senado. Estaba desde junio atascada en ese limbo de las prórrogas de enmiendas, que es donde el Gobierno deja las iniciativas legislativas que, por una razón u otra, no interesa tramitar. El argumento principal es que no concita acuerdo. Otra razón frecuente es la inviabilidad técnica. También es habitual esgrimir la colisión con otra norma o con algún plan del Ejecutivo desplegado o a punto de desplegarse.

Tras todo el verano en ese limbo, vaya, el Congreso se dispone a revisar el texto y seguramente a cambiarlo. Aunque el impulso dado por la Mesa no garantiza ni mucho menos que la ley vaya a ver la luz, sí lanza una señal. Dentro de unos días, una comisión parlamentaria recibirá la propuesta y tendrá que confeccionar un calendario con ella. Puede que aún tarde, sí, pero al menos los diputados/as están enseñando un mensaje político: se van a poner manos a la obra. No es poco.

Además, no se trata de una proposición de ley ya registrada que está a la espera de la admisión a trámite. Es cierto que el Grupo Plural, a instancias de JxCat, BNG, Más País y Compromís, y el Grupo Mixto, por medio de Coalición Canaria, tienen una presentada en el Congreso con el mismo título y con una redacción similar. Pero no ha superado el primer gran escollo del procedimiento: la toma en consideración por parte del pleno. Tampoco deberá hacerlo porque la que revisará y analizará el Congreso no es ésa, sino la que procede del Senado.

El 11 de mayo de este año, el pleno de la Cámara territorial, por abrumadora mayoría, 246 síes de un pleno de 265 parlamentarios, admitió a trámite la proposición de ley defendida por el grupo nacionalista, que integran JxCat, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario. El PSOE, el PP, ERC, EH Bildu, el PAR (Aragón), UPN, La Izquierda Confederal (varias siglas de izquierdas) dieron su voto a favor. Y como establece la Constitución, aceptada la propuesta legislativa, se envió al Congreso. En España, la Cámara de primera lectura es la que es, la de los diputados.

Minuto de silencio para condenar los últimos asesinatos por violencia machista, antes del inicio del pleno del Senado que debatirá la estrategia de ahorro energético, en Madrid. 

/ EFE/ Rodrigo Jiménez

No es una ley corta. Tal y como explicó su artífice, el senador de JxCat Josep Lluis Cleries, ha participado en la escritura hasta la Generalitat de Cataluña. Ya el artículo 1 deja claro el campo de juego, “establecer el régimen de garantía de la prestación del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera”, y así, asegurar “a todas las personas el acceso a los servicios bancarios básicos mediante un cajero automático de proximidad”. Antes de continuar, una acotación: los municipios en riesgo de exclusión financiera son aquellos que “no disponen” de dicho artefacto.

Estos, como mínimo, dispondrán de uno y su servicio será de accesibilidad universal. La implantación se adecuará a la normativa sobre edificación correspondiente, estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrecerá las características técnicas propias de la red de cajeros de la entidad bancaria proveedora. El usuario podrá hacer las operaciones que desee en cualquier de las lenguas oficiales del Estado. Y si se estropeara o tuviera un funcionamiento defectuoso, la compañía se encargará de su arreglo. Asimismo, no podrán repercutir en los usuarios “los gastos que deriven del establecimiento y mantenimiento del cajero”.

En qué municipios

Dice la ley que el radio de aplicación lo marcará la lista de municipios en riesgo de exclusión financiera. Lista que hará el Banco de España en tres meses y que recibirá el ministerio del área económica al que le competa. En dos semanas, la lista estará publicada en el Boletín Oficial del Estado. Los ayuntamientos afectados podrán hacer alegaciones, para lo que dispondrán de un mes. También un mes será el plazo para que los consistorios que finalmente se queden en la lista remitan “una relación de los espacios de titularidad municipal para la instalación de los cajeros automáticos”. Se abre una vía para que, por la concurrencia de una serie de excepciones, puedan habilitarse espacios privados.

Pasados los plazos para la confección definitiva de la lista, las entidades financieras podrán proponer al ministerio competente la instalación de uno o más cajeros en los municipios enumerados, y hasta podrán elegir en qué lugar si el consistorio hubiera delimitado varios. Como puede suceder que más de un banco se postule para un mismo municipio, la ley dará prioridad a que cada cual ponga el suyo “sin perjuicio” de que si así lo acuerdan las entidades sea al final “un cajero automático compartido”. Y como puede ocurrir que haya municipios sin ofertas, la norma, tal y como está ahora escrita, se decanta por la obligatoriedad. La instalación del cajero, tras todos los trámites, debe durar un mes. El coste lo asume la empresa.

Consta la ley de un régimen de sanciones. Serán infracciones graves la desconexión del cajero o la falta de mantenimiento. Asimismo, la regulación, que es una propuesta inicial, cabe recordar, permite la convivencia con los cajeros móviles. Y una novedad: la creación de un “fondo de garantía de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera”, que se nutrirá de las aportaciones de las comunidades autónomas y de las entidades y tendrá por objeto la financiación de las operaciones necesarias para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de tales cajeros.

El debate del Senado

Como se ha dicho, el 11 de mayo, el pleno del Senado debatió esta propuesta y apoyó la toma en consideración, y por tanto, la remisión del texto al Congreso. El senador Cleries fue tajante en contra de lo que llamó el “fenómeno de deshumanización” de los bancos, ya que no tienen en cuenta las necesidades de las personas. Durante la sesión resonaron los ecos y retumbaron las alusiones a la campaña de recogida de firmas para instar a las entidades financieras a ser inclusivos con las personas mayores. No es la única carencia en la que han incurrido los bancos.  

Tal y como detalló el senador de JxCat, el Banco de España ha precisado en uno de sus informes que entre 2008 y 2017 se ha reducido en un 17,6% el número de cajeros. La caída afecta con más dureza a determinados territorios. En ese año que cerraba la horquilla, 2017, según sus datos, “un total de 4.109 municipios del Estado español habían perdido la única oficina bancaria de que disponían”. En Cataluña, añadió, de las 8.148 oficinas bancarias que había en 2008 se ha pasado a 2.570 en 2021. “Actualmente, en Cataluña, hay 494 municipios que representan una población de 291.000 personas sin oficina bancaria, y 160 municipios con una población de aproximadamente 316.000 personas que únicamente tienen una”.

Verbalizó con claridad el objetivo de la propuesta: “que lo que hemos ido hablando hasta hoy lo regulemos por ley de una vez, es decir, que tenga obligado cumplimiento; que no sea por buena voluntad, sino de forma legal”. 

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Muchas formaciones votaron a favor. El PAR, por ejemplo, de Aragón, en donde la realidad de la despoblación es dolorosa. “Más de 400 municipios, de los 731 que hay en la comunidad, no cuentan con ningún cajero automático, lo que representa un 4 % de la población aragonesa”, dijo su senador. Y en Navarra, de los 272 municipios contados, 145 no tienen cajero automático, incidió el representante de UPN en el Senado.

El PP dio su respaldo, aunque con matices. Su senador José Manuel Hernando expresó la estupefacción de su grupo por “la falta de sensibilidad mostrada por la banca en relación con el territorio rural”, pero remarcó sus dudas por la imposición a los bancos de un coste operativo. El PSOE, que también votó a favor, se mostró partidario de fórmulas colaborativas tales como convenios.