El PP pidió a Ribera separar en dos votaciones el impuesto a la banca y el energético para apoyarlo

Los presidentes autonómicos del PP abrieron de par en par el debate fiscal esta semana con nuevas bajadas de impuestos que encontraron una respuesta del Gobierno contundente: el resurgimiento de un impuesto a las grandes fortunas, una reivindicación de Unidas Podemos que hasta el momento no había tenido cabida en ningún Presupuesto. Encima de la mesa sigue la tasa a las energéticas y la banca, medida estrella de Pedro Sánchez, que ya ha empezado su tramitación en el Congreso y ha agitado las posiciones de los dos partidos mayoritarios.

Los populares empezaron el debate interno durante el verano, conscientes de que el curso político arrancaría en el Congreso con esa votación, que finalmente rechazaron. Que el impuesto energético en España grave la facturación y no los beneficios extraordinarios como consecuencia de la inflación, y el hecho de que incluya una tasa también para bancos, inclinaron la balanza al no. Y en la reunión que mantuvieron la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, este jueves, el asunto estuvo encima de la mesa.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, lo que el interlocutor del PP planteó al Gobierno fue que separaran ambas cuestiones en dos votaciones. Como el impuesto se registró a través de una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso (se admitió a trámite y ahora está expuesto a las enmiendas que los grupos parlamentarios puedan pactar), los populares pretenden que el Gobierno ceda y saque de esa proposición el impuesto a la banca, aunque lo registre de manera paralela en otra. 

La idea, tal y como explican fuentes de la cúpula del PP, sería encontrar una forma para que los conservadores puedan apoyar el impuesto a las empresas energéticas después de que el Ejecutivo se haya comprometido a adecuarlo a la fórmula que elija Europa. Al separar los dos impuestos, explican las mismas fuentes, el Gobierno podría exponer a votación la tasa a la banca y recabar el apoyo de sus socios habituales. Y el PP, que es lo que pretende, respaldar al Ejecutivo en el relativo a las energéticas.

Como adelantó este diario, la verdadera línea roja para Alberto Núñez Feijóo es el impuesto a la banca por entender que se trata de una tasa “ideológica” que no tiene el fin de aliviar el bolsillo de los hogares españoles. “Si el objetivo es bajar el precio de la factura, no tiene sentido incluir a la banca. Hacer un impuesto a las compañías financieras no tiene nada que ver con la crisis energética”, insisten en Génova.

Además, se reafirman en que ningún país europeo ha mezclado ambas cuestiones, sino que son impuestos que van por vías diferentes. Y añaden (conscientes de que la propuesta de la presidenta de la Comisión, la conservadora Ursula Von der Leyen, dio munición al Ejecutivo al proponer una tasa a las energéticas): “Tampoco tiene que ver un impuesto que grava las ventas, los ingresos, con otro que grava los beneficios por culpa de la inflación". "No tiene absolutamente nada que ver”, volvía a decir Feijóo este viernes en presencia de José María Aznar en un coloquio que compartieron.

El PP ha hecho muchos esfuerzos por explicar su rechazo rotundo al impuesto español, precisamente por esos dos motivos, en mitad de un debate social sobre quién debe aportar más en un momento de crisis tan severa. El hecho de que al día siguiente de votar en contra de la propuesta del Gobierno en el Congreso, Von der Leyen defendiera un impuesto a las compañías energéticas (Feijóo insiste en llamarlo “tasa solidaria”) tampoco ayudó. En el grupo parlamentario el mayor temor era precisamente que los ciudadanos no entendieran su postura.

El diputado Mario Garcés fue el encargado de defender el no desde la tribuna de la Cámara Baja, pero no fue advertido de lo que haría al día siguiente Europa. Y en la cúpula del PP la realidad es que el debate interno y las dudas se remontaban al mes de agosto, cuando, durante las vacaciones de verano se sucedieron conversaciones a distintos niveles recabando información para decidir la postura final. En el PP entienden que el impuesto, tal y como lo plantea el Ejecutivo, es ilegal. Pero defender un no rotundo cuando Europa camina hacia una tasa era complicado. Y, de hecho, la preocupación en varios sectores del PP pasa ahora por ver cómo el PSOE ha entrado de lleno en los grandes debates económicos, que hasta ahora parecían una bandera exclusiva de los conservadores.

Los populares no se quedan en el plano nacional. Dirigentes de peso dentro del PP consideran que la propia Comisión Europa y todos los Estados deben calibrar bien la figura que elijan para el gravamen porque temen que el aluvión de recursos que podría producirse en España traspase fronteras. Los conservadores ya advirtieron al conocerse la tasa del Gobierno de que la herramienta planteada suponía una “doble imposición” y que las empresas trabajarían para tumbarla. Algunos dirigentes no descartan que eso ocurra en toda Europa.