La Abogacía cree que un excomisario tergiversa un informe médico para librarse de la Kitchen

La Abogacía del Estado considera que el comisario jubilado Enrique García Castaño, uno de los procesados en el caso del espionaje del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha tergiversado el contenido de un informe médico para tratar de librarse de ser procesado en el caso Kitchen, según consta en un escrito del pasado 13 de julio. En el documento, la jefa de la sección Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, reclama a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantenga a este ex mando policial en la causa, tal y como acordó el magistrado que instruyó el procedimiento, Manuel García Castellón.

El exjefe de la UCAO sufrió hace meses un ictus de carácter grave por el que fue hospitalizado. Y a consecuencia de ello, el tribunal que juzga en la Audiencia Nacional las tres primeras causas contra Villarejo acordó apartarle del juicio por motivo de salud. La representación legal de García Castaño ha reclamado al magistrado, sin éxito, que archive todas las causas en las que permanece investigado.

Y tras este rechazo, el letrado del exjefe de la UCAO ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija la decisión del juez y que le declare inimputable. Una decisión que rechaza la Abogacía del Estado, pues sostiene que la reclamación de García Castaño "no se compadece con lo manifestado en los informes médicos".

No padece una incapacidad

"Resulta evidente por lo expuesto, que el señor García Castaño, ni padece de forma sobrevenida una incapacidad mental ni ha devenido inimputable, por lo que no procede su sobreseimiento por tal razón", destaca Seoane, que reclama a la Sala que mantenga la decisión del magistrado de sentar en el banquillo al exjefe de la UCAO.

"Cosa distinta", prosigue la abogada del Estado, "es que por su situación actual no pueda 'participar' esto es, intervenir de forma activa en una actuación judicial [juicio], como lo ha apreciado la Sala de lo Penal, pero en ningún caso cabe asimilar esta circunstancia puntual, con una pérdida de capacidad e inimputabilidad", concluye la representante de los servicios jurídicos del Estado.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, García Castellón rechazó archivar de forma provisional la acusación contra el comisario jubilado Enrique García Castaño. Tomó esta decisión después de recibir un informe forense de cuyas conclusiones, explicaba el instructor, "no cabe derivar que el solicitante se encuentre en la meritada situación de inimputabilidad, ni se ha aportado ningún otro documento médico que apuntale tal contingencia".

Incapacidad mental

"Dado que el informe forense no corrobora que concurra dicha situación de inimputabilidad ni la pretendida incapacidad mental sobrevenida, no es dable atender a lo peticionado [...]. Por lo tanto, no se ha acreditado la situación de demencia -o situación equivalente o análoga desde el plano psíquico, en orden al normal desarrollo del proceso penal-", concluía García Castellón, que rechazaba el archivo provisional de la causa sobre García Castaño.

En similares términos se expresa ahora Rosa María Seoane, quien recuerda que el informe médico aportado el 1 de julio de 2022 por el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo "no indica que García Castaño padezca ninguna incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia la inimputabilidad del mismo". Solo se limita, prosigue la funcionaria, a señalar que el paciente precisa supervisión médica "y no se encuentra en disposición de participar en procesos judiciales o administrativos”. El documento médico también argumenta que en la actualidad tiene "buen nivel de consciencia…”, prosigue la Abogacía.

García Castaño, conocido en el argot policial con el apodo de 'El Gordo', fue quien captó en 2013 como confidente del clan policial dirigido por el comisario José Manuel Villarejo a Sergio Ríos, quien trabajaba de chófer del extesorero del PP. En su declaración ante el juez este comisario, que en las fechas del espionaje ostentaba el cargo de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), confesó haber allanado sin orden judicial el estudio privado de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, con la intención de robar al matrimonio supuestas pruebas sobre la existencia de una caja B del PP.