Tribunales

La Justicia ratifica la imputación de un miembro del “escalón principal” de la trama del caso Acuamed

  • Los magistrados consideran que la investigación sobre la actuación de Manuel Moreno Maestre ha aportado suficientes indicios de que ha podido cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental

La Justicia ratifica la imputación de un miembro del “escalón principal” de la trama del caso Acuamed
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado mantener la imputación del que fuera comercial de la empresa Noksel España S.A, considerado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como uno de los tres integrantes del “escalón principal” de la trama desmantelada con el caso Acuamed, en la que también se sitúa al entonces director general de la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, y al ex alto cargo de la sociedad pública Trasagua Nicolás Steegmann.

Los magistrados rechazan de esta forma la petición de Manuel Moreno Maestre, que quería que se archivara su caso, pues consideran, en consonancia con las pesquisas de la UCO, que la investigación ha aportado suficientes indicios de que este empresario ha podido cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental a través de Acuamed, una sociedad que se encargaba de la construcción de desalinizadoras.

El rol de Manuel Moreno Maestre en esta operativa, relatan los informes de la UCO, consistía en hacer de intermediario entre las dos empresas fabricantes de tubería en España (STS-Noksel) y Arcadio Mateo, "con el que mantenía una relación de amistad". Y para la construcción de la obra, Acuamed impuso que las tuberías tenían que ser compradas a Noksel. Por eso, concluye la Policía Judicial, la intervención del director general de la empresa pública en los contratos estaba motivada "por el beneficio personal que obtiene éste de Noksel a través de Manuel Moreno Maestre".

Una comisión

La operativa se llevó a cabo de la siguiente manera. En primera instancia Moreno Maestre pactó con el representante de la firma STS las ofertas a realizar a los contratistas: "Repartiéndose entre ambos las ventas en el mercado acordando en cada contrato quién será el vendedor para cada uno de ellos, para posteriormente trasladárselo a Arcadio Mateo, para que éste imparta las instrucciones necesarias al contratista sobre a quién debe comprar la tubería", dice la Policía Judicial. No obstante, además del beneficio obtenido como consecuencia del reparto del mercado, Moreno Maestre obtenía una comisión.

En el momento del arresto, Moreno Maestre era cónsul general Honorario de Turquía, aunque carecía de inmunidad diplomática. Fue detenido por la UCO por su presunta intervención en el contrato del sistema de dotación de agua entre el embalse de Cerro Colorado y el Valle del Guadalentín (Región de Murcia), como presunto autor de diferentes pagos en especie, en concreto 14 viajes en avión, a Arcadio Mateo, que se trasladó junto a familiares entre otros destinos a Turquía, Bilbao, Sevilla, Málaga y Gran Canaria, en donde disfrutó de siete noches en distintos hoteles.

A cambio de estas presuntas mordidas, este intermediario obtuvo “comisiones de venta y cuota de mercado" lo que impidió el acceso al mercado de los competidores, según resalta el auto de la Audiencia Nacional. Los magistrados rechazan así las pretensiones de este imputado, a quien se le acusa de lucrarse “a través de ficticias partidas presupuestarias de elevados importes”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Sobre-abono fraudulento"

La UCO considera que los integrantes de la trama generaron un "sobre-abono fraudulento" de elevadas cantidades económicas a sociedades privadas, "así como el cobro de comisiones en especie [...] al imponer la compra de la tubería a determinados fabricantes (Noksel- STS Tubular Group)". La investigación detectó que el primer tramo de la obra, que fue aprobada de emergencia aprovechando que el Gobierno había promovido un decreto de sequía para las cuencas mediterráneas, fue adjudicado a Nicolás Steegmann, otro imputado, que creó una UTE encubierta con la sociedad Avance y Desarrollo de Obras SL.

Los magistrados apuntan también a la posibilidad de que esta "dinámica defraudatoria" detectada en la desalinizadora de la Región de Murcia también pudo haberse producido en otras obras públicas. Como por ejemplo en la compra de tuberías para la planta desaladora del Campo Dalías, Balsas del Cañuelo y La Redonda, en Almería; y en los contratos del tramo seis del Ramal del Cañarico, y de las obras de desglosado del proyecto de construcción de la conducción de distribución de la planta de Águilas para la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras (Región de Murcia).

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